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La decisión que se tome en las próximas horas en el despacho del registrador nacional, Hernán Penagos, en torno a los pasos que se seguirán sobre el decretazo de la consulta popular que quiere promover el presidente Gustavo Petro serán definitivos para entender hasta qué punto se estirará la tensión institucional que actualmente permea al país.
La razón es que la decisión que se tome en la cúpula de esta entidad tendrá efectos en la puja entre las ramas del poder público que –en algunos casos de forma tácita y en otros muy explícita– han venido chocando por la forma en que se está interpretando la Constitución y más en un año en el que se calentó anticipadamente la campaña por las elecciones de 2026.
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Y el tema no es menor. De acuerdo con fuentes de la entidad, Penagos ha venido haciendo durante las últimas 72 horas sendos análisis jurídicos, y en cierta forma políticos, para determinar el paso a seguir, pues al final todo derivará en si acepta o no la convocatoria que se estableció en el decreto para ir a urnas el próximo 7 de agosto.
Las consultas que viene realizando se están haciendo muy alto nivel y, según lo dijo este fin de semana, su pronunciamiento definitivo se daría en cuestión de días para determinar si se avanza o no con este documento oficial de 31 páginas y que fue rotulado con el número 0639 del 11 de junio de 2025.
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“La Registraduría terminará de evaluar con mucho rigor jurídico los diferentes actos administrativos que se han expedido y se pronunciará de fondo, sin duda, porque debe hacerlo de manera que haya claridad de las acciones siguientes”, aseguró Penagos, quien de paso recordó que la firma del documento oficialista también está siendo analizada disciplinariamente por la Procuraduría.
Incluso, al despacho de Penagos han llegado derechos de petición y oficios advirtiéndole sobre los caminos que podría tomar, lo que revela que desde diversos flancos hay presión sobre la decisión que se debe tomar.
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¿Cuáles son los caminos? Por un lado, y tal vez el más simple, es decirle sí al decreto que le remitió la Casa de Nariño el pasado viernes y desarrollar todo para que el día en que comienza el último año del actual periodo en el poder de la primera administración de izquierda pura haya una cita a urnas para votar las 12 preguntas de la consulta, cuyo objetivo es medir el respaldo electoral del progresismo de cara a su reelección en 2026 bajo la tesis de darle aire a una reforma laboral que –tal cual la quería el Ejecutivo– no encontró respaldo en el Congreso.
La otra vía es aceptar la petición que le vienen haciendo varios partidos de que, al igual que la Casa de Nariño, acuda a la figura de “excepción de inconstitucionalidad” para que devuelva el documento a la Presidencia y de paso no se haga la citación a una jornada que podría costar, según la propia Registraduría, cerca de $700.000 millones solo el día de la votación y sin contar el gasto de propaganda.
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Esta alternativa está basada en que, de acuerdo con el presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), la decisión de la plenaria del Senado del pasado 14 de mayo está revestida de legalidad y que por lo mismo los 49 votos en contra sobre los 47 a favor de darle concepto favorable a la consulta de Petro dejaron cerrado ese capítulo legislativo. Y aunque este legislador es un férreo opositor del jefe de Estado, su argumento se basa en que no es potestad del Gobierno decir qué es y qué no es legal, sino que esa es tarea de los jueces.
“Usted puede hacer uso de la figura de excepción de inconstitucionalidad, instrumento establecido en el artículo 4 de la Constitución Política para que, en caso de una contradicción de una norma legal o reglamentaria con una constitucional, se aplique la última con el fin de preservar las garantías constitucionales, principalmente considerando que su aplicación además de romper con el orden constitucional puede implicar una grave afectación económica al país para la realización de esta consulta popular inconstitucional”, se precisó en un oficio que Cepeda y voceros de ocho partidos le remitieron a la Registraduría.
Esto de inmediato conecta con el otro de los caminos que jurídicamente explora Penagos. En efecto, el decretazo ha sido demandado ante el Consejo de Estado y entró también a estudio de la Corte Constitucional, cuyo ponente será el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por lo que la entidad electoral podría inclinarse por esperar a que alguna de estas instancias se pronuncie y así mismo actuar.
