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La jornada electoral a la que el país está abocado de cara a las elecciones del 29 de octubre impactó en dos frentes que tocan directamente, a nivel político y judicial, los expedientes que tiene la campaña del presidente Gustavo Petro por el posible ingreso irregular de dineros y la presunta falta de reportes de ciertos gastos durante la contienda en la que, con 11,2 millones de votos, se quedó con la Casa de Nariño.
Fue una carta de la Fiscalía, del pasado 2 de octubre, la dejo entrever lo que está pasando en ese escándalo. En la misiva, dirigida –por aparte– a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Corte Suprema de Justicia, se pide indagar posibles conductas ilegales tras las declaraciones del primogénito del mandatario, Nicolás Petro, en medio de un proceso de negociación judicial que él calificó como intimidatorio. En ese contexto, se conoció que al menos en dos de esas tres instancias los procesos están frenados.
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Por un lado, tema que este diario anticipó hace dos semanas, el CNE ha dedicado los esfuerzos a resolver más de 3.500 expedientes por posibles inhabilidades en varias candidaturas, lo que llevó a que los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) –ponentes de las investigaciones a la campaña Petro– le dieran un compás de tiempo a las indagaciones.
Lo único que ha trascendido es que ante esta autoridad electoral ya acudieron fichas claves de la campaña a rendir testimonio. Lo hizo la tesorera, Lucy Aydeé Mogollón, y la exjefa de gabinete y ahora jefa de Prosperidad Social, Laura Sarabia. Aunque los procesos siguen en etapa previa, lo que deben definir los ponentes es si hay mérito suficiente para abrir un proceso formal para determinar dos asuntos: el posible ingreso irregular de dineros a la campaña y la supuesta falta de reportes de gastos durante la contienda presidencial de 2022.
Y, por el otro, se conoció que la Comisión de Acusaciones, la instancia que investiga al presidente, tiene un total de nueve procesos que no han pasado de su etapa preliminar y sobre los que aún no hay claridad en torno a si se deben o no unificar en un solo radicado. Esto último, además, también quedó en stand by por cuenta de los comicios regionales, ya que la mayoría de los congresistas –incluyendo a algunos de los investigadores del tema Petro– están atentos a la campaña.
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Fuentes de la propia Comisión le dijeron a El Espectador que tienen la intención de que, en máximo dos semanas, se discuta y vote si de nueve se pasa a un solo expediente, pero otros integrantes de esa célula legislativa reconocieron que eso coincide con la recta final de la campaña y cazar votos es más relevante en estos momentos. El número de investigaciones no es un asunto menor, no solo porque de eso depende la estrategia de defensa del presidente, sino porque esta instancia se juega parte de su credibilidad, ya maltratada por la falta histórica de resultados.
“La carta de la Fiscalía con la declaración del señor Nicolás Petro (quien irá a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado) nos obliga a determinar si hay algún grado de conexidad entre tiempo, modo y lugar de los hechos que se indagan por parte de los cinco representantes investigadores, pero es el pleno de la Comisión el que debe decidir, y votar, si todo puede y debe unificarse o si, por el contrario, cada caso debe continuar su curso de forma independiente”, les dijo a reporteros de este diario otro de los 16 integrantes de esta instancia congresional.
En esta parte procesal, de acuerdo a una serie de charlas, consultas y reuniones que han tenido los asesores de los investigadores en las últimas semanas, es determinante el papel que cumplan, precisamente, quienes tienen a su cargo los procesos.
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Se trata de Olga Lucía Velázquez (Alianza Verde), Alirio Uribe (Polo Democrático), Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U). Si bien tienen carreras políticas disímiles, los cinco coinciden en que –desde sus toldas partidistas– le ayudaron de alguna manera a la campaña presidencial de Petro.
Eso ha llevado a que varios fueran recusados por su posible falta de parcialidad, pero, hasta la fecha, ninguno de estos recursos ha prosperado porque, por ley, solo se pueden analizar los que presentan las partes intervinientes y reconocidas dentro de los procesos, no terceros que consideren que hay anomalías.
