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En medio de una semana agitada por cuenta de los rumores de recambio en el gabinete de Petro, que por ahora solo se han confirmado en Planeación Nacional y Colombia Compra Eficiente, la oposición reforzó sus críticas al presidente, a quien señalan de preferir estar en campaña que concentrarse en su gestión. Hernán Cadavid, una de las caras nuevas del Centro Democrático, habló de la agenda política que en los próximos meses girará en torno al Gobierno y el Congreso.
Representante, estamos cerca de los primeros dos años del Gobierno, pero antes de hablar de la gestión de Petro le pregunto por la oposición, ¿cómo evalúa el trabajo de su sector?
No ha sido sencillo, hemos encontrado una agenda agresiva, no solamente en términos legislativos, sino de apuesta política del Gobierno Nacional. Nuestra tarea trasciende los salones del Congreso, tenemos una labor en las regiones, con los gremios, en las calles y por supuesto en la política, como fue el resultado del 29 de octubre anterior, y también debemos sostener una agenda muy bien argumentada, no de destrucción, sino de construcción de país. En el Congreso tenemos unos desafíos muy grandes, como la salud, las pensiones, la reforma laboral, etcétera, pero creo que nos hemos adaptado bien al reto.
Usted envió una carta al director de la Policía denunciando presuntos actos de inteligencia contra la oposición y haciendo señalamientos al Gobierno, ¿cuál es su preocupación puntual?
El Gobierno ve un síntoma de golpe de Estado en toda expresión legítima de la democracia. Cuando los gobernadores anteriores dijeron libertad y orden, dijo que venía un golpe de Estado; cuando el Consejo de Estado anuló algunas elecciones del Pacto Histórico, habló del “golpe blando”. Ahora hablan de un aparente golpe de Estado y de la desestabilización del gobierno por lo que hacemos desde el Congreso, pero esas no son nuestras formas.
La preocupación es que guardan silencio sobre elementos muy cuestionables como que un informe de inteligencia de la Policía le habría dicho al Gobierno que estaríamos en un plan de desestabilización. Le pregunto al comandante de la Policía, ¿usted está utilizando los instrumentos de la inteligencia para perseguir a la oposición por este tipo de asuntos que suenan ridículos? El general Sanabria o somete la institución a los caprichos y delirios del presidente o preserva la institución para la seguridad de los colombianos. Ese fue el llamado de atención, la verdad con una respuesta muy insatisfactoria.
Pero la oposición, si bien, como usted dice, no tiene un plan para desestabilizar al Gobierno, ¿ha previsto estrategias en su contra con las marchas o las denuncias en diferentes tribunales?
No, esas son expresiones legítimas de la oposición y yo lo quiero decir con total claridad es que una persona que movilizó a miles de ciudadanos, inclusive cuando estábamos en pandemia, que invitaba a que se cerraran los negocios, que creó esa inestabilidad tan grande en el país, porque Petro sin duda alguna era el cerebro detrás de los llamados estallidos, pues muy mal le queda decir que si nosotros queremos salir a la calle es porque se está preparando un golpe de Estado. Creo que el principal factor de inestabilidad del Gobierno es el propio Gobierno.
También mencionó que la oposición ha recibido otros hostigamientos por las denuncias, entiendo que acaba de ratificar una denuncia contra Alfredo Saade en la Fiscalía, ¿qué le manifestó al ente de control?
Uno puede tener libertad de opinión y expresión en una democracia, pero eso no es ilimitado y el señor Saade trinó que a nosotros, como expresión política, nos tenían que eliminar. En un país con un contexto de violencia tan difícil una cosa es lo que uno diga en Bogotá y otra cómo llega ese mensaje a regiones apartadas con radicalismos y violencias, eso configura un delito que se llama hostigamiento. Más que quedarme en el debate en las redes lo que hice fue denunciarlo ante la Fiscalía y lo acabo de ratificar. Este tipo de cosas no pueden pasar a futuro, una cosa es disentir y otra invitar a que eliminen del panorama a una persona o una expresión.
Sabemos que también presentó una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ¿cuáles son las razones?
Guillermo Alfonso Jaramillo fue el gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico. Han surgido elementos muy preocupantes sobre lo que fue la financiación de esas listas del Congreso, como los aportes de unas empresas aéreas cuyo propietario se declaró culpable por narcotráfico en el exterior. Yo pregunto, qué hubiese sucedido si eso es en otra campaña y la oposición son los que hoy gobiernan.
