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La reforma agraria integral, una de las propuestas más fuertes del presidente Gustavo Petro en campaña, va tomando forma en sus ya casi 100 primeros días de gobierno. El más reciente movimiento fue la entrega de 590 hectáreas de tierra que hacían parte de la finca Támesis, antigua propiedad de Jesús Alfonso Berrío, socio de Vicente Castaño, exjefe paramilitar. Esto, además de dividir opiniones y sentimientos en el país, trajo de nuevo a debate la viabilidad de la dicha reforma, por la que incluso se han dado algunas contradicciones con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien lidera, de la mano con la ministra de Agricultura, Cecilia López, esta apuesta.
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La entrega de estas tierras a 50 familias en Montería (Córdoba), revivió una antigua premisa que esgrimen quienes se oponen al gobierno de Petro: supuestamente regalar todo a los pobres. Ante esto, el mandatario aseguró que la entrega de estos terrenos no es una “limosna”, sino que es la base de dos asuntos prioritarios para la nueva administración: la reforma rural integral, con la que se busca darle cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, y la “paz total”, apuesta con la que busca acabar el conflicto armado en Colombia.
Una deuda histórica
Petro ha dicho que el Estado tiene una deuda histórica con los campesinos del país, por el abandono y por haber sido los más afectados por el conflicto armado. De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, los principales protagonistas del despojo de tierras han sido los grupos paramilitares (52 %) y las guerrillas (20 %), y en lo que va corrido del año, 709 sentencias judiciales han sido emitidas en relación con estos casos. Por eso se le ha metido el acelerador a la entrega de títulos a campesinos e indígenas, siendo el Cauca el punto inicial con 618.000 hectáreas a mediados de octubre y ahora arrancó la prometida entrega de antiguos terrenos del paramilitarismo, de los que se esperan inicialmente unas 125.000 hectáreas.
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En junio, cuando la Comisión de la Verdad dio a conocer su informe final, señaló que en varias zonas del país el despojo “se relaciona con un amplio entramado de actores, entre los que se encuentran Fuerzas Militares y paramilitares, grandes terratenientes, empresas locales y transnacionales, bancos e instituciones estatales”, que han actuado como victimarios y habló de cómo actores que realizaron el despojo lo trataron de encubrir. De acuerdo con las cifras de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, en 2022 se llegó al total de 5.075 sentencias presentadas para buscar la restitución de tierras. Córdoba (952), Nariño (880), Tolima (533) y Antioquia (439) son los departamentos en los que más restituciones se han concretado, seguidos de Putumayo (402), Bolívar (350) y Cesár (290).
Los nombramientos para buscarle solución al problema
Petro se ha armado con caras nuevas en las entidades relacionadas con la tierra en Colombia y ha dado protagonismo a figuras de su pasado con las que espera poder cumplir sus ambiciosas promesas al campesinado. Gerardo Vega, abogado y exintegrante del Ejército Popular de Liberación (Epl), fue designado como nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras en septiembre. Es una persona muy reconocida en el Urabá antioqueño, donde ha impulsado políticas agrarias pensadas en tenencia y formalización de predios. Desde su aterrizaje en la entidad, Vega señaló que anteriores administraciones estuvieron implicados en casos de corrupción que mancharon los procesos para devolverle a las víctimas sus terrenos.
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Por otra parte, el mandatario ubicó en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a quien fue uno de sus coordinadores en el empalme con el gobierno saliente: José Daniel Rojas. Recientemente la entidad ha sido blanco de críticas, pues se le señala de incurrir en prácticas cuestionables y no se tiene certeza, hasta ahora, de los bienes que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio.
Los líos de la SAE
Este lunes, la Procuraduría abrió una investigación contra la SAE tras una visita que hizo a sus instalaciones. Aparte de la incertidumbre que hay en cuanto a los bienes, el Ministerio Público encontró que no se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por esta entidad para el control del inventario de los bienes. De la misma manera, señaló que no son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares (ciudadanos o empresas) que en algunos casos administran los bienes.
“Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos. Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE”, advirtió la Procuraduría.
Compra de tierras a Fedegán
Otra de las movidas más cuestionadas del gobierno Petro para que su reforma agraria integral avance es la firma del acuerdo con la que se compromete a comprar tres millones de hectáreas de tierra a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán). Según explicó José Félix Lafurie, presidente de este gremio, dicho acuerdo “es muy amplio” y “además de permitirle al Gobierno cumplir con el Acuerdo de Paz, manda un mensaje de tranquilidad al sector ganadero”. Para Lafaurie, ahora o en el futuro se tenía que negociar con ellos, porque “el sector ganadero tiene 37 millones de hectáreas, por consiguiente, si el objetivo es adquirir tierras por cualquier título, evidentemente tendrán que pasar por la tierra ganadera”, enfatizó.
El mismo jefe de Estado dijo que cada hectárea debería estar entre $10 y $20 millones, lo que hace que el plan esté entre $30 y $60 billones. Todo depende de los estudios que se hagan y de lo que pidan los dueños de los predios. Pero la pregunta es: ¿de dónde saldrá la plata para esas compras? Ya el ministro Ocampo advirtió que no se puede hacer con bonos de deuda pública pues eso no está autorizado. Hay equipos de los ministerios de Hacienda y Agricultura trabajando para ver cómo se hacen las cosas. Se ha hablado de diferentes fuentes, incluido el crédito del Fondo Verde de Naciones Unidas o de la creación de un gran fondo. Sea como sea, hay una regla fiscal que se debe que cumplir y la ministra López reconoce: “Si llegamos a comprar 500.000 hectáreas al año somos unos magos”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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