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El Gobierno de Gustavo Petro, que terminó sus primeros 12 meses en el poder capoteando duros escándalos por el posible ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial del 2022, quiere abrir un nuevo frente de batalla legislativo y político. Y lo hace en un momento en el que, precisamente, una de las tres ramas del poder público, la Judicial, tiene que pronunciarse sobre los expedientes que tocan su administración.
La notificación la hizo el propio Petro a través de un trino, en el que, al referirse a la multa que por corrupción aceptó pagar Corficolombiana en Estados Unidos por el escándalo de Odebrecht, aseguró que el país necesita de un grupo idóneo de personas que analicen y plasmen en una reforma al sistema judicial la cirugía que, a su juicio, se requiere para frenar la impunidad.
“El Gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de justicia, con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso”, anunció el Jefe de Estado.
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Su mensaje es coherente con lo que dijo en campaña, cuando habló en repetidas ocasiones de fortalecer el sistema judicial colombiano. Sin embargo, no deja de llamar la atención que lo pone sobre la mesa en momentos en que su campaña, no él, es indagada judicial y administrativamente tras las declaraciones que su hijo mayor, Nicolás Petro, le dio a la Fiscalía en torno a que personas de dudosa idoneidad le donaron plata a la organización política del presidente.
Además, justo en los mismos días en que salió el pronunciamiento del mandatario estalló otro cuestionamiento, cuando Noticias Caracol reveló la supuesta injerencia ilícita de un narco en la campaña en el departamento del Casanare. El mandatario, junto a su círculo administrativo, han negado con vehemencia estos hechos.
Eso sí, Petro ha dejado claro que esa reforma judicial busca, a su juicio, blindar a la Fiscalía, entre otros estamentos, de posibles hechos de corrupción. Y lo dijo porque, de acuerdo con el mandatario, en Colombia no se llegó a fondo del escándalo de Odebrecht debido a que hubo una presunta anuencia de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez con Corficolombiana y el Grupo Aval, que están bajo el mismo paraguas empresarial y terminaron enlodadas con las coimas de la constructora brasileña.
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“Esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo Fiscal de la terna enviada por el Presidente, tal como ordena la Constitución. Se ha intentado hasta impedir al Presidente presentar la terna con este propósito, sin pensar siquiera en la Constitución”, agregó el mandatario en su anuncio de una reforma judicial que quiere llevar al Capitolio y que se sumaría a las ya enredadas pensional, laboral y a la salud.
Y este punto en particular, el de la terna para elegir Fiscal General -la de Petro está conformada por Ángela Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón- es clave. La razón es si ha habido intentos de evitar que el mandatario siga con ese proceso por cuenta de los escándalos de su primogénito, quien, junto a su expareja Day Vásquez, está siendo procesado por esa entidad: ante la Procuraduría llegó un recurso pidiendo que se declarara impedido para ello, pero la misma Corte Suprema, cuando resolvió una recusación de la defensa de su hijo, dejó claro que el titular del búnker no interfiere procesalmente en los expedientes.
Pero en el Congreso ya hace curso una reforma constitucional, impulsada por el opositor Cambio Radical, en la cual, entre otras cosas, se modifica una parte sustancial del proceso con el que se designa al Fiscal. En efecto, en uno de los apartados del proyecto se deja claro que la Corte Suprema seguirá con la facultad de elegirlo, pero no de una terna enviada por el Jefe de Estado, sino a través de un concurso de méritos.
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“El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia a través de un proceso de concurso de méritos de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución”, quedó plasmado en la propuesta del partido de Germán Vargas Lleras, férreo crítico de Petro. Y se agregó que quienes aspiren a este puesto deben cumplir las mismas condiciones requeridas para ser magistrado de las altas cortes.
En la justificación que hizo pública la colectividad sobre esta iniciativa dejó en claro, además, que su propósito es “hacer transparente el proceso de elección de los altos cargos de la rama, como Fiscal General”. El mensaje implícito, que tiene su carga por darse en una época de confrontación política con el actual inquilino de la Casa de Nariño, es que ese procedimiento viene siendo de alguna forma inconveniente.
Si bien esta reforma propuesta por Cambio Radical toca otros estamentos judiciales, como el quitarles a las altas cortes su injerencia en algunos procesos electorales como la elección de Registrador y Auditor, así como la de algunos magistrados, se han lanzado varias alertas porque la mayoría de esos ajustes terminan recayendo en facultades para que el Congreso supla ese papel. Y eso podría politizar aún más a la Rama Judicial. Incluso, toca asuntos de fondo de la tutela y busca ponerle freno a las llamadas tutelatones.
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Para el senador Carlos Fernando Motoa, de la bancada vargasllerista, lo que en realidad se quiere, a su juicio, es “un proceso penal más ágil y dinámico, y por eso se incluyen algunas propuestas como que las víctimas de un delito puedan solicitar medidas cautelares sobre los bienes de los acusados para poder reparar el daño causado por un delito; también se establecen algunas competencias por parte de la Fiscalía General y se presenta un modelo más efectivo sobre los procesos penales”.
En todo caso, aunque con orígenes y fines diferentes, las dos reformas judiciales, la de Petro y la de Vargas, terminarían encontrándose en un Congreso que le es cada vez más adverso al Jefe de Estado y en el que, pese a los llamados, aún se le camina a fondo al llamado acuerdo nacional. Eso sí, aún está por verse el contenido definitivo de la propuesta de la Casa de Nariño. Hay expectativa.
Este es el texto de reforma judicial propuesto por Cambio Radical:
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