Como ministro de Salud tiene que tener una autoridad legítima y moral para decirle al Congreso que modifique el sistema de salud en este u otro sentido, por eso debería responder cuáles son sus responsabilidades en esas materias, pero nunca lo hizo. Entonces, si no le responde al Congreso esperamos que le responda a la justicia y por eso presentamos, con todo sustento probatorio, la denuncia. Estamos a la espera que se desarrolle libremente la investigación.
En ese sentido, ¿desde la oposición encuentran mérito para que sigan las investigaciones contra la campaña del presidente Gustavo Petro?
El debate hoy es muy amplio sobre la violación de los topes de la campaña presidencial, pero ha pasado desapercibida la campaña del Congreso; son dos momentos, pero un mismo fenómeno. El problema con el señor Jaramillo es que evade cualquier respuesta, no dice sí o no e inclusive congresistas del mismo Pacto Histórico en algún momento le pidieron que conteste, pero no lo hizo y a la vez es el que le dice al país que tenemos que desmontar el sistema de salud. Yo creo que las cosas no cuadran.
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Estábamos hablando de la Fiscalía, ¿qué piensa de la terna del presidente Petro y de los tiempos de elección de la nueva fiscal?
Lo primero es que la institucionalidad, especialmente quien tiene la titularidad de la acción penal, no debería tener presiones. Sobre la terna no tengo ningún elemento contra alguna de las candidatas. Hay que distinguir un tema, una cosa son los tiempos del presidente y otra cosa muy distinta son los tiempos de la Corte. Nosotros en Antioquia tenemos un dicho y es que no por levantarse temprano amanece más rápido. No por haber enviado la terna cinco meses antes se tuvo que haber elegido a la fiscal con anticipación, creo que la Corte Suprema apenas pudo reunirse en su primera sala estos días, determinó su presidencia y va a empezar a deliberar sobre el asunto. Está en términos normales y yo sí creo que hacen muy mal quienes quieren ejercer una presión indebida y casi chantajista en algunos sectores de la opinión pública sobre la elección de la próxima fiscal.
A propósito de la elección, en la Fiscalía hay casos importantes como el de Nicolás Petro o el del expresidente Álvaro Uribe, con quien usted trabajó en su unidad de trabajo legislativo. ¿Qué espera de este cambio en la entidad?
Lo primero que espera uno es no injerencia ni presiones indebidas. Quien está investigando hoy al hijo del presidente no es Francisco Barbosa, él es el fiscal general, pero la investigación la lleva un fiscal de apellido Burgos. Sobre el caso del expresidente Uribe hay que dejar actuar a los fiscales designados. Lo preocupante es que se esté pensando en una nueva Fiscalía para hacer modificaciones de fiscal en cada uno de los casos, eso ya mandaría un mensaje de alerta. Si llega una nueva fiscal y una de sus primeras decisiones es remover al fiscal Burgos que investiga a Nicolás Petro, habría un indicio de interferencia que no deberíamos aceptar. Esperamos que dejen trabajar en libertad a esos fiscales que vienen desarrollando las investigaciones.
Hablemos del Congreso, porque este 16 de febrero regresan los debates de las reformas del Gobierno. ¿Cómo ve el trámite de esos proyectos?
Muy mal llevado, el gobierno ha creado un gran trancón legislativo, ha juntado todos los proyectos y el país está en una gran incertidumbre política. A los empresarios, por ejemplo, lo que más les preocupa no es la tasa de cambio, la tasa de interés o el clima económico, es la incertidumbre política derivada de este manejo de las reformas, porque no saben cuántas obligaciones nuevas tendrán que pagar o qué va a pasar con su sistema de salud.
Yo no sé qué pueda pasar en el Congreso, me duele mucho la relación transaccional del Gobierno con las mayorías; lo que tanto criticaron terminó profundizado, recogen los congresistas y “lentejean”, como dicen por ahí en el argot político, para ganar los votos.
¿Ha sido testigo de esas prácticas?