Lo que pone en aprietos logísticos para inclinarse por esta alternativa es que el decreto de Petro busca que la votación sea el 7 de agosto próximo, lo que implicaría organizar todo: desde imprimir tarjetones hasta la instalación de mesas y capacitación de jurados. Eso, además, lleva a que se haga un proceso contractual para que se desarrollen todos estos pasos y, como es sabido, el Gobierno quiere sacar de este escenario a Thomas Greg & Sons, lo que puede generar más ruidos.
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Para los cerebros del decretazo y de la asamblea constituyente –que al final es el objetivo principal del actual mandatario–, lo que le corresponde a la Registraduría es proceder desde ya con la organización. Así lo han expresado los ministros Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia), quienes son los que le han dicho al jefe de Estado que los planes políticos no se deben frenar en ningún caso y menos en la coyuntura que se abrió el 7 de junio con el ataque sicarial contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático).
En medio de todo este panorama es que el procurador general, Gregorio Eljach, ha dicho que lo clave está en respetar la separación de poderes y que por lo mismo se deben esperar y respetar las decisiones de los jueces, que al final son los que deben pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad de lo hecho por el Senado y lo respondido por el Gobierno.
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“Necesitamos que estén tranquilos, que estén en calma como debe pasar con la justicia, que no los molestemos ni tratemos de presionarlos; finalmente ellos no son presionables ni se dejan llevar por un camino equivocado, pero sí podemos contribuir a aclimatar a un país para que se entienda, converse, haya diálogo y se busquen consensos”, enfatizó este fin de semana Eljach.
El ajedrez político
Y aquí entra el cuarto escenario, que también toca a la Rama Judicial. Hay una serie de argumentación en el despacho de Penagos en el sentido de que ante tanto ruido jurídico y político procedería que la Registraduría eleve su propia consulta en torno a qué paso debe seguir. Esto podría hacerlo esta semana y así ganar algunos días sobre su pronunciamiento de fondo, pero vuelve a dejar la fecha de urnas –el 7 de agosto– como el gran interrogante.
Pero mientras esto se decanta, diversas fuentes del oficialismo han venido confirmando lo dicho por este diario, que al final el Ejecutivo espera que si se dan más decisiones en contra de sus intereses particulares pues se acuda a graduar de “enemigo del pueblo” a todo aquel que contradiga los propósitos petristas.
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Esa podría erigirse como una alternativa del oficialismo sobre la Registraduría si desde esta entidad no se procede con lo que quiere la Casa de Nariño vía decretazo. Además, lo haría en un año preelectoral clave que pondría una nueva lupa sobre la entidad que organiza los comicios de 2026 y sobre los que el Gobierno del presidente Petro –debido a su intención explícita de que la izquierda se reelija– quiere incidir.
Eso explica por qué el propio mandatario ha dicho que si se cae la consulta en las altas cortes, o que si el Congreso y otras instancias como la Registraduría no le dan el visto bueno a sus intenciones, quedaría desde su óptica explícita la búsqueda de caminos para supuestamente frenar al actual Gobierno y que eso debe contrarrestarse con una constituyente. Y todo bajo la misma tesis de citar “al pueblo” a las calles, algo muy similar a lo que en los dos periodos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) el país conoció como “Estado de opinión”.
De hecho, desde sectores de oposición e independientes equipara ese tipo de pasos a lo sucedido en regímenes como los de El Salvador (Nayib Bukele) y Venezuela (Nicolás Maduro), donde el precepto popular se explotó al máximo hasta concentrar en una sola persona la mayor cantidad de poder posible.
“El pueblo va por la consulta popular y sus derechos, no se silencian las ideas, eso quieren los asesinos al matar; el pueblo no se deja engañar”, confirmó Petro tras la marcha del silencio por Miguel Uribe que se citó este domingo en Colombia y que como el mismo jefe de Estado reconoció fue masiva en más de 20 regiones.
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En todo este escenario, que es una puja constante entre petrismo y oposición por no ceder terreno de cara a la batalla en urnas por el poder en 2026, es que el registrador Penagos analiza los pasos a dar, pues más allá de lo jurídico cualquier decisión que tome tendrá un impacto directo en el escenario político. Las siguientes horas son determinantes.
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