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“La exigencia de un cambio radical del gobierno en este momento no es realista”. En estas 14 palabras del presidente Gustavo Petro está condensado el giro que se vio obligada a ejecutar Colombia sobre cómo afrontar la crisis en la que está sumida hace varias décadas Venezuela y que se acrecentó con las polémicas elecciones del pasado 28 de julio que le sirvieron al régimen de Nicolás Maduro para atornillarse en el Palacio de Miraflores y dejaron a la oposición peleando desde la clandestinidad o el exilio.
Si bien la Casa de Nariño y el Palacio de San Carlos venían analizando qué rutas tomar para evitar que la negativa del Gobierno del país vecino a admitir una transición democrática derivara en un eventual rompimiento de relaciones, algo que el presidente Petro busca evitar a toda costa, la premura del tiempo para que desde Caracas se acepte algún tipo de fórmula alteró los planes.
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Y no es para menos. La declaración de Petro, divulgada este 19 de noviembre tras una entrevista con el medio brasileño O Globo, se da exactamente a 52 días de que la Asamblea de Venezuela –también controlada por el régimen– tome posesión de Maduro como reelecto presidente. El calendario de la nación bolivariana estipuló esa fecha para el 10 de enero.
“Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error las elecciones, miradas después; yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo”, dijo Petro desde Brasil, donde este lunes y martes cumplió agenda como invitado a la cumbre del G20.
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Y reconoció, en referencia directa a Maduro y la ignorada petición de Colombia en torno a que se revelaran las actas de votación del 28 de julio, que eso generó un manto de duda infranqueable sobre la jornada electoral que derivó en una oleada de violencia que dejó más de 2.400 detenidos y al menos 25 muertos.
“No generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones. Y dejó ese manto oscuro al no mostrar las actas”, precisó el mandatario colombiano.
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El Espectador estableció con fuentes del alto Gobierno que este giro se venía cocinando hace varias semanas, pero no solo por la negativa de Caracas de publicar las mencionadas actas, sino también porque la estrategia tripartita que se desplegó junto a México y Brasil al inicio de este nuevo capítulo de la constante crisis venezolana se desdibujó y Bogotá terminó aislada en sus llamados.
De hecho, el anfitrión del G20, Luiz Inácio Lula da Silva, ya había endurecido su discurso hacia Maduro y le había exigido pruebas para dilucidar las acusaciones de fraude. Esto solo generó una reacción verbal fuerte desde Caracas señalando a Brasil de querer, supuestamente, alinearse con Estados Unidos para afectar a Venezuela.
Pero lo mismo había hecho ya México en la transición entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, actual presidenta de ese país centroamericano, pues su principal interés está en la relación con Washington y el cambio de mando que se dará en 2025 con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Y otro eventual aliado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, desde el momento en que se ventiló el posible fraude –que dejó a Edmundo González en el exilio y a Maria Corina Machado en la clandestinidad– fustigó con fuerza a Maduro exigiéndole respetar el resultado en las urnas. Caracas también desestimó este llamado y cargó con el jefe de Estado chileno.
Sigilo diplomático
Pero mientras todos esos movimientos se agitaban, desde Bogotá se dio la instrucción de manejar con pinzas el tema, pues no solo la frontera común de más de 2.200 kilómetros es parte fundamental de la economía binacional, sino que la lucha contra la criminalidad que allí impera mostraba cierta recuperación.
Eso en todo caso contrasta con lo que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, admitió hace poco cuando dijo, desde Cúcuta –ciudad fronteriza el país vecino– que “hay que reconocer que tenemos serios problemas en materia de cooperación y coordinación binacional para proteger de la delincuencia una frontera tan extensa y con tanto conflicto como la que tenemos con Venezuela”.
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Por eso, y ante los más de 3 millones de venezolanos que se calcula han huido de la crisis y buscado paso o arraigo en suelo colombiano, se tenía un contacto diplomático sigiloso que evitara enturbiar las relaciones.
Lo que ahora hace el presidente Petro, con el acompañamiento del canciller Luis Gilberto Murillo y la operatividad del embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo, es esquivar el reconocimiento directo a Maduro como presidente reelecto, pero al mismo tiempo frenar una nueva crisis fronteriza.