Yo mismo denuncié públicamente la presencia del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, que estaba metido en el Congreso cada que se votaba un artículo, fungiendo como un ministro del Interior, garantizando los votos. Yo le pregunté si de eso se trata su cargo, no volvió a aparecer por allá, pero uno sabe cómo han incorporado cuotas de sectores y partidos políticos. Nosotros hemos demandado normas creadas para beneficiar a ciertos grupos políticos, como la llamada Invir, ese instituto para las vías rurales que seguramente se lo entregaron a un sector político.
También denunció que el Gobierno ha reducido los requisitos para contratar funcionarios públicos en entidades claves, ¿qué es lo que está pasando?
El Invir nos deja una preocupación y es que en un artículo el presidente tumba la Ley 80; es decir, dijo que por ser para asociaciones, cabildos indígenas y juntas de acción comunal, no se necesitan procesos de selección, pero eso es un gran problema. Sí creemos que hay que contratar con las juntas, pero no abrir un boquete a la corrupción y a las malas obras.
También tenemos la preocupación porque optaron por la reducción de requisitos para incorporar personal en cargos de máxima responsabilidad, como la junta de Ecopetrol o el Invima, que ha tenido cuatro o cinco directores en encargo. Eso genera muchas afectaciones, por ejemplo, una clínica en Medellín nos dijo que son los mejores en intervenciones cardiovasculares, pero el Invima no les ha autorizado la incorporación de una aguja específica para hacer cirugías de corazón. De esa dimensión son los daños.
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Sobre ese tema usted anunció un proyecto de ley para regular los nombramientos, ¿de qué se trata?
No es fácil, porque pareciera una facultad discrecional del Gobierno hacer esas reducciones de requisitos. Lo que vamos a presentarle al Congreso es que debe mediar un concepto previo del departamento de la Función Pública, la Procuraduría General y en algunos casos de la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para evaluar si esa reducción es viable o no, para que no se haga de forma caprichosa.
Este 16 de febrero vuelven las sesiones ordinarias al Congreso, pero pareciera que hay muchos proyectos de iniciativa congresional que no avanzan, porque hay muchos temas y reformas con prioridad. ¿Cuál es el panorama?
Es muy difícil porque el Gobierno se apropió de la agenda del Congreso, las demás agendas están frenadas. Nosotros denunciamos con cifras precisas, en la Cámara de Representantes, que más de 95 proyectos no se habían tramitado al terminar el 2023 porque todos los días eran de la reforma a la salud. Esperamos sacar adelante otras propuestas, necesitamos más autonomía del Congreso porque hoy el Gobierno es el que marca los tiempos.
A la oposición la han cuestionado por desarmar el quórum para no votar las reformas. ¿Por qué usaron esa estrategia y qué papel jugará este año?
Los llamados a conformar mayorías no somos la oposición, sino el Gobierno. La Corte Constitucional zanjó ese debate y dijo que las minorías políticas no faltan a su deber al desarmar el quórum, la única regla es que si estamos dentro del recinto tenemos que votar. Si vemos que de nosotros depende que avance o no una reforma con la que no estamos de acuerdo, evidentemente podemos salir. Obvio que el Gobierno nos critica, pero nosotros preguntamos dónde están los de ellos, que son los que tendrían que estar aprobando, pero no van, viven viajando. No es responsabilidad de nosotros cuidarles a su gente.
Tal vez es muy prematuro, pero Álvaro Uribe ya habló de 2026 y dijo que ya tiene un “tigre” y unas “tigresas”, ¿cómo ve esa carrera?
Prematuro no es, porque necesitamos alistar todos los escenarios para salir de un mal gobierno y eso implica organización. Hay unos compañeros del Congreso que quieren ser precandidatos, por supuesto hay que respetarlos y acompañarlos en esos procesos, pero lo que hay que pensar es que no se trata solamente de tener candidato, sino de ganar la Presidencia y eso implicará no ir al todo por el todo, sino por un gobierno que nos permita reincorporarnos para ejercer bien, para corregir lo que creemos va mal.
De igual forma, el presidente Petro también habló de una estrategia para darle continuidad a su proyecto después de 2026.
Eso sí me llama mucho la atención porque lo acabamos de decir, lleva año y medio sin director de Invima, ha hecho 67 cambios en 27 viceministerios, no ha podido estabilizar el gabinete y ya está pensando en la campaña presidencial. Le diría, con todo respeto, gobierne y concéntrese que todavía le quedan unos años, yo siento que él se siente cómodo de candidato y no de presidente.
