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El gobierno de Gustavo Petro pisó el acelerador para la agenda agraria y lo hizo, de una vez, en clave electoral. En apenas una semana, su gabinete alineó colectividades de todo el espectro político para radicar, de manera conjunta, la ponencia positiva sobre la jurisdicción agraria y así empujar el debate en los próximos días; y el presidente, quien rara vez asiste al Congreso y protagoniza choques constantes con los miembros del Legislativo, asistió este viernes a la instalación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, una instancia que abre un canal de diálogo directo entre el campesinado y el Ejecutivo para articular políticas públicas relacionadas con los 10 millones de personas reconocidas como integrantes de este sector.
Y fue precisamente este último escenario –donde siendo fiel a los discursos con carga proselitista que lleva al menos tres semanas pronunciando en varios escenarios– el que revisitó de política y en el cual usó la fuerza que le quiere dar a los asuntos agrarios para pedir de nuevo que se rodee al progresismo y se le permita mantener la Casa de Nariño más allá de 2026. “Nosotros sí queremos seguir, pero yo no como presidente, sino el pueblo en el poder”, fue uno de sus mensajes.
Esta escena se registró en el Salón Elíptico del Congreso, en frente de los delegados campesinos. Ante a ellos, en las sillas de la mesa directiva, se sentaron varios de los pesos pesados del gabinete: Juan David Correa (Cultura), Gloria Ramírez (Trabajo), Martha Carvajalino (Agricultura) y Alexander López Maya (director del DNP). Dos horas antes de que el presidente llegara al recinto –tras liderar un consejo de ministros–, el jefe de la cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, tomó la palabra para instalar esa comisión. El mecanismo, establecido por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su artículo 358, busca garantizar el cumplimiento del derecho a la igualdad para una población históricamente marginada.
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Cristo destacó que su cartera ya ha destinado los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Comisión en 2025. La instancia, que reúne a 39 organizaciones campesinas delegadas, será clave para articular con el gobierno los debates sobre la reforma rural integral, primer punto del Acuerdo de Paz con las FARC, cuyo octavo aniversario se conmemoró esta semana.
Como rescató el ministro del Interior, este jueves 21 de noviembre también se presentó la ponencia de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria en las Comisiones Primeras Conjuntas del Capitolio para que el primer y segundo debate puedan tener lugar la próxima semana. El articulado, que lleva mensaje de urgencia, cuenta con firmas de congresistas de Comunes, liberales, conservadores, de Cambio Radical, Alianza Verde, Centro Democrático y del Pacto Histórico que se estuvieron reuniendo los últimos cuatro días con Cristo y Carvajalino para concertar puntos clave y presentar una propuesta unificada que, en teoría, cuente con los votos asegurados para superar los debates. Y todo intentando alejar el fantasma de la expropiación exprés que ha rondado a esa iniciativa y que la Corte Constitucional ya tumbó del PND.
A la discusión legislativa se suma un borrador de decreto del Ministerio de Agricultura, revelado por esta semana por El Espectador, que busca dinamizar la compra directa de terrenos a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que dirige Felipe Harman. La iniciativa propone reducir los tiempos en las negociaciones y ajustar los criterios para los avalúos de los predios, entre otras medidas, como parte de la meta presidencial de adquirir 3 millones de hectáreas para combatir la inequidad rural. El gobierno Petro ha gestionado casi 354.000 hectáreas destinadas al Fondo de Tierras y ha puesto a disposición 1,44 millones de hectáreas más mediante otros mecanismos.
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De hecho, este viernes, el presidente Petro se dirigió al Cesar para entregar 7.500 hectáreas de tierra en el municipio de Chimichagua a 147 familias. En el evento, criticó duramente las manifestaciones que la oposición convocó para este sábado 23 de noviembre. “Mañana (sábado) marcharán los victimarios, los que quieren que las injusticias sigan manteniéndose”, precisó Petro. Además, aseguró que, según su perspectiva, quienes marchan buscan perpetuar condiciones que condenan a “las hijas de los campesinos [a terminar] en los burdeles de la gran ciudad”.
Fue la segunda vez en el día que el presidente arremetió contra sus opositores en el marco de un evento campesino. En el Capitolio, salió a apoyar a su hijo mayor, Nicolás Petro, investigado por presunto lavado de activos y uso de dineros irregulares durante la campaña de 2022 y lo hizo haciendo referencia a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, absuelto hace poco de cargos por presunto respaldo al paramilitarismo. “El hermano de un expresidente ha sido declarado inocente, […] un juez los declara inocentes, porque se asusta ante el terror y el dinero […]. Eso no pasará con mi propio hijo”, advirtió Petro.
En el recinto, el primer mandatario resaltó algunos de los avances que ha tenido su Gobierno en materia de asuntos rurales, entre ellos, el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección. Eso sí, para reforzar el mensaje electoral en sus palabras, el presidente aprovechó el espacio para llamar una vez más a los sectores campesinos a la calle para defender su administración. “Los invito a que se organicen, porque los quieren sacar de este Gobierno”, añadió el jefe de Estado, quien enfatizó que esa organización a la que llama “no es porque me quiera reelegir, sino porque no quieren que sigan las reformas, se vuelvan realidad y se profundicen”.
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Las movidas en materia rural, con el constante llamado a las calles que viene realizando Petro en la última semana, buscan también que a nivel regional se cohesionen círculos de respaldo a su administración que estén enfocados en potenciar su carrera por la reelección del progresismo en el 2026. No en vano, en su intervención ante la nueva instancia campesina, le lanzó dardos al Partido Liberal recordando que el narcotraficante Pablo Escobar militó en esa colectividad, pero esquivó mencionar que fue en la administración de César Gaviria (1990-1994) que se dio de baja al capo del cartel de Medellín. Y no paró ahí, sino que aseguró que si la gente en las regiones no se mueve en favor de su proyecto, como constantemente lo pide, lo que llama la “clase política tradicional” puede regresar al poder y dejarlos a ellos excluidos.
El Partido Liberal no tardó en emitir un comunicado de dos páginas en respuesta al primer mandatario, en el que aseguró que fue “la primera colectividad en enfrentarse a Escobar”. El expresidente Gaviria le dijo directamente a Petro: “Acusar a sus opositores de aliados de criminales para ganar likes en redes sociales no solo es una calumnia grave, sino que desvirtúa la lucha contra el narcotráfico”.
El jefe de Estado remató con un mensaje en clave de comicios para los sectores que se le oponen: “No les vamos a hacer nada, pero quítense de aquí porque el poder es del pueblo”. En todo caso, la oposición espera responderle este 23 de noviembre con marchas en contra de su administración, por lo que los efectos de estas movidas en los avances de la agenda agraria están por verse. La Casa de Nariño, eso sí, es optimista.
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