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La instrucción salió de la Casa de Nariño y su primer ejecutor es el propio presidente Gustavo Petro. Y tanto en el gabinete como entre sus adeptos en el Congreso tienen la orden de reforzar un mensaje que, incluso, contará con un alto componente de manifestación callejera: presionar desde el relato y la acción política a la Rama Judicial para que –al igual que se hace con el Capitolio– se intente voltear las cargas a favor de los intereses del oficialismo.
La movida más reciente en esa dirección la protagonizaron el jefe de Estado y su ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes enfilaron sus baterías hacia la Corte Constitucional y la decisión que ese tribunal debe tomar sobre la conmoción interior que se decretó para atender la dura crisis humanitaria que aún azota al Catatumbo (Norte de Santander).
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Petro, en el más reciente consejo de ministros –que lo precedió una alocución de más de dos horas–, aseguró de forma explícita que si en el examen de constitucionalidad se caen los decretos de la conmoción habría un impacto directo sobre la operatividad del Ejército que está en la región combatiendo la criminalidad que lideran el ELN, las disidencias y otros grupos narcotraficantes que libran sus propias guerras.
“Si nos tumban el decreto oficial, pues toca mandar el Ejército a la casa; espero que no lo hagan”, precisó Petro este 21 de abril en un mensaje directo a los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Y Benedetti, horas antes, había hecho lo propio en su réplica a unas declaraciones del personero de Ocaña, Jorge Bohorquez, quien cuestionó algunos preceptos de la conmoción.
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“Negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”, fueron las palabras del ministro del Interior, que en todo caso le valieron reclamos del propio Bohorquez y de la Procuraduría y la Defensoría por la carga de estigmatización que hay en ese mensaje.
Esto también ha sido replicado por varias de las fichas que el progresismo tiene en el Capitolio, pues el decreto madre de la conmoción tiene vigencia hasta este 24 de abril, ya que se expidió hace tres meses por un periodo de 90 días que –en todo caso– es prorrogable en dos ocasiones más y con la misma extensión.
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Eso sí, Petro dejó en claro que esto último solo lo está analizando a fondo, pues quiere saber de qué forma se han usado los recursos y cómo están todos los procesos que se ordenaron ejecutar, incluyendo la actividad de la Fuerza Pública, para atender una crisis que se desató tras la escalada violenta del ELN y la disidencia autodenominada Frente 33 que dejó más de 70 muertos y 64.000 desplazados.
“No sé qué se ha hecho con los contratos como la carretera de Catatumbo, la universidad y otras cosas así por el estilo. Si se acaba la conmoción interior ya se pierde esa facultad de contratar”, añadió el mandatario. Precisamente, y en medio de las presiones, la vicepresidenta de esa alta corte, la magistrada Paola Meneses, radicó este martes su ponencia sobre el futuro del decreto madre, lo que da vía libre al debate interno; además, sigue pendiente el futuro constitucional de la reforma pensional.
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Pero las cosas no paran ahí. Tanto en la alocución como en el consejo de ministros, al igual que en sus redes y otros escenarios públicos, Petro vienen lanzando duros dardos contra el Consejo de Estado por no acceder a sus pretensiones. De hecho, sus palabras están llevando al máximo tribunal administrativo a los escenarios de la oposición.
Por un lado, tras la decisión de frenar las transmisiones de los consejos por televisión privada argumentando que eso viola el derecho a la pluralidad informativa, Petro y su gabinete en pleno –apoyados por sus adeptos digitales y del Capitolio–, promueven la narrativa de una supuesta censura supuestamente promovida por los magistrados.
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“Si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan”, fue una de las duras pullas de Petro. Además, el mandatario dijo que habían apelado la decisión administrativa para que el caso pase a discusión de los 27 togados que conforman la sala plena del Consejo de Estado.
“La ciudadanía no debería depender únicamente de filtros o interpretaciones mediáticas”, complementó el ministro Benedetti tras confirmar la impugnación a la tutela que el Gobierno perdió en primera instancia. Y todo esto, al igual que con la presión sobre la Corte Constitucional, se viene apoyando en narrativas en redes que hablan de una supuesta censura y que buscan desvirtuar el relato de la oposición que señaló al Ejecutivo de desacato.
