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En un documento de 35 páginas, en el cual se espera plasmar la firma de 16 ministros y de otros cuatro funcionarios de alto nivel, el Gobierno del presidente Gustavo Petro trazó lo que sería la cirugía al sistema de reincorporación de excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc y, para lo cual, se tiene prevista una inversión que supera los 426 mil millones de pesos.
El borrador de decreto en el que está contemplado ese propósito, y cuyo contenido completo conoció El Espectador, establece que la intención es articular más de 41 oficinas estatales para que ejecuten lo que se plantearía desde Sistema Nacional de Reincorporación y cuya aplicación sería obligatoria para las entidades que hagan parte de este engranaje.
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De acuerdo con esta hoja de ruta, que quedaría lista para la firma presidencial en las próximas dos semanas, se podrían cobijar a unas 11.269 personas que están reconocidas como exFarc (en el 2020 esta cifra se ubicó en 13.394) y que, por lo mismo, pueden hacer parte de los programas de reinserción a la vida civil apoyados en varios frentes por el Estado.
Para garantizar que se puedan ejecutar estas políticas públicas, que aún están en fase de diseño y para las que se contará con un periodo de transición de seis meses, se estableció la destinación de $426.913 millones durante los próximos cuatro años –entre 2024 y 2027–, los cuales serán administrados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y se ejecutarán en cinco líneas estratégicas: social, política, económica, comunitaria y apoyo.
Ese dinero, según confirmó este diario, hace parte de los $1,55 billones que el Gobierno, a través del Plan Plurianual de Inversiones previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, destinó para la aplicación del punto 3 del acuerdo de paz que se firmó en el 2016 y que, en plata blanca, está enfocado en reincorporación y seguridad de los excombatientes.
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Y no es un tema menor, pues desde el expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien lideró el proceso de desmonte de una organización ilegal con más de cinco décadas de existencia, hasta el jefe de Comunes y otrora máximo jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño –conocido como ‘Timochenko’ en sus años en armas–, han criticado la supuesta falta de intención de la administración de Petro a implementar el acuerdo de paz. Incluso, con matices, han coincidido en que aún no hay mayores diferencias frente a lo que se hizo durante el Gobierno de Iván Duque.
Además, de acuerdo con cifras de Indepaz y validadas por otros actores, desde la firma del acuerdo a la fecha han asesinado a 409 excombatientes, 45 de los cuales fueron acribillados a lo largo del 2023 y bajo la administración de Petro.
Pero a todo esto, como quedó plasmado en el documento en poder de este diario, le hacía falta una articulación estatal que permitiera atender la seguridad de estas personas y, por supuesto, su tránsito sostenible a la vida civil.
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Textualmente, según el borrador de decreto, las falencias en la atención de los exFarc se deben a –entre otras cosas – “la falta de marco normativo que permitiera la adecuada articulación entre las entidades y actores concernidos en temas de reincorporación”.
Es por eso que, y haciendo énfasis en que la implementación del acuerdo con las extintas Farc hace parte de la apuesta por la llamada paz total –que aún está estancada pese a tener siete mesas de diálogo con guerrillas y narcobandas–, se quiere reglamentar lo que en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro se bautizó como Sistema Nacional de Reincorporación.
Alejandra Miller, directora de la ARN, le dijo a este diario en una reciente entrevista que “el acuerdo habla de la necesidad de avanzar en la reincorporación económica, social y política, pero cuando llegamos (a la Agencia) no encontramos ningún tipo de acción específica que fortaleciera, por ejemplo, el tema de la reincorporación política, y también había otros que fueron muy complejos, como el acceso a la tierra para los firmantes, que había sido imposible; eso es parte del enfoque que estamos cambiando”.
Esa declaración se engrana con lo que plasmado en el borrador de decreto. En esta reglamentación queda claro que entre las 41 entidades que deben potenciar la reincorporación de los exFarc están 16 ministerios –entre ellos los de Interior, Defensa y Hacienda–, al igual que el Banco Agrario, RTVC, el ICBF y, entre otras, la Unidad de Víctimas.
Las políticas públicas que se delineen en estas instancias, que serán coordinadas por un comité en el cual también tiene asiento un delegado del presidente Petro, deberán integrarse con las autoridades regionales recién posesionadas; esto, por supuesto, le pone un punto de expectativa porque el grueso de los nuevos alcaldes y gobernadores tienen distancia con la administración del primer presidente de izquierda que tiene el país. La relación no sería fácil.
(Primeras respuestas de Petro a Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán tras su posesión)
En todo caso, de acuerdo con el documento, tras su aprobación definitiva y la firma presidencial, se tendría un tiempo de hasta seis meses para terminar la articulación necesaria entre las 41 entidades y así echar a andar la potencialización de un proceso sobre al que hasta la comunidad internacional está vigilando.
“Siendo la reincorporación una institución prevista en el acuerdo final, está provista de la garantía de respeto e integridad en cuanto a su cumplimiento y, por ende, emerge el deber del Estado colombiano de adoptar los instrumentos y medidas que contribuyan a su plena realización”, plasmó el Gobierno en una memoria justificativa del borrador de decreto de 11 páginas y en la que, además, se estipuló que “al ser una política de Estado es deber de las autoridades contribuir a su realización”.
Los exFarc están enterados de todo este contenido y se sabe que, en principio, respaldan la cirugía que propone la administración Petro. La expectativa radica en su puesta en marcha y los resultados concretos que arroje.
Este es el borrador de decreto completo:
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