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El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa un tema recurrente en la política nacional: la creación de un nuevo departamento que agrupe a la veintena de municipios del Magdalena Medio. Se trata de una discusión que, además de no ser nueva, tiene en el trasfondo la autonomía territorial, un debate hoy impulsado por la cirugía constitucional que significó la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP).
No es la primera vez que se habla de que haya nuevas divisiones territoriales en Colombia. De hecho, tampoco es la primera vez que pasa en el cuatrienio de Petro. El año pasado, sin éxito, se presentaron dos proyectos de actos legislativos para crear nuevas entidades departamentales, una denominada como Sur Caribe y otra como Litoral Pacífico.
Y en agosto de 2022, cuando apenas ajustaba 20 días como inquilino de la Casa de Nariño, el presidente se refirió a la creación del departamento Magdalena Medio o del Río, el mismo que reveló las tensiones sin superar que hay, en la actualidad, entre el jefe de Estado y varios gobernadores. La propuesta llega de nuevo, además, cuando el mandatario busca convocar a las personas a las calles, como pasará este próximo 8 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer.
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Todo surgió tras un consejo de seguridad en el que estuvieron los gobernadores de Santander, Juvenal Díaz; de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y de Bolívar, Yamil Arana, así como con delegados de Cesar y Boyacá. La reunión fue por el aumento de la violencia en la región, acelerado por la baja de alias “Terror”, el narcoparamilitar del Clan del Golfo con influencia en esa región.
En ese encuentro, Díaz planteó, con el respaldo de Rendón y Arana, que se creara una Región Administrativa de Planeación (RAP) del Magdalena Medio, para que los departamentos con municipios en esa subregión puedan aportar recursos de manera conjunta. Además, invitaron al presidente Petro a un encuentro para discutir el tema.
Sin embargo, el jefe de Estado, recordando su propuesta de hace ya más de dos años, fue un paso más allá. “Le pediría a los gobernadores que no gobiernan el Magdalena Medio desde sus alturas andinas, que ayuden a configurar el nuevo departamento del Magdalena Medio, para que pueda ser gobernado desde su propio pueblo”, les respondió en X.
La propuesta no cayó bien entre los gobernadores. Los tres manifestaron su desacuerdo e, incluso, políticos de esos departamentos se han referido al tema, insistiendo en su rechazo al mismo.
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El gobernador Andrés Julián Rendón, quien no ha ocultado en distintos escenarios su oposición a Petro y que también ha impulsado el referendo de autonomía territorial, calificó de “globo” la idea de un nuevo departamento. Por su parte, Díaz defendió la idea de una RAP, asegurando que esta buscaría “unir”, mientras que la respuesta de Petro generaría “división”.
No obstante, este lunes insistió en el tema, asegurando que la decisión depende de los habitantes de la región, dejando sobre la mesa la posibilidad de que se realice una consulta popular al respecto. Se trata de un llamado directo a las personas, particularmente a sus simpatizantes, en una reiteración de su propósito porque las calles influyan en las decisiones en las que otras ramas tengan que ver y que poco le caminan a las propuestas del presidente –como el Congreso en este caso, al tener que aprobar un acto legislativo que permita la creación de otra entidad territorial–.
Quien debe estar de acuerdo o no con la creación del departamento del Magdalena medio, o departamento del Río, es la población que habita el Magdalena Medio. https://t.co/0KFlMdZ5G1
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 3, 2025
Esta, como se dijo, no es la primera vez que se plantea la posibilidad. Solo el año pasado, al Congreso llegaron dos proyectos de acto legislativo que, en otras regiones del país, plantearon la posibilidad de nuevos departamentos. Se trató de movidas que, sin éxito porque ya fueron archivadas, quisieron plantearle al Legislativo la creación de Surcaribe y del Litoral Pacífico.
El del Litoral Pacífico se propuso para que tuviera 14 municipios de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con Buenaventura como su capital: Guapi, López de Micay, Timbiquí, Tumaco, Santa Bárbara de Iscuandé, el Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas.
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En cuanto al Surcaribe, se planteaba la conformación de una nueva entidad territorial con 28 municipios de Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander, con Aguachica como su capital.
“Desde su creación hasta la actualidad, los municipios de la costa Pacífica tienen los peores indicadores de calidad de vida en la historia de esos departamentos. El propósito es tener mayor participación nacional y regional para darle el rumbo a una población y a unas inversiones programadas para lograr mejores indicadores sociales”, dijo Gerson Montaño, representante a la Cámara por una de las curules de paz, a El Espectador cuando presentó el proyecto de acto legislativo para crear Litoral Pacífico.
Las propuestas, como pasa ahora con el hipotético departamento de Magdalena Medio, no contaron con respaldo político ni en sus regiones, ni en el Capitolio donde fueron archivadas sin siquiera discutirse en primer debate.
Un concepto de la Federación Nacional de Departamentos (FND) mostró los retos que había, no solo para Litoral Pacífico, sino en general para cualquier entidad de este corte.
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El Litoral Pacífico, señaló la FND en el documento que envió a la Cámara, “representa un desafío de gran envergadura en términos de capacidad institucional y estructura administrativa y en términos de inversión de infraestructura, pues su creación requiere de recursos que permitan crear una estructura administrativa del sector central compuesta por órganos como la asamblea departamental, la gobernación y las secretarías adscritas”.
En años pasados, además, se ha hablado de la posibilidad de otras subregiones del país que buscan mayor autonomía. Es el caso de Catatumbo, hoy subregión de Norte de Santander y donde se desató la crisis de seguridad más reciente en el Gobierno Petro, Incluso, la idea de Magdalena Medio como departamento viene desde 2009, cuando se impulsó una consulta popular, sin éxito, para que se creara el departamento 33.
También ha pasado con los municipios de Norte de Cauca: Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Toribío, Jambaló, Caldono, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené, Suárez y Buenos Aires. Desde mediados del siglo pasado, movimientos políticos han propuesto que los 13 territorios conformen un nuevo departamento. Una propuesta que varios grupos retomaron en 2022, pero que no han podido avanzar. Otras zonas del país donde se ha planteado la discusión son Yari –entre Meta, Caquetá y Casanare– y Urabá –con municipios ubicados entre Antioquia y Chocó–.
No se trata de una discusión con meros fines de identidad territorial. También, entra en la conversación el hecho de que, quienes promueven esta idea, defienden que tendrían mayor autonomía fiscal y política para la toma de decisiones. Sobre todo, cuando, en los próximos 14 años, aumentarán los recursos que reciben los departamentos vía el Sistema General de Participaciones, pasando de 24 % del presupuesto nacional a 39,5 %, gracias a la recién aprobada reforma al SGP y que está a la espera de la ley de competencias, que se presentaría este año y definiría el destino de esos recursos.
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Sin embargo, por más que se haya promovido, no es una discusión sencilla. No se trata solo de los requisitos para crearlos –como la necesidad de un acto legislativo y que se realice una consulta popular–, sino también, los pocos precedentes que hay. Los últimos creados fueron Arauca, Casanare, Putumayo, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, pasando de intendencias y comisarías a departamentos con el artículo 309 de la Constitución de 1991. Y, diez años antes, Caquetá pasó de intendencia a departamento con la Ley 78 de diciembre de 1981.
Así, el presidente Gustavo Petro, con Magdalena Medio, planteó una discusión que no es nueva. Sin embargo, se trata de un debate en el que los intereses políticos tendrán un peso que evitarían que se materialicen en un hecho.
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