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Un borrador de decreto del Ministerio Hacienda que habla del nuevo rol que tendría el presidente en la asignación de recursos para proyectos de inversión fue el campanazo de un nuevo round entre el Gobierno y el Congreso. En una esquina, la cartera propuso que sea el jefe de Estado quien tenga la última palabra sobre las vigencias futuras para obras estratégicas. En la otra, sectores de la oposición calificaron la idea como “autoritaria” y nociva para la ejecución del presupuesto.
Según el ministro Ricardo Bonilla, la única intención del presidente es estar bien informado del avance de los proyectos y las inversiones. El propio presidente Gustavo Petro también defendió la propuesta: “¿Quieren los opositores que el presupuesto no lo determinen las autoridades elegidas representantes del pueblo, sino poderes no electos? ¿Proponen acabar la democracia?”, dijo en uno de sus trinos.
La polémica no es nueva y de hecho tiene un antecedente reciente, el decreto de liquidación de presupuesto para 2024, en el que, según expertos, el presidente no especificó la destinación de unos $13 billones, lo que dejaba en el aire la plata para 108 obras claves en todo el país. Aunque el mandatario también justificó la decisión, al final se expidió un decreto de yerro que desagregó las partidas.
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Por estos dos casos, ocurridos en las últimas dos semanas, al Gobierno le han llovido críticas desde el Congreso, donde, además, recordaron que no es la primera vez que el Ejecutivo intenta capotear al Legislativo. “Vía decreto no se puede reemplazar el trámite en el Congreso”, comentó a propósito el presidente del Senado, Iván Name.
Una revisión a las iniciativas del Gobierno evidencia que por lo menos en 30 ocasiones se han propuesto facultades extraordinarias para el presidente, lo que en resumidas cuentas lo faculta para emitir decretos con fuerza de ley, “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”, según el artículo 150 de la Constitución.
La cuenta inicia con la reforma tributaria, que al final fue aprobada con dos poderes especiales para el presidente: modificar el sistema de carrera administrativa de la DIAN y expedir un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas.
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El Plan Nacional de Desarrollo llegó al Congreso con 14 facultades extraordinarias para seis meses; sin embargo, al final de la discusión, solo cuatro quedaron en pie: las que le permiten al presidente modificar el programa Jóvenes en Acción, avanzar en el desarrollo de vías terciarias creando una nueva entidad, cambiar el régimen legal del Grupo Bicentenario y recuperar el hospital San Juan de Dios.
En el camino se quedaron artículos que lo facultaban para revisar las condiciones de reclusión de miembros de comunidades indígenas, modificar la estructura del Gobierno y hasta regular los usos alternativos de la hoja de coca y del cannabis. Este último, al final, fue incluido en un decreto del Ministerio de Justicia que expidió un marco normativo para tal fin.
No obstante, lo ocurrido con el Plan de Desarrollo demostró que el Congreso se convertiría en una especie de tamiz para esa estrategia del Gobierno. De hecho, las facultades extraordinarias se convirtieron en sinónimo de discusiones espinosas y acusaciones de “arbitrariedad” contra el Gobierno.
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La reforma a la salud es una muestra de esta situación, pues aunque en el texto original aparecían seis solicitudes para darle más capacidades al mandatario, hoy solo dos de esas siguen vivas, previo al tercero de cuatro debates del proyecto. Se trata de la posibilidad que tendría el jefe de Estado para expedir normas sobre la consulta y consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del Pueblo Rrom.
En la reforma pensional hay otras dos y en la de educación una más, en cada caso objeto de críticas de sectores independientes y de oposición. De hecho, aunque la Comisión Primera de la Cámara ya le dio el visto bueno a la reforma de la educación, se aseguró de tumbar el artículo que facultaba al presidente para establecer las fuentes y esquema de financiación para “la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles”.
El Congreso no ha sido el único obstáculo para los “superpoderes” de Petro. La Corte Constitucional tumbó una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno, la declaratoria de emergencia social y económica en La Guajira, que autorizaba a Petro a decretar una docena de medidas enfocadas en la atención de la población vulnerable en ese departamento. El alto tribunal dejó sin efectos la declaración de emergencia y, por esa misma vía, los 13 decretos que había promulgado el mandatario.
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A todo esto se suman las facultades extraordinarias que el presidente logró para estructurar el Ministerio de la Igualdad y las que está buscando para reformar el Inpec y asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para, entre otras cosas, intervenir en el cálculo de las tarifas.
Al final de cuentas, el presidente ha perdido la mayoría de sus batallas por ganar más poder, pues menos de la mitad de sus intentos se han traducido en facultades extraordinarias. Además, las únicas que han dado resultados concretos, hasta el momento, son las que le han permitido crear el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) y preparar la adquisición y recuperación del hospital San Juan de Dios.
Entre tanto, desde el Congreso anuncian que la respuesta se dará en los tribunales, donde esperan tumbar o frenar esas facultades que se han mantenido a flote. Es probable que allí encuentren respaldo, pues la Corte Constitucional ha insistido en que esos poderes son la excepción y no la regla. Toda esta pelea se da justo cuando el Gobierno intenta romper la unidad de los partidos y las órdenes de sus directores para convencer uno a uno a los congresistas de respaldar sus proyectos.
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