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En las próximas horas llegarán al Archivo General de la Nación cerca de 1.000 metros lineales de documentos que contienen datos reservados sobre los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada en Colombia entre 1979 y 2017. Se trata de una movida que promete sacudir varias arenas políticas y judiciales, debido a que la información contenida en esas carpetas podría dar claridad de cómo se conformaron y operaron las cooperativas de vigilancia privada –conocidas como Convivir–, las cuales, de acuerdo con la justicia, ayudaron a consolidar y expandir el paramilitarismo.
La apuesta se suma a la intención del Ejecutivo de desclasificar los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que, como lo reveló El Espectador, es una directriz del presidente Gustavo Petro para aportar a la verdad del conflicto armado a través de la publicación de la información sobre seguimientos, chuzadas y otras operaciones de la extinta entidad. Así mismo, se une a las peticiones del mandatario a Estados Unidos para que desclasifique los archivos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) e incluso la información que posee sobre el magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948).
Cabe anotar que el gobierno le hizo esas solicitudes al gobierno estadounidense cuando estaba bajo la batuta de Joe Biden; en ese momento, la administración de ese país notificó que estudiaría las peticiones, pero ahora, con la llegada de Donald Trump y las tensiones diplomáticas, todo indica que el proceso se enredará.
En el caso puntual de las Convivir, este medio pudo constatar que la orden del presidente Petro de “estudiar” esos documentos y enviarlos al Archivo General llegó hace casi dos años a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que hoy los custodia. Aunque se tenía planeado hacer un anuncio oficial del traspaso en enero de este 2025, la idea se frenó porque ambas entidades querían manejar el tema con mayor rigor y también porque, según fuentes de la Casa de Nariño, el propio presidente adelantaba otras investigaciones en la Supervigilancia.
En el más reciente consejo de ministros televisado, el jefe de Estado reveló algunos detalles de esas averiguaciones y explicó su interés en desenterrar la verdad de las Convivir. El mandatario habló del fortalecimiento del paramilitarismo y aseguró que fue el expresidente César Gaviria quien creó el decreto para darles vida a las cooperativas de seguridad y que el expresidente Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, lo aplicó en ese departamento. “La mayoría de esos hombres armados fueron los jefes del paramilitarismo y narcotraficantes; o sea, puso la seguridad de Antioquia en manos de narcotraficantes armados con armas oficiales que la Supervigilancia les entregó, fueron 20.000”, explicó.
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De acuerdo con su versión, en los últimos meses se comprobó que “la Superintendencia sigue construyendo paramilitarismo”, pues habría al menos 62.664 armas con licencia oficial de las que no se conoce su paradero, muchas de las cuales están a nombre de empresas de seguridad registradas como inactivas, pero que siguen operando al servicio de organizaciones criminales. “Eso se llama paramilitarismo”, dijo Petro, quien también reveló que en 2024 se cancelaron 16 licencias irregulares y se despidió a varios funcionarios que las habrían autorizado.
“El estado actual de las cosas justifica aún más el estudio de los archivos de las Convivir, que he ordenado. Un detallado compendio histórico de cómo se crearon y las aprobaciones para su funcionamiento; son 54 cajas que ahora pasarán al Archivo General de la Nación, quiero que lo hagan rápido o terminan quemadas”, anunció el presidente ante su gabinete.
La estrategia desplegada por el mandatario tiene dos puntas de lanza: sus funcionarios en las entidades que se encargarán de darle luz verde al “estudio” de esos dosieres. En primer lugar está la superintendente de Vigilancia, Yennifer Parra, quien llegó a la entidad en octubre de 2024 y hace parte del primer círculo de confianza de Petro en el Ejecutivo, pues es cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con quien trabajó cuando este era alcalde de Ibagué. Por el otro lado, está el director del Archivo, Francisco Flórez, a quien Petro ya le encomendó el diagnóstico y catalogación de los archivos del DAS: 57.544 cajas, 16.000 metros lineales de documentos y 47.829 medios tecnológicos.
La transferencia de los archivos se materializaría el próximo martes, pero, según voces del alto Gobierno, habrá que esperar hasta última hora para conocer todos los detalles, pues desde la Supervigilancia hay varias inquietudes en torno al proceso y un interés de no generar polémica, pues, según relataron esas mismas fuentes, a muchos los tomó por sorpresa el anuncio del presidente sobre las investigaciones e incluso habría generado molestia en algunas empresas de vigilancia.
Así las cosas, al igual que con los archivos del DAS, el Gobierno se enfrenta a un proceso que no será sencillo, pues en Colombia no se han logrado armonizar las leyes en materia de política archivística, inteligencia y transparencia y acceso a la información pública. De hecho, expertos en archivo e historia consultados por El Espectador aseguraron que hay un tema en el que aún no se ha fijado el gobierno Petro, el del choque entre dos normativas que establecen diferentes tiempos para la desclasificación de archivos de inteligencia y contrainteligencia.
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Por un lado, según explicaron los especialistas, mientras la Ley de Inteligencia establece que el tiempo de reserva para ese tipo de archivos debe ser de 30 años, la Ley de Transparencia habla de 15 años. En el primer caso, documentos de 1995 hacia atrás se podrían abrir a la consulta de la sociedad civil, mientras que en el otro escenario incluso se podría desclasificar información de hasta 2010. Sin embargo, ni en el Gobierno ni en el Congreso se ha planteado este debate con seriedad.
Por otra parte, se mantienen varios interrogantes sobre los recursos que se necesitan para intervenir, conservar y digitalizar esos archivos colosales, pues está claro que el Ejecutivo vive una crisis fiscal y de gobernabilidad en el Congreso que le ha impedido lograr un respiro con una ley de financiamiento o una reforma tributaria.
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La apuesta del presidente Petro, según varios de sus funcionarios, es poner en el centro a las víctimas del conflicto armado y ayudar a construir memoria histórica y una cultura de paz abriendo la puerta a conocer el contenido de esas carpetas reservadas. Sin embargo, en casos como el del DAS, las Convivir y el Palacio de Justicia, también se trata de batallas muy personales que ha dado a lo largo de toda su carrera, pues las chuzadas, la parapolítica y otros fenómenos que involucran al Estado con la criminalidad fueron centrales en sus debates políticos como congresistas y ahora lo son en su narrativa como presidente.
Por lo pronto, Petro espera que se agilice el proceso para que la sociedad sepa cómo se regularon, supervisaron y operaron las Convivir durante casi cuatro décadas, particularmente en los 90, cuando se intensificó la violencia paramilitar. Como ya quedó evidenciado con su discurso en el pasado consejo de ministros, el tema seguramente también le dará otra arista a su relato contra la oposición y los gobiernos anteriores justo cuando se calienta la puja electoral por las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
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