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Una de las banderas más polémicas que ha decidido ondear el presidente Gustavo Petro —la idea de incluir una papeleta en las próximas elecciones para convocar a una Asamblea Constituyente— reavivó en los últimos días un mensaje que, con matices y desde distintos frentes, le han venido transmitiendo todos los expresidentes vivos. En medio de sus diferencias personales y políticas, los exmandatarios, incluido Ernesto Samper —el que más le ha caminado al jefe de Estado—, han coincidido en un único asunto: defender la institucionalidad ante el relato constituyente del autodenominado “gobierno del cambio” y abogar por la separación de poderes.
En pocas palabras, los últimos seis jefes de Estado le están advirtiendo al actual que hay límites constitucionales que no se pueden cruzar. Esto, a pesar de que Petro cumplió con su palabra de derogar el decreto con el que pretendía convocar una consulta popular, tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Además, todo ocurre en medio del más reciente choque entre el mandatario y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien decidió sancionar tres leyes que habían sido rechazadas por el Ejecutivo, argumentando que las objeciones llegaron por fuera del plazo establecido por la Constitución.
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El expresidente que salió al baile más recientemente fue Juan Manuel Santos. Este miércoles, tras su intervención en un foro sobre infraestructura de la Federación Nacional de Departamentos, volvió a hacerle un llamado a los exmandatarios Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y César Gaviria para que se unan con el fin de “reiterar la importancia de nuestras instituciones como la base de nuestra democracia”.
“Cuando las instituciones se ven amenazadas o debilitadas, es el deber de todo el mundo, expresidentes, ciudadanos, instituciones judiciales, el Congreso, de rodear nuestras reglas de juego, que son nuestras instituciones”, dijo el también Nobel de Paz. “Uno de los únicos papeles de los expresidentes, porque yo creo que no debemos meternos en política, es que cuando se necesite el concurso nuestro, estemos ahí a disposición de las instituciones y de la democracia y del país”.
Para Santos, las críticas de Petro a la Rama Judicial, al Congreso y a la prensa son “amagos” de debilitar esas instituciones, los cuales a su vez socavan la democracia. Tres horas antes de que el expresidente hablara sobre este tema con los medios de comunicación, había salido en su contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.
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“Es el más perverso de todos los políticos de este país”, dijo el funcionario, quien aseguró que lamenta haber apoyado a Santos en sus dos campañas presidenciales y le lanzó una pulla directa por un caso de corrupción transnacional que sacudió su segundo periodo: “Fue el presidente de Odebrecht. No era jugador de póker sino de parqués”.
La chispa que encendió la molestia del jefe de la cartera política había llegado horas antes, con una entrevista que el exmandatario dio a Noticias Caracol el día anterior, en la que Santos, quien fue mandatario entre 2010 y 2018, cuestionó directamente el papel de Benedetti en el Ejecutivo. “¿Quién le alcahueteó [a Petro] la consulta popular? ¿Quién le alcahueteó el decretazo? ¿Quién le está alcahueteando ese esperpento de la Constituyente?”, dijo Santos en la entrevista, en la que señaló al ministro como el “talón de Aquiles” de la Casa de Nariño.
Y aunque Santos ha sido enfático en la necesidad de que los expresidentes se reúnan para defender la Constitución de 1991, sus palabras también generaron fricciones con quien fue su ministro del Interior: Juan Fernando Cristo. Santos cuestionó que, pese a haber ocupado ese mismo cargo durante cinco meses en el actual gobierno, Cristo no hubiera avanzado en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana. Cristo le respondió que “seguramente no se ha informado bien” y enlistó 16 avances que, en su concepto, desmienten las afirmaciones del expresidente, entre ellos la ampliación de la vigencia de los PDET hasta 2038.