¿Entonces cree que hay una posibilidad grande de que en 2026 llegue un gobierno de centro, centro derecha o derecha?
Es probable, por lo menos llegará algo distinto a lo que hoy existe, yo siento que las elecciones del 29 de octubre fueron la primera vuelta presidencial del 2026. El mensaje fue muy contundente, no más de dos aliados del gobierno ganaron algún poder local, las ciudades principales e intermedias se alejaron del pensamiento del gobierno actual.
Ahora que menciona a los gobiernos locales, en Antioquia ganaron líderes muy afines al Centro Democrático, Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez. ¿Qué piensa de esa dupla, les hará control político?
Nuestra responsabilidad es que les vaya excelente y eso implica poder decirles las cosas cuando veamos errores. Me parece magnífico que hayan llegado ellos porque por fin se vuelve a conversar de temas de la región, como la negación del Gobierno a la finalización de obras de vías, el Metro de Medellín, Hidroituango o el Tren del Río.
Lo importante es la recuperación de Medellín porque Quintero fue como un tsunami de destrucción, socavó todas las instituciones, saquearon la ciudad y esa recuperación no se logra en meses. Lo de Quintero hay que seguir denunciándolo, porque él terminó la administración, pero los hechos que se constituyeron, en nuestra opinión, son delitos.
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Acaban de llegar los nuevos gobiernos locales, ¿cómo ve la relación de esos alcaldes y gobernadores con el gobierno Petro?
Es problemático porque este es un país muy centralista y, además, preocupa mucho la conducta del presidente, en mi opinión inmadura, de segmentar entre los que son sus aliados y los que no. Primero hizo una reunión con los que se identifican con su proyecto y luego le dio tratamiento de segunda o tercera a alcaldes y gobernadores que no compaginan ideológicamente con él, pero son mandatarios y eso lo tiene que entender un presidente.
Pensamos que el presidente está jugando a seguir haciendo política, está jugando a decir que, por ejemplo, las 4G son vías para que viajen los “riquitos”, entonces nos preocupa ese tipo de relacionamiento. Me preocupa mucho escuchar al alcalde de Bucaramanga decir que no conoce al presidente, a otro alcalde decir que no lo han llamado, no creo que sean conductas que le sirvan a alguien que buscó la Presidencia por mucho tiempo para ayudar a las regiones.
Precisamente, desde Antioquia, el gobernador propuso modificar la ley para darle más descentralización a las regiones; sin embargo, en el Congreso señalaron que no sería el camino correcto. ¿Cuál es su postura?
Hay que encontrar una fórmula que fortalezca regiones, pero que no afecte a otras. Claro que hay que buscar mayor descentralización, no solamente en términos de recursos. Pongamos un ejemplo, Antioquia venía adelantando una tarea juiciosa en términos de gestión minera y el gobierno, después de 21 años, se llevó esa competencia, la centralizó. Personas en las regiones mineras de Antioquia que antes solamente acudían a la Gobernación a adelantar un trámite, ahora tienen que pensar en viajar a Bogotá.
Creo que hay formas de encontrar mayor autonomía fiscal, puede ser aumentar el monto de las transferencias a las regiones, pero también delegar las competencias administrativas. Se pueden ir encontrando consensos con las demás regiones, no solamente Antioquia, la región Caribe ha alegado mucho por su autonomía y lo mismo la región andina.
Cerremos con un mensaje sobre lo que viene para la oposición a partir de este 16 de febrero.
Vamos a estar no solamente en los salones del Congreso, también nos vamos a ver en las calles porque esto necesita una combinación de conversación con la ciudadanía, los estudiantes, los trabajadores, con las expresiones legítimas del país, pero también por supuesto no abandonar el rigor legislativo. Combinar esos dos elementos va a ser nuestra tarea este 2024 y ahí nos estaremos viendo permanentemente.
Eso quiere decir que la oposición piensa salir a las calles…
Claro, para hacer un reclamo legítimo. Cada vez encontramos sectores que eran más escépticos, por ejemplo médicos que decían yo no salgo a marchar y ahora nos preguntan a dónde ir porque sienten riesgos. Y como ya lo dije, muy mal le queda a quien promovió en algunos casos el vandalismo y la violencia, decirnos ahora que una expresión legítima y serena es desestabilizar al país; es todo lo contrario, queremos reconstruir este país.
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Por Laura Duarte Sandoval
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