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Uno de los 372 artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 desató una escalada en la puja política que desde hace más de un año tienen el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (Centro Democrático). Se trata del punto 32 del documento, que, en pocas palabras, ordena reservar algunos territorios únicamente para la agricultura destinada a garantizar el derecho a la alimentación.
Luego de que el Ministerio de Agricultura incluyera cerca de 250.000 hectáreas del suroeste antioqueño en dicha apuesta, Rendón habló de una “usurpación” del Gobierno a la facultad de los entes territoriales para definir los usos del suelo y anunció, junto a varios alcaldes de la región, una demanda contra la medida. “No necesitamos que un burócrata, desde un escritorio en Bogotá, desconociendo las realidades de las regiones, al mejor estilo de los planificadores centrales del socialismo, nos diga qué y cómo hacer que las cosas pasen”, explicó el gobernador.
El presidente Petro hizo lo propio y le respondió, vía X, señalándolo de no escuchar a los campesinos que piden más agricultura y menos minería. “Usted obedece a las multinacionales mineras extranjeras. No quieren obedecer ni al mandato del gobierno nacional elegido por un millón de antioqueños, ni a su propio pueblo. Solo les interesa el dólar”, dijo el mandatario en su trino.
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El choque entre ambos se quedó en las redes, pero el gobernador, por su cuenta, sigue buscando cómo tumbar la decisión e incluso preguntó por los nombres de los congresistas que votaron a favor del artículo del Plan de Desarrollo que les dio luz verde a esas “zonas de protección para la producción de alimentos”. El interrogante no está suelto, pues en el departamento se habla de que una buena parte de la bancada paisa del Senado se alineó con el Ejecutivo y votó positivamente sin reparar en lo que implicaba el texto.
En efecto, El Espectador encontró que el artículo fue aprobado —en un bloque de 85— durante el debate del 3 de mayo de 2023, con 59 votos por el sí y 17 por el no. Entre quienes le dieron el espaldarazo están 10 de los 15 antioqueños del Senado, cinco de ellos muy cercanos al oficialismo y los otros formalmente en la independencia. En el primer grupo aparecen Berenice Bedoya (ASI), Alex Flórez, Isabel Zuleta, la fallecida Piedad Córdoba (Pacto Histórico) y Omar Restrepo (Comunes).
Los otros son Carlos Andrés Trujillo, Germán Blanco (Partido Conservador), Juan Diego Echavarría, Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) y Juan Felipe Lemos (La U). El primero de esta lista es, probablemente, el principal aliado del Gobierno en las toldas conservadoras, pues de hecho en varias oportunidades ha ido en contravía de las directivas de su partido y de su colega y hoy presidente del Senado, Efraín Cepeda. Trujillo es visitante frecuente de la Casa de Nariño y en los últimos años ha tenido influencia en entidades como el Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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El también conservador Germán Blanco ha respaldado iniciativas del Ejecutivo como la primera reforma tributaria, el marco jurídico de la paz total y la Jurisdicción Agraria; sin embargo, en los últimos meses ha girado hacia la crítica en sus pronunciamientos. Blanco incluso organizó los votos para archivar la legalización del consumo adulto de cannabis y fue quien, bajo la batuta de Efraín Cepeda, le ganó en la pasada legislatura la presidencia de la Comisión Primera al alfil de Petro, Alexander López.
Blanco le dijo a este diario que desde hace varios años ha estado en contra de la explotación minera en esa zona del suroeste antioqueño, pero que tiene dudas sobre los alcances del acto administrativo del Ministerio de Agricultura. “No estamos en contra de la autonomía territorial, no es un respaldo absoluto a la resolución, queremos una concertación”, dijo.
Entre los liberales se destaca Juan Diego Echavarría, quien incluso fue uno de los ponentes del Plan de Desarrollo, pero que en estas cuentas sobresale por ser ficha de Julián Bedoya, otro barón de la política antioqueña que jugó sus cartas con el oficialismo. Su compañero, John Jairo Roldán, también ha rondado entre la crítica y el apoyo a Petro y, de hecho, fue foco de las críticas de la oposición por ayudar a abrir el debate de la ponencia positiva de la reforma pensional en el Senado.
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El caso de Lemos, senador de La U, es llamativo porque en los últimos días compartió un pronunciamiento del Comité Intergremial de Antioquia en el que se habla de las “zonas de protección para la producción de alimentos” como un factor que afectaría la “competitividad del departamento” y empujaría a “una parálisis en los sectores productivos”. De hecho, en otras oportunidades, Lemos señaló a Petro de “revanchista” con Antioquia por decisiones como la de quitarle al departamento el distrito especial minero que tuvo por más de dos décadas.
La cartera de Agricultura insiste en que la medida no vulnera la autonomía territorial y que, por el contrario, “permite el desarrollo del principio de coordinación entre la Nación y las entidades territoriales”. Por otra parte, señaló que la elección de la zona responde a las solicitudes de organizaciones campesinas locales y regionales que piden protección a sus suelos para el desarrollo rural.
A pesar de las explicaciones, el gobernador Rendón continúa lanza en ristre contra el Gobierno y, de hecho, aprovechó este nuevo frente para darle más aire a su pelea por la autonomía territorial, la misma que ya lo llevó a chocar con Petro por el intento de tramitar un referendo para que las regiones administren directamente los recursos que recaudan. Para el presidente, sin embargo, la propuesta “amplía, como nunca antes, las brechas regionales”.
Muy seguramente esta nueva puja se trasladará a otras discusiones que tendrá el Congreso este año, como la que definirá las competencias que tendrán las regiones con el aumento a las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobados por el Legislativo en 2024. Así mismo, confirma el distanciamiento del mandatario con los liderazgos políticos antioqueños y abre la puerta a un choque con otros departamentos que en los próximos meses serán objeto de la apuesta aprobada en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo.
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