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En este punto el factor económico es clave. Según le dijo recientemente el embajador Rengifo a este diario, para 2024 se tiene la proyección de alcanzar cerca de U$1.000 millones en exportaciones. Además, dijo que el primer año de reapertura, que comenzó en el segundo semestre de 2002, este ítem tuvo un incremento del 92% y, con corte a mayo de este año, ya pasaba el 38% respecto al mismo periodo anterior. Todo esto, por supuesto, impacta en la economía de quienes habitan de lado y lado en la región limítrofe.
Ahora, según las mismas fuentes consultadas por El Espectador, lo que sigue es analizar hasta qué punto se puede evitar una crisis política mayor, pues cada vez que Colombia exige algún gesto desde Caracas, los alfiles de Maduro y el propio líder del régimen atacan a Bogotá. Así ha pasado con Yván Gil, canciller venezolano, y Diosdado Cabello, ministro del Interior, quienes en solo los dos últimos meses han calificado a Murillo y tácitamente a Petro de querer alinearse con Washington para sacarlos del poder.
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Eso explica, además, por qué Petro endureció su tono contra Caracas, pero lo matizó criticando las sanciones que Estados Unidos impuso desde hace varios años contra Venezuela por la ausencia de democracia en ese país. De acuerdo con el jefe de Estado colombiano, esas medidas solo impiden el voto libre y el desarrollo de condiciones para que la gente no huya de su nación.
No obstante, el retorno de Trump –crítico del régimen venezolano y de un sector de la izquierda latinoamericana en la que está Petro– hace que el panorama no sea tan claro, pues el ahora reelecto mandatario estadounidense es partidario de las sanciones y, entre otras cosas, tiene una agenda internacional en la que esta parte de la región no es prioritaria.
El factor Monómeros
Y a todo este ajedrez geopolítico se le debe sumar la pelea en ciernes que hay entre Bogotá y Caracas por el futuro de Monómeros. Esta empresa, con sede en Barranquilla, es actualmente controlada por Venezuela, pero desde el Palacio de Miraflores se confirmó hace 10 días que la quieren privatizar. El anuncio lo hizo Álex Saab, un colombiano que ahora hace parte del gabinete de Maduro y a quien Estados Unidos tuvo preso por más de dos años por ser testaferro de ese régimen.
Petro, quien desde sus épocas como congresista de oposición ha mantenido el mismo relato, rechazó esa idea y le dirigió una carta a Maduro pidiéndole que reconsidere ese paso y, al mismo tiempo, comenzó un despliegue de acciones para intentar frenar esa movida.
En la Casa de Nariño tienen la tesis de que la decisión de Maduro de vender a Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela, podría ser una acción hostil hacia Colombia por no reconocer de forma explícita la victoria de Maduro, por lo que el futuro de la firma es otro punto que puede incidir en un enfriamiento mayor de las relaciones binacionales.
Hace tan solo 24 horas, la Superintendencia de Sociedad desplegó una actuación administrativa para someter al grado de supervisión –llamado “control”– a Monómeros Colombo Venezolanos S.A., lo que podría pausar la venta de sus acciones. En Bogotá hay expectativa por cómo responderán Maduro y su séquito a esta medida y las declaraciones de Petro.
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Lo que sí queda claro, al menos por ahora, es que el presidente Petro busca mantener un fino equilibrio en su relación con el Palacio de Miraflores que le permita esquivar una posible ruptura de relaciones, pues su proyección internacional como mediador podría verse golpeada por un paso de esa naturaleza y más si lo tiene que aplicar con alguien que ve ideológicamente cercano al autodenominado progresismo que profesa.
Las movidas que hará Bogotá en los próximos 52 días serán definitivas, y también dependerán mucho de las acciones que emprenda Caracas, porque al final, y más allá de la geopolítica, la crisis de Venezuela y su impacto en Colombia es un tema que suele calar con fuerza en momentos de tensión electoral como el que ahora mismo vive el país por la intención de Petro de reelegir a su proyecto político en 2026 y de la oposición de recuperar la Casa de Nariño.
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