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Incluso, sobre esto último, varios contradictores del Ejecutivo –como las bancadas del Centro Democrático y, entre otras, de Cambio Radical– señalaron que la Casa de Nariño tampoco ha cumplido a cabalidad, desde su óptica, los fallos con los que el Consejo de Estado le ha ordenado al presidente retractarse sobre pullas públicas que le lanzó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y a su familia por los temas de la Nueva EPS y varias concesiones de cuarta generación. El mandatario, en todo caso, ha dicho que él y su Gobierno sí acatan y respetan, así no las compartan, las decisiones judiciales.
“El presidente tiene un ejercicio que descalifica a la Rama Judicial permanentemente. Nosotros estamos diciendo que los jueces estamos para defender la Constitución y la ley, y no hay agenda política de ninguna naturaleza ni hay un ataque al Gobierno”, aseguró este 22 de abril el magistrado Luis Álvarez, presidente del Consejo de Estado, en su respuesta a los dardos oficialistas.
“Los fallos, los pronunciamientos y las decisiones de las altas cortes y de los jueces de cualquier nivel son para respetarlos y acatarlos”, dijo el procurador general, Gregorio Eljach, en un claro respaldo a la Rama Judicial.
Y un tercer frente de presión que se viene ejecutando es contra la Fiscalía. Y aunque en este punto hay varios escenarios, el más reciente lo abrió el propio Petro cuando, a través de sus redes, aseguró que el ente acusador presuntamente no le está dando celeridad a las indagaciones que él y otros progresistas han venido pidiendo por supuestas amenazas en canales digitales contra quienes apoyan al Gobierno; el bemol aquí es que la oposición pidió lo mismo por sentirse atacada desde el Ejecutivo y sus aliados en los mismos canales digitales.
La fiscal General, Luz Adriana Camargo, se ha mantenido alejada del debate público y, aunque el progresismo la veía cercana por haber sido ternada para ese cargo por el jefe de Estado, no ha querido entrar en el debate político que hay detrás de toda la andanada del Gobierno contra la Rama Judicial.
Además, entre otros, la Fiscalía está resolviendo los casos que se siguen –por aparte– contra el expresidente Álvaro Uribe y el primogénito del presidente, Nicolás Petro. El primero es procesado por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, y el segundo por posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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En medio de todo esto, el jefe de Estado convocó a otra jornada de marchas para el próximo 1° de mayo, Día del Trabajo, con el fin de aprovechar lo emblemático de la fecha para que las tradicionales manifestaciones se vean como un respaldo a su administración y a la consulta popular con la que, bajo la tesis de darle oxígeno a la hundida reforma laboral, busca medir fuerza en urnas de cara a una eventual reelección del progresismo en 2026.
Esto es clave, porque en ese escenario –según lo confirmaron fuentes del entorno del mandatario– también se redoblará la presión sobre la Rama Judicial y el Congreso para intentar presionar decisiones a favor del oficialismo con el relato del respaldo popular.
Ahora bien, este mismo martes, en un evento en la Casa de Nariño, el presidente Petro se reunió con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, con el fin de reforzar el respaldo del Ejecutivo a esta instancia de justicia transicional y de paso lanzar una especie de ramo de oliva. Eso sí, al inicio, dejó un dardo tácito: “Hace rato no vienen magistrados por aquí”.
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En medio de todo este ajedrez que tiene una altísima carga electoral y de paso de polarización, hay alfiles del Gobierno –como la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago– que buscan mantener los canales abiertos con la Rama Judicial y sus delegados. En esto también estaría Augusto Ocampo, un abogado que defendió en su momento a varios de los integrantes de la llamada primera línea y que ahora ocupará la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño.
La expectativa de hasta dónde se tensionará la cuerda de una relación clave para la institucionalidad, la de las ramas Ejecutivo y Judicial, es bastante alta y podrá meterse de lleno en la anticipada campaña electoral en la que entró el país. Petro y la oposición son jugadores de primer nivel en ese pulso.
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