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Juan Fernando Cristo regresó al ministerio del Interior no solo para intentar construir el acuerdo nacional que quiere promover el presidente Gustavo Petro, sino que ahora se supo que tendrá una tarea muy similar a la que ya desempeñó cuando estuvo en el mismo cargo en la administración de Juan Manuel Santos.
En efecto, también deberá impulsar un mecanismo acelerado de reformas en el Congreso que si bien se acomodan bajo el paraguas de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, la Casa de Nariño quiere usar como excusa para promover políticamente el resto de su agenda progresista.
Petro, durante la primera de sus dos intervenciones de este jueves ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dijo que ya tiene un paquete de ocho medidas para mover a través de un nuevo fast track, lo que le permitirá reducir los tiempos del trámite legislativo en un Congreso que en estos dos años le ha sido más que adverso a la agenda que le ha propuesto. De hecho, de cuatro grandes reformas (pensional, salud, laboral y educación) que promovió, solo le avalaron una (la pensional).
Ese mismo mecanismo fue usado en 2016 para sacar adelante iniciativas claves de lo pactado en La Habana, como la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la conformación de la Comisión de la Verdad y, entre otras, la llamada ley de amnistía. El fast track, desarrollado únicamente en la historia legislativa durante el gobierno del también nobel de Paz, lo que permitió fue que las reformas constitucionales no surtieran los ocho debates legales, sino solo cuatro y que se votaran en bloques.
Pero, a diferencia de Santos, Petro no tiene un respaldo amplio en el Capitolio y ha mantenido una confrontación directa con el grueso del legislativo. Incluso, el martes pasado aseguró, durante la posesión de cuatro nuevos ministros -incluyendo a Cristo- que el Senado estuvo dirigido “por una derecha, tengo que decir, ignorante”.
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Si bien en la Cámara ha logrado construir un respaldo más sólido, en el Senado las cuentas no son las mejores. De las 186 curules que hay en esa primera instancia, al menos 60 son de la oposición y el resto suele moverse más por conveniencia; y de los 107 asientos que tiene la plenaria del Senado, al menos 50 suelen votar en contra de lo que promueve la Casa de Nariño.
Ya se sabe que el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y las filas de Cambio Radical que maneja el exvicepresidente Germán Vargas Lleras conformaron un bloque opositor al que suelen sumarse fichas de los partidos Conservador, Mira y, dependiendo del debate, de La U y de los mismos liberales.
Una prueba más de que el Capitolio no es un escenario muy proclive al Ejecutivo, pese a que ha tenido victorias como la primera reforma tributaria, la aprobación de su plan de desarrollo y, entre otras, un reciente cupo de endeudamiento de 17.607 millones de dólares, es la pelea que está dando el Gobierno por no perder la presidencia de la Cámara.
Aunque Katherine Miranda, una representante que se ha desmarcado de muchos de los proyectos claves del Gobierno, quiere ocupar el puesto en nombre de Alianza verde, el presidente Petro promueve a Jaime Raúl Salamanca, alguien más cercano a su agenda. Lo que busca la Casa de Nariño es que no ocurra lo mismo que en la pasada legislatura en la carrera por la Presidencia en el Senado, cuando Angélica Lozano, que en su momento era más cercana a Petro, fue derrotada por Iván Name, un legislador más inclinado a la oposición.
Esa compleja relación del Gobierno con el Congreso –que podría convertirse en una piedra en el zapato para el éxito del fast track petrista– se evidenció en el trámite de las llamadas “reformas sociales”. La de salud, por ejemplo, no logró el respaldo del Capitolio ni cuando la radicó la primera ministra de Salud, Carolina Corcho, ni cuando la heredó su sucesor, Guillermo Jaramillo.
Y la pensional, que usó como excusa para volver a agitar las calles convocando para su sanción a una manifestación el próximo 16 de julio en Bogotá, pasó raspado en las plenarias y con sendos señalamientos de posibles vicios de inconstitucionalidad.
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Además, tan pronto Petro les dijo a los representantes de los 15 países que tienen asiento en el Consejo de Seguridad los planes de impulsar otro fast track, las reacciones en Colombia fueron controvertidas.
La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, una de las voces fuertes del uribismo, le respondió al presidente diciéndole que “no sueñe que aprobaremos en el Congreso un fast track con el que sustituyeron la Constitución para tramitar proyectos de ley y proyectos de acto legislativo con menos debates en beneficio de las FARC que nunca cumplieron con el acuerdo de La Habana”.
Similar fue la postura de su copartidario, el representante Hernán Cadavid, quien dijo que “desde el instante que asumió Cristo alertamos que fue el responsable de la trampa llamada fast track y que vendría con intenciones parecidas”. Incluso, se aventuró a decir que, con esa medida, buscarían la constituyente.
Y el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa planteó que no es necesario utilizar el fast track o cambiar la Constitución para cumplir el Acuerdo de Paz. “Las fallas en la implementación no son de índole normativa, sino política”, apuntó.
Pero, por supuesto, hay voces a favor entre los copartidarios de Petro. La senadora Martha Peralta afirmó que el presidente acierta al “proponer un fast track que acelere la aprobación de leyes para el cumplimiento del acuerdo de paz en nuestro país. Colombia lleva décadas desangrándose por la misma guerra que beneficia a unos pocos y afecta a millones de colombianos a costa de los mismos gobernantes de siempre. Este es el cambio, las políticas de paz y reconciliación son prioritarias”.
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En todo caso, este nuevo intento de fast track implicaría asuntos que sobrepasan la paz misma, pues al modificar normas de vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, o cambiar la distribución propia del Sistema General de Participaciones y optimizar inversiones forzosas para la sustitución productiva, se mueven fibras de asuntos que el jefe de Estado no ha logrado materializar.
Desde marzo pasado, y sin hablar de la implementación del Acuerdo de Paz, el mandatario ha pedido cambiar la Carta Política de 1991 criticando, entre otras cosas, que hay dinero que se utiliza para megaproyectos como las vías 4G y que no puede cambiar de foco por impedimentos legales. Esto, además, motivó el relevo de Jorge Iván González en Planeación Nacional, quien fue reemplazado por Alexander López Maya, una persona de la entraña de la izquierda tradicional.
En vigencias futuras, que comprometen los presupuestos hacia adelante hasta por 30 años deben quedar antes que nada, las financiaciones de lo que permite a todos los colombianos y colombianas vivir: Agua potable, saneamiento ambiental y la infraestructura en salud y educación… https://t.co/NfZUBikEr4
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2024
En todo caso, y más allá de la filigrana del paquete legislativo que Petro quiere pasar por fast track, Cristo se enfrenta a un Congreso distinto al que tuvo que convencer en 2016 y que, incluso, tiene su propio viacrucis con los escándalos de corrupción que han salpicado a varios de sus integrantes que también se dividió por el debate que se abrió en torno al relato constituyente de la Casa de Nariño.
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