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En un borrador de decreto que contiene 10 capítulos y que se complementa con un documento ampliado de 146 páginas, el Gobierno trazó la ruta de lo que considera debe ser el refuerzo de una política de derechos humanos que atraviese varios aspectos, incluido el sector privado. Si bien todo está en fase de consultas y puede tener modificaciones, la línea de la saliente administración es que todo lo allí consignado rija durante los próximos 10 años.
Eso se traduce en que el “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos” que prevé la actual Casa de Nariño, y cuyo diseño base se conoce en medio de la campaña por elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, cobijaría a los dos próximos jefes de Estado; tanto a quien se elija en este 2026 como a la persona que continúe en el poder cuatro años después. Y alcanzaría la primera parte del mandatario que asuma en 2034.
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Lo que se establece en esta estrategia –la cual se elaboró entre el Ejecutivo, “organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos”– es la obligatoriedad de todas las entidades del Estado de aplicar al menos 195 acciones específicas sobre la protección de derechos humanos en todo el país y que, de paso, los privados que establecen lazos con lo público tengan obligaciones específicas en este aspecto.
Esto, por ejemplo, se refleja en lo relacionado con “la ejecución de grandes obras de infraestructura y de operaciones empresariales de gran dimensión”. En efecto, en la página 28 del documento que contiene el borrador del plan se establece la realización de un estudio para determinar “los impactos negativos” de esos proyectos y sus ejecuciones sobre “disponibilidad y accesibilidad de alimentos y las condiciones de vida” de las poblaciones en condición de pobreza de las regiones donde se desarrollaron.
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“El estudio deberá contener recomendaciones de políticas orientadas a la definición de obligaciones de las autoridades responsables de las obras de infraestructura y de la regulación de las actividades empresariales, dirigidas a establecer el deber de debida diligencia en el diagnóstico y la gestión de los riesgos de afectación de los derechos económicos y sociales de las comunidades en las áreas de operación”, se lee textualmente en ese apartado.
Las entidades “responsables” de que esto se ejecute son la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, con respaldo de los ministerios de Minas y de Transporte. Además, se establece que el “nivel de la acción” es “universal”.
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Y para que todo esto se ejecute, en el mismo documento que aún está en consulta pública se deja específico que el Estado debe adoptar políticas de prevención de los “impactos negativos”, las cuales –entre otras cosas– deben incluir una cláusula específica sobre derechos humanos.
“Las políticas incluirán el diseño de protocolos de análisis de riesgo y de medidas de prevención y mitigación que eviten o reduzcan los impactos, y la inclusión de cláusulas de derechos humanos en las concesiones de explotación de recursos naturales y en los contratos suscritos por entidades y empresas públicas con empresas privadas, que definan obligaciones de aplicación de la debida diligencia en el diagnóstico y la prevención de riesgos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Se asegurará la difusión de las políticas entre funcionarios y contratistas a fin de garantizar su correcta aplicación”, se precisa en un apartado marcado como “acción 1.1.2”.
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En el ordenamiento jurídico actual no existen parámetros que impongan cláusulas o debidas diligencias con enfoque de derechos humanos como las que ahora promueve el Gobierno, pero sí hay varias obligaciones legales en materia ambiental, social y –entre otras– de consultas previas. Lo que habría son nuevas etapas por cumplir y con directrices específicas.
Por eso, como se especifica en otro apartado, también se busca “robustecer e implementar de forma efectiva las disposiciones y herramientas establecidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos que definen obligaciones de los titulares de concesiones petroleras de realizar diálogos directos con las comunidades y las entidades territoriales para la elaboración de Planes de Gestión Social”.
Se añade a renglón seguido que lo que se busca es “que atienda criterios de transparencia, respeto por los derechos humanos, enmarcado en la debida diligencia para las operaciones empresariales, de conformidad con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas, los Lineamientos de DDHH del sector minero energético, así como en la Estrategia Nacional de DDHH, y los derechos de las minorías étnicas reconocidos en leyes y tratados internacionales”.
La documentación que se elaboró bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario también plantea medidas en sectores como la salud, la educación y –entre otros– el acceso a tierras y el uso que se les da en determinadas regiones. Esto último se diseñó en torno a la reforma rural que se plantea desde el Acuerdo de Paz con las extintas Farc; incluso, en estas proyecciones el cumplimiento de lo pactado en 2016 se encuentra varias veces citado, lo que coincide con el estancamiento de la denominada “paz total”.
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“Realizar el inventario de predios incautados en procesos de extinción de dominio localizados en los municipios de intervención, impulsar la definición de los procesos de extinción de dominio, avanzar en la enajenación temprana a favor de la ANT de inmuebles rurales afectados por medidas cautelares en procesos de extinción de dominio en curso, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 2294 de 2023, y proceder a su adjudicación a campesinos sin tierra o a comunidades étnicas beneficiarias de la reforma rural integral”, se establece en la “acción 2.1.4”. En este aspecto se habla, además, de baldíos a recuperar y que no estén “ilegalmente ocupados”, con el fin de entregarlos.
Lo que se denomina Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos tiene su origen en 2018 con la puesta en marcha de un diálogo a varias bandas para sentar sus bases, pero que en estos años ha tenido avances no tan claros y de ahí que en enero de 2024 el actual Gobierno decidiera darle un nuevo impulso. Por eso, como se dice en la memoria justificativa de estos borradores se “reasumió el liderazgo del proceso”. Lo que sigue ahora es ver cómo lo recibe el grupo del país en medio de la campaña y, de llegar a buen término, la viabilidad de que quien gane en las urnas el 31 de mayo –o el 21 de junio si hay segunda vuelta– mantenga su implementación.
Documento completo en torno a la política de derechos humanos:
Este es el borrador de decreto sobre la política de derechos humanos:
Esta es la memoria justificativa del borrador de decreto:
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