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El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene claro que la disputa con la administración del republicano Donald Trump tiene un límite. Y no por falta de motivos para acrecentar la discusión binacional, pues la distancia ideológica de ambos mandatarios es grande y su visión de la lucha contra el narcotráfico es muy diferente, sino porque el bloque regional que se esperaba conformar para rechazar la intervención en Venezuela no se ha consolidado y la amenaza directa sobre el actual inquilino de la Casa de Nariño pone sobre la mesa otras aristas.
Tanto el oficialismo de izquierda como la oposición de derecha coincidieron –con los respectivos matices– en que el periodo constitucional de Petro termina el 7 de agosto y que, en el medio, están convocadas las elecciones del 8 de marzo (Congreso) y del 31 de mayo (Presidencia) para que se dé el democrático cambio de mando que ha sido tradicional en Colombia durante las últimas décadas.
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Eso es una forma directa de rechazar la declaración de Trump en torno a que Petro “no durará mucho tiempo” por tener en el país “fábricas de cocaína por todos lados”, lo que en todo caso también respondió el jefe de Estado al advertir que –de ser necesario– retomaría las armas como cuando militó en el extinto M-19 y que la población, sin ser detenida por la Fuerza Pública, debería tomarse el poder en todos los municipios si se da una agresión extranjera.
Pero mientras todo esto derivó en un debate en torno a la necesidad de respetar el calendario electoral y mantener en pie los comicios que se avecinan, en lo cual coincidieron aspirantes tan distantes como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella –entre otros–, desde el alto Gobierno se dieron pasos que van encaminados a bajarle el tono a la confrontación entre Bogotá y Washington; o al menos a evitar que los decibeles de la confrontación suban más.
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En efecto, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia (e), Andrés Idárraga, le informaron a agencias de inteligencia estadounidense que Colombia mantiene toda la disposición de colaborar en la lucha contra el narcotráfico en varios niveles, lo que incluye la porosa región de frontera con Venezuela pese al rechazo a la intervención que derivó en la captura del ahora encarcelado dictador Nicolás Maduro.
“Colombia ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación con Estados Unidos para la lucha contra las estructuras criminales y carteles de la droga con base en asistencia económica, tecnológica y de inteligencia de los Estados Unidos, para destruir campamentos de carteles, laboratorios y estructuras narcotraficantes en todo el territorio nacional, pero con más fuerza en la frontera colombo-venezolana contra las estructuras del ELN”, dijeron Benedetti e Idárraga.
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Ese mensaje es clave, porque es una forma de hablarle a la Casa Blanca en torno a la disposición del Gobierno colombiano de mantener el diálogo binacional más allá de los cruces verbales que suelen tener Trump y Petro.
De hecho, fuentes del Ejecutivo les confirmaron a reporteros de este diario que eso también es una forma de dividir la conversación: por un lado, se quieren cuidar las relaciones internacionales con el país que en todo sentido es el principal socio de Bogotá; y, por otro, se le habla a la base electoral del progresismo que necesita cohesión para acudir a urnas y que se dé, como quiere el jefe de Estado, la reelección inmediata de la izquierda.
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De hecho, esto último motivó que el propio mandatario citara para este miércoles a nuevas marchas a favor de su Gobierno. Dijo, tras varias reuniones con su gabinete y diálogos con los sectores políticos que lo respaldan, que debe haber manifestaciones en defensa de la soberanía. Él estará desde Bogotá.
“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia por la movilización general del pueblo, el miércoles a las cuatro de la tarde, en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo”, precisó Petro.
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Eso se conecta con los movimientos que vienen haciendo la canciller Rosa Villavicencio y las delegaciones diplomáticas de Colombia en Washington (liderada por Daniel García-Peña) y en Nueva York (encabeza de Leonor Zalabata), desde donde se promovió la sesión que este lunes realizó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En ese escenario se pidió rechazar la captura de Maduro, pero más allá de ciertas declaraciones aisladas no se logró ninguna acción concreta; algo similar pasó 24 horas antes en la cita virtual que se convocó de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac).
Pero esta tarea a nivel regional se mantiene, y de ahí que el propio Petro insista en la unidad continental para evitar el intervencionismo de la principal potencia del globo que, como lo dijo Trump explícitamente, tiene más interés en el petróleo venezolano que en la transición democrática en ese Estado.
De hecho, ahí entra la ruta de mediación que quiere hacer Bogotá y por la que, con el embajador en Caracas, Milton Rengifo, se mantienen canales con la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez. Ella es la continuidad del régimen chavista, pero con bemoles por la presión de la Oficina Oval; y la cercanía ideológica permite que ese puente esté tendido. Sin embargo, ni Trump ni el secretario de Estado, Marco Rubio, ven en Petro ni en su Gobierno a un interlocutor válido, por lo que los buenos oficios que plantea la Casa de Nariño chocan con los muros militares e incluso diplomáticos y económicos que ya levantó Washington.
La línea estratégica que trazó el presidente Petro, en paralelo a esos movimientos regionales, además incluye el plano electoral interno. De ahí que, con su visto bueno, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldado por la vicepresidenta Francia Márquez y otros miembros del gabinete, interpusiera denuncias penales contra los congresistas Lina Garrido (Cambio Radical) y Jhonatan Ferney Pulido Hernández (Alianza Verde) por respaldar las amenazas que lanzó Trump sobre Petro; eso es visto como “traición a la patria”.
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Si bien Garrido y Jota Pe rechazaron las acusaciones y la primera agregó una denuncia por injuria y calumnia contra Sanguino, su postura contrasta con la de otros sectores de la derecha y de oposición, como los candidatos Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y entre otros De la Espriella, quienes dijeron enfáticamente que Colombia, a diferencia de Venezuela, sí tiene institucionalidad para garantizar que vía urnas se puede derrotar al petrismo sin la mano extranjera.
Eso demuestra que en los dos bandos, izquierda y derecha, le quieren sacar rédito político a una situación que cada vez se hace más tensa. No obstante, Petro ha pedido que se le informe de todo movimiento en este sentido y que la vocería se centre en su figura presidencial o en la canciller Villavicencio; de ahí que –contrario a otras ocasiones– los mensajes estén canalizados y no se vea a todo un gabinete lanzando diversos dardos.
Lo cierto en todo este escenario es que el presidente Petro ya recibió informes de varias regiones y está alerta, con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para esquivar coletazos terroristas del ELN, la Segunda Marquetalia y otras estructuras narcotraficantes que tenían protección del régimen venezolano y que podrían buscar su retorno completo a Colombia. Y como la Casa de Nariño no puede llegar al punto de un rompimiento de relaciones con Washington, se ratificó que hay disposición de combatir todas esas estructuras criminales.
Sin embargo, como dijo unas de las personas que siempre está junto a Petro en todas estas discusiones, el mandatario no guardará silencio ante los ataques personales, pero sí determinará hasta qué punto debe subir el tono para responder sin que eso golpee más fuerte a Colombia; y desde la Casa Blanca, como aseguraron fuentes diplomáticas, se mantiene la diferencia entre el jefe de Estado y el país, por lo que las sanciones –como la inclusión en la llamada lista Clinton– gravitan solo en torno al presidente y parte de su Ejecutivo.
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