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El presidente Gustavo Petro dio una orden con la que espera fortalecer la relación con sus bases ahora que se acerca a la recta final de su mandato. En el consejo de ministros de este lunes le dio una orden perentoria al ministro del Interior, Armando Benedetti: que los proyectos de ley, antes que formularse con técnicos o de discutirse en los salones del Congreso, se deben acordar con las comunidades a las que impacten y con las bases del petrismo y del movimiento social.
Lo dijo puntualmente hablando del proyecto de ley de competencias, que definirá cómo se aplicará la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la reforma más profunda al Estado, con la que se pretende cambiar la forma en la que las regiones reciben ingresos. Sin embargo, la orden de Petro busca ir más allá. Su propósito es que los grandes proyectos que se vayan a presentar en el Capitolio durante los próximos 14 meses se concreten así.
Se trata de una forma de la Casa de Nariño de darle legitimidad a sus propuestas legislativas, en un momento en el que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo pasa por uno de los valles más complejos, luego de que la Comisión Séptima hundiera la reforma a la laboral y dejara en vilo la de salud, lo que llevó a Petro a convocar una consulta popular.
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En ese sentido, también serviría como una forma de “presión”. Ante las negativas del Congreso, el Gobierno espera tener como carta el apoyo popular para que sus proyectos avancen. Y, adicionalmente, no se descarta que la realización y formulación de leyes salte a proyectos de alto impacto con proyectos de ejecutoría de política pública.
De hecho y como lo confirmaron varios legisladores del Pacto Histórico, esa orden de pasar las propuestas primero por el diálogo social, en una suerte de “consulta previa” generalizada, resultaría en un gana gana. Así como las comunidades, y particularmente las bases petristas, podrían ver de manera más clara sus intereses representados, al progresismo le serviría para articular los comités del Sí para la consulta popular y aceitar el camino de cara a las elecciones de 2026.
#NoticiasDelCambio| Presidente @petrogustavo ordena al @MinInterior que ley de competencias se construya con las fuerzas sociales del país y no solo con técnicos.https://t.co/bgCU9zN8ec
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 1, 2025
“La ley, de esto, tiene que ser hecha, no solo por técnicos que no son tan técnicos, sino que tiene que ser hecho con fuerzas sociales”, le dijo el jefe de Estado a Benedetti durante la reunión en la Casa de Nariño.
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Y agregó: “Nosotros tenemos que gobernar con los movimientos sociales, los indígenas, las negritudes, las juventudes en sus formas de acción comunal, las juntas de acción comunal, etcétera. Sentarlos, es mucha gente y es más difícil, pero sale un proyecto mejor y eso se presenta al Congreso”.
Cuando El Espectador solicitó más información al Ministerio del Interior dijeron que se está trabajando en la articulación de la propuesta. También, que, al ser un asunto político, sería del resorte directo del ministro Benedetti y del viceministro general, Jame Berdugo.
Además, dentro del progresismo aún no hay absoluta claridad de cómo se aplicará la propuesta del presidente. Congresistas que prefirieron hablar bajo la condición de anonimato para no entorpecer la relación con la Casa de Nariño, aseguraron que aún no ha habido una indicación directa frente al tema. De hecho, una senadora dijo, al entrar a la plenaria del Senado, que previamente se había reunido con ministros y que el tema no se había tocado. Incluso, que aunque ha mejorado la interlocución desde la llegada de Benedetti y la salida de la hoy canciller Laura Sarabia del DAPRE, aún sigue sin haber un diálogo fluido con los jefes de varias carteras.
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No obstante, otras voces también aceptaron que no es una idea desconocida para su forma de trabajo. La senadora Esmeralda Hernández aseguró que “no es un mandato nuevo. Es un lineamiento que el presidente Petro nos ha dado incluso desde épocas de campaña. Y creo que la mayoría de proyectos presentados por el Gobierno, pero también de iniciativas de congresistas del Pacto Histórico tienen esa naturaleza”. Como ejemplo mencionó el proyecto que busca prohibir el fracking y la explotación y exploración de yacimientos no convencionales -del que es autora-:
“Viene de la gente. Los proyectos que presentamos tienen una naturaleza popular de construcción de base, de la calle, de la gente. Continuaremos con ese mandato popular”.
Además, no se trata de una nueva forma de Petro de pensar su organización. El partido Colombia Humana, que consiguió su aval luego de las elecciones de 2022, funciona con nodos territoriales, que busca que las bases tengan peso en las decisiones internas de la colectividad. Esas mismas bases son las que se sentarían en los procesos de concertación de proyectos de ley que busque presentar el Gobierno, sobre todo, para aquellos que tengan impactos regionales.
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“Nosotros hemos tenido una forma organizativa muy territorializada. Funcionamos más por subregiones y por territorios. Es un trabajo que hemos hecho desde el partido”, detalló la senadora Isabel Zuleta, quien cuenta con el aval de la Colombia Humana.
En todo caso, no es la primera vez que el presidente se mueve con ese norte. Se trataría de una reedición del constituyente, que hizo parte de varios de sus discursos en 2024, pero con otro nombre. O de propuestas como la de decir que en Chocó se debería realizar una consulta popular para aprobar el tren interoceánico o que se instalaran “asambleas constituyentes” en las universidades públicas de todo el país.
Sin embargo, desde la oposición ven con reparos y como una forma del presidente Petro de evadir las discusiones más duras en el Congreso. Así lo manifestó el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), quien aseguró que “aunque es valioso mantener un diálogo con la ciudadanía, también es evidente que los proyectos de ley hay que discutirlos en el Congreso, y en ese orden de ideas el gobierno se equivoca, pensando que los va a imponer a la fuerza. Es en el Congreso, con argumentos, llegando a acuerdos que le convengan al país donde salen las leyes”.
En todo caso, esta nueva orden muestra que el presidente Petro se la jugará, en su recta final, por buscar fortalecer sus bases. Su propósito será impulsar proyectos de ley que luego pueda presentar como victorias, pero también, allanar el trabajo que pretende hacer en 2026 para que su proyecto político se mantenga en el poder.
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