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Aunque hasta el momento ninguno de los otros cinco exmandatarios le ha contestado directamente a Santos, lo cierto es que, desde sus orillas, cada uno ha expresado, inconformidad con las acciones del presidente Petro en lo que respecta al respeto por la institucionalidad, incluso Samper, quien ha sido el más cercano a este gobierno. De hecho, ha sido el único que ha asistido, sin falta, a las sesiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores cuando ha sido convocada-
Aun así, fue uno de los primeros en celebrar la conciliación de la reforma laboral, el pasado 20 de junio, más allá de los avances que supondría el articulado en términos de derechos laborales. “Sobre todo, gana la institucionalidad del país que evitó lo que parecía un inevitable choque de trenes entre sus poderes alrededor de la legitimidad y oportunidad del llamado ‘decretazo’”, dijo Samper, quien fue presidente entre 1994 y 1998.
Del ala más de derecha de los exjefes de Estado también han llovido pronunciamientos. De hecho, Uribe (2002-2010), Pastrana (1998-2002) y Duque (2018-2022) firmaron una declaración conjunta en el marco del foro internacional Grupo IDEA, que reúne a exmandatarios de América y España. El pronunciamiento ocurrió días después de que el presidente Petro lanzara una advertencia durante el consejo de ministros del 4 de junio: “Cualquier ser humano que tenga tres dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Y no pasa sino una sola cosa: las instituciones se van”.
Aunque el mandatario aclaró que no era una amenaza, sino “lo que ha ocurrido en Colombia”, sus palabras fueron leídas por varios sectores políticos como una forma de presión sobre las otras ramas del poder. A pesar de que el mandatario aclaró que no se trataba de una amenaza, sino de “lo que ha ocurrido en Colombia”, sus palabras fueron interpretadas como una forma de presión hacia otras ramas del poder, especialmente las altas cortes, que deberán decidir si es viable convocar una consulta popular por decreto, luego de que el Senado hundiera el proyecto para habilitar ese mecanismo.
En cualquier caso, también se han pronunciado por separado. Tras el atentado en contra de Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, Uribe dijo que “Las balas verbales se convierten en balas físicas en un momento de la patria en que las instituciones están amenazadas”. Duque, por su parte, opinó luego de que Petro apareciera en un encuentro en La Alpujarra (Medellín) con líderes de narcobandas: “La defensa de las instituciones nos corresponde a los colombianos, para lo cual tenemos que unirnos sin miramientos políticos”. Finalmente, Pastrana tilda frecuentemente a Petro de “dictadorzuelo”. “Mientras no aclare la legitimidad de su título presidencial y el atentado a su opositor Miguel Uribe no tiene autoridad moral para convocar una consulta y, mucho menos, pretender reformar nuestra Constitución”, dijo también.
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Más recientemente, desde el Partido Liberal, el expresidente Gaviria (1990-1994) cuestionó con dureza la propuesta de incluir una papeleta para convocar a una Asamblea Constituyente. A su juicio, esta no es una iniciativa democrática, sino “una estrategia de confrontación, polarización y manipulación para abrirle camino a un proyecto personalista que desborda los límites del Estado Social de Derecho”.
El exmandatario, quien de hecho gobernó cuando se redactó la actual Constitución —lo que le ha valido críticas del gobierno Petro—, aseguró que, tras la suspensión del decreto de la consulta popular por parte del Consejo de Estado, el presidente busca ahora mantener viva su narrativa reeleccionista usando la figura de la constituyente. Aun así, dijo confiar en que la institucionalidad frenará nuevamente esta iniciativa.
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Así, la idea de una constituyente, sumada a otras actuaciones en los tres años que lleva Petro en el poder, volvió a alinear a expresidentes que rara vez se dirigen la palabra. Mientras el presidente insiste en abrir el camino hacia un nuevo pacto constitucional, sus antecesores —cada uno desde su orilla ideológica y con cuentas pendientes entre sí— buscan mantenerlo dentro de los límites de la Carta Política. Al final, el verdadero pulso no es entre él y sus homólogos del pasado, sino entre su proyecto político y las instituciones de las que aún depende parte de su legado: el Congreso, que tiene en sus manos las reformas pensional y laboral, y las cortes, que deberán definir si su propuesta constituyente es viable.
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