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En la madrugada de este lunes, cuando el reloj indique que ya pasó la media noche y comienza así el 2024, el presidente Gustavo Petro inicia el día número 512 de la primera administración de izquierda en Colombia. Y si bien son varias las prioridades que tiene en lo que sigue de su mandato, como potenciar una rezagada ejecución en casi todos los frentes de su Gobierno, hay expectativa por una decisión que –en principio– debería darse en las primeras dos semanas de este nuevo año bisiesto.
Se trata del ajuste al gabinete ministerial que se frenó en agosto pasado tras la captura –hoy en libertad condicional– del primogénito del mandatario, Nicolás Petro, acusado de enriquecimiento ilícito por presuntamente desviar dinero de procedencia dudosa que iba para la campaña presidencial de su padre y terminó en sus arcas personales. Desde ese momento se tenían previstos movimientos en carteras como la Cancillería (Álvaro Leyva), los ministerios del Interior (Luis Fernando Velasco), Defensa (Iván Velásquez), Justicia (Néstor Osuna), Agricultura (Jenifer Mujica), Vivienda (Catalina Velasco) y –entre otras entidades– en el corazón mismo de la Casa de Nariño.
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Ahora, tras el repaso que durante cuatro días les hizo a la gestión de todos sus ministros en la tercera semana de diciembre, quedó claro que si quiere consolidar el 2024 como el año de la ejecución deben darse esos movimientos. Él mismo lo planteó y, por lo tanto, no se descarta que en el gabinete aterricen personas como los embajadores Luis Gilberto Murillo (Estados Unidos) y Roy Barreras (Inglaterra), así como el polémico exsenador y exdiplomático Armando Benedetti. La duda está en qué tanto querrá Petro abrirse a voces diversas, como cuando inició su mandato, o si preferirá seguir rodeándose del grupo más ideológico que lo acompaña desde hace décadas.
Este ajuste ministerial toca directamente con otro asunto que será noticia durante este nuevo bisiesto: la relación del presidente Petro con el Congreso, un escenario que le ha dejado resultados agridulces durante estos 512 días de mandato. De quien asuma la cartera del Interior, si al final se confirma la salida de Velasco pese a que tiene congresistas que lo respaldan y piden su permanencia, dependerá que –desde febrero próximo que se retoma la actividad legislativa– se construyan mayorías que permitan impulsar unas reformas estancadas y que le han generado polémica al autodenominado gobierno del cambio.
Los partidos mayoritarios –Conservador, La U, Cambio Radical y Centro Democrático–, que juntos suman 121 curules entre Cámara y Senado, se vienen alejando de las propuestas del petrismo (los dos últimos son oposición dura) y, pese a que individualmente les han ‘pescado’ algunos votos para las reformas, el grueso de sus bancadas no ve con buenos ojos las cirugías a los sistemas de salud, pensional y laboral. En lo que sí parecen coincidir es en al apoyo a los ajustes a la educación, que avanzó sin mayores contratiempos.
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Además, en la Cámara está de presidente un aliado, el liberal Andrés Calle, pero dos de las reformas que se le volvieron punto de honor a Petro –la de salud y la pensional– deben ser debatidas este año en el Senado, donde su presidente, Iván Name (Alianza Verde), está más inclinado hacia la oposición y ha advertido que no propiciará victorias inanes para el Ejecutivo. A esto hay que sumarle que a mitad de año esas dignidades cambian y se perfilan el Partido Conservador y Alianza Verde para liderarlas, pero con un tono de mayor distancia con la Casa de Nariño.
Pero ahí no para el asunto. Este año, en materia política, partidos como el Liberal, Conservador, Alianza Verde y La U tienen previstas sus convenciones para definir quiénes asumirán su liderato, por lo que dependiendo de quiénes queden en sus jefaturas se sabrá el tipo de relación que tengan con la Casa de Nariño. Incluso, si alguno más quiere dejar formalmente lo que queda de la coalición petrista, este 2024 también se le vence el plazo.
Con base en ese tipo de relacionamiento político, que Petro ha querido potenciar a través de un acuerdo nacional que aún no termina de cuajar, aunque tiene puntos importantes como la alianza entre el Estado y privados para invertir en La Guajira o la comisión que analizará la reforma a la justicia y en la que llegaron férreos opositores como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (Cambio Radical), surge otra arista con los mandatarios que desde este 1° de enero asumen formalmente el poder regional y que, al menos en capitales clave, son de líneas opuestas a las del mandatario.
Petro se reunió por grupos con varios de ellos, priorizando a quienes les son más afines, como los gobernadores electos de Magdalena (Rafael Martínez) o Chocó (Nubia Córdoba) –entre otros–, y dejando relegados a mandatarios como el de Antioquia (Andrés Julián Rendón) o Santander (Juvenal Díaz). La relación no comenzó fácil con los jefes regionales entrantes, pero la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, la consejera de Regiones, Sandra Ortiz, el director del Dapre, Carlos Ramón González, y el ministro Velasco comenzaron a tender puentes. Hay expectativa en torno a cómo avanzará este proceso.
Y, como si fuera poco, en este 2024 también se debe definir si el progresismo que llevó a Petro a la Presidencia podrá unirse o se mantendrá fragmentado como en las elecciones regionales de octubre pasado, lo que llevó a que varios de sus candidatos fueran fácilmente derrotados; el ejemplo más claro fue el de Gustavo Bolívar en Bogotá.
Algunas voces, como la de la senadora María José Pizarro, vienen impulsado que los 13 movimientos de izquierda reconocida que tienen vigencia se unan en torno al Pacto Histórico, pero el ambiente para una gran coalición de este tipo no es el más propicio, pues ahí también hay intereses particulares que varios buscan defender. El caso de Roy Barreras, jefe de Fuerza de la Paz, es uno de ellos.
Este no es un tema menor, porque dependiendo de lo que se logre en materia de unión electoral se sabrá con qué fuerza el progresismo puede enfrentar un 2025 que se vuelve la antesala de las elecciones presidenciales y de Congreso del siguiente año. Y Petro quiere que en la Casa de Nariño lo suceda alguien afín a su tendencia y que en el Capitolio se logre una mayoría que le evite la negociación burocrática con fuerzas tradicionales. La oposición está en una tarea similar y hasta el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) se montó en la carrera.
Para rematar –sin olvidar otros asuntos de administración pública que pasan por decisiones políticas–, para este bisiesto hay expectativa frente a la paz total, que no despega del todo y se mantiene en una fase de anuncios, como el cese al fuego con el ELN y las disidencias de Iván Mordisco, varias veces violentado, o el fin del secuestro que se condicionó a última hora a que la guerrilla reciba recursos.
Esto sin contar que hay siete mesas de diálogos con narcobandas urbanas que, más allá de los pactos de no agresión entre ellas, no han dado un paso concreto hacia el desmonte de las organizaciones criminales. Este 2024 se sabrá si la apuesta tiene futuro o será otro intento más que no cuajó.
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Ahora bien, no se pueden obviar asuntos como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad urbana y rural y, entre otros ítems, la relación con Estados Unidos por el proceso electoral que se vivirá en noviembre próximo en ese país y que podría marcar un giro en el mando de la Casa Blanca.
De todo esto están pendientes Petro y el país político, porque este 2024 puede ser, con matices, el año de las consolidaciones o de las frustraciones definitivas; en todo caso, la política nunca deja de ser dinámica.
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