Pero esto también puede cambiar. Como entre los denunciantes hay congresistas en ejercicio y candidatos a alguno de los cargos de elección popular que están en juego el 29 de octubre, este diario estableció que, a penas les notifiquen que sí son partes procesales, algunos de ellos comenzarán a recusar a los investigadores.
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Se sabe, por ejemplo, que a Alirio Uribe le cuestionaron su imparcialidad por haber hecho parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una organización jurídica que trabajó muy de cerca en varias investigaciones junto con Petro. Además, producto de esa cercanía, se denunciaron posibles contrataciones en cargos públicos de cercanos a esa organización durante la actual administración presidencial. Eso sí, tanto el congresista como sus allegados han defendido siempre su idoneidad profesional.
Y, para no ir más lejos, a Olga Lucía Velázquez se le enrostró desde la oposición que la elección de su esposo, Ovidio Claros –como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá–, la inhabilitaría para indagar a Petro, ya que la campaña para que él llegara al cargo tuvo impulso desde la Casa de Nariño. La representante, quien además trabajó en la corrupta administración del exalcalde Samuel Moreno en Bogotá, le dijo a este diario que no se referiría a estos temas para, precisamente, no generar impedimentos.
El panorama no es nada claro por ahora. Las declaraciones de Nicolás Petro, para muchos la génesis de este escándalo político y judicial, tiene varias aristas que las autoridades todavía no aclaran. Por un lado, está el asunto del dinero que habría entrado a la campaña de manera irregular. El hijo del presidente le dijo a la Fiscalía que a las cuentas políticas de su padre entró planta, que al parecer nunca se declaró, de tres polémicos personajes: Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, Alfonso el Turco Hilsaca y Euclides Torres.
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Pero además de las declaraciones de Nicolás Petro, surgieron indicios de que también habría entrado dinero del clan Torres, una poderosa familia de la costa Caribe con lazos con el entorno presidencial, que presuntamente nunca llegó a las cuentas oficiales. Sin embargo, todavía queda una duda que deberán resolver los investigadores del CNE: ¿la plata se usó durante la contienda electoral o la financiación ocurrió para eventos políticos previos al comienzo de la campaña?
Y, en cuanto a la Comisión de Acusación, lo que todavía hace falta por esclarecer no es solo cuántos procesos enfrentará el presidente Petro, sino la pregunta que más se ha formulado: ¿sabía o no el presidente de este dinero, al parecer irregular y que nunca se reportó? La defensa del primer mandatario ya se está moviendo para resolver parte de esas incógnitas y, por eso, le solicitó al propio Nicolás Petro una declaración extraprocesal para escuchar su versión de los hechos.
Aunque aún no es claro cómo se realizará, pues el primogénito de Petro no puede salir de Barranquilla por orden de un juez, los abogados del mandatario pidieron que la diligencia se realice lo más pronto posible. En todo caso, mientras se resuelve ese asunto, la Comisión debe definir si unifica o no los casos, y además alistarse para resolver la avalancha de recusaciones que se vienen –lo que implica más retrasos en las investigaciones que Petro califica como un presunto intento de sacarlo del poder.
(Nicolás Petro es citado a declarar por parte del abogado de Gustavo Petro)
Todo esto sucede bajo la expectativa sobre cómo les irá a los afines a la Casa de Nariño en las regionales de octubre, pues si no ganan terreno en las urnas, su nivel de influencia en decisiones con alta carga política, como esta sobre los nueve expedientes en la Comisión de Acusaciones, se reduce.
Además, en el CNE se debe analizar lo mismo en cuanto culmine el proceso electoral: si suman la petición de la Fiscalía al expediente ya en curso o si abren un nuevo capítulo administrativo. Y en la Corte se supo este martes que, por reparto, el análisis de la petición del ente investigador cayó en el despacho del magistrado César Reyes. La duda en todo esto es, ya sea para formalizar las pesquisas o cerrarlas, ¿cuándo habrá avances concretos?
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