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Casi que de inmediato, tras su arribo al Palacio de Miraflores en Caracas y luego de los cortos saludos protocolarios, el presidente Gustavo Petro fue conducido al despacho principal de la sede venezolana de gobierno para un cara a cara privado con su homólogo Nicolás Maduro. Y aunque la agenda formal se construyó en torno al avance de la relación binacional desde que se retomaron los canales diplomáticos, los análisis principales se los llevaron las tensiones internas que agitan al país vecino y los ruidos que hay en territorio nacional.
Por eso, en ese primer encuentro privado, se tocaron desde sus ópticas lo que pasa con el proceso electoral venezolano que se convocó para el 28 de julio y los frenos que han tenido varias candidaturas de la oposición a Maduro. Pero, además, se cruzaron comentarios sobre asuntos de agenda colombiana como las controversias que rondan la mesa de diálogo con el ELN y las trabas a los procesos con las disidencias de las extintas Farc; fracciones de esos grupos criminales tienen presencia en suelo venezolano y algunas de sus operaciones han tenido apoyo del régimen.
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Luego, en un encuentro ampliado con sus comisiones, estos asuntos fueron desmenuzados para poder organizar una declaración conjunta de los mandatarios y refrendar una alianza que, pese a la resistencia de varias otras naciones -incluso afines a la izquierda-, se convierte en una especie de validación de cada gobierno.
Eso explica, de acuerdo con fuentes extraoficiales que conocieron los pormenores de esta cita, que Petro y Maduro coincidieran en un mensaje público que necesariamente tuvo atravesada la estabilidad de cada territorio.
“La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia”, aseguró el presidente colombiano. “La paz y la estabilidad de Venezuela, en lo político, económico y social, es la paz y la tranquilidad de Colombia”, respondió el mandatario venezolano.
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Y sus cancillerías, en otro encuentro que se dio en la tarde de este martes en la capital del llamado Estado bolivariano, acordaron una declaración conjunta y escrita en la que el eje central fue, precisamente, la defensa de los intereses particulares de cada administración y el respaldo mutuo entre Bogotá y Caracas en la refrendación de los objetivos que se derivan de esos proyectos.
“Los presidentes han reafirmado el compromiso mutuo de apoyo a la paz y estabilidad política, social y económica en ambos países, especialmente lo inherente al papel de garante en los procesos de diálogo entre el gobierno de la República de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central de la FARC-EP, en los cuales Venezuela ha venido actuando como garante”, se lee en el documento en referencia a los diálogos de la llamada paz total de Petro con esas organizaciones criminales.
Y luego, como guiño al venezolano, se complementó: “El presidente Nicolás Maduro expuso en detalle los avances del proceso electoral del próximo 28 de julio, al cual se han inscrito 13 candidatos de 37 organizaciones políticas, todo en acuerdo con las leyes venezolanas y en concordancia con las discusiones realizadas entre el gobierno venezolano y las oposiciones, reflejadas en los acuerdos de Barbados y Caracas”.
Petro estuvo acompañado de sus ministros de Defensa, Iván Velásquez, y de Comercio, Germán Umaña, y de la directora del Dapre, Laura Sarabia. Y Maduro, entre otros, acudió acompañado del jefe militar de su administración, Vladimir Padrino.
Por eso no fue gratuito que ambos mandatarios, tras al menos cuatro horas que duraron las dos citas, coincidieran en un mensaje de lucha contra las bandas criminales que hay en ambas naciones y que usan los más de 1.200 kilómetros de frontera común para sus operaciones ilícitas, y de abonar esfuerzos para frenar el lavado de activos a través de mecanismos digitales como el uso de criptomonedas. Incluso, hablaron de transición energética e intercambio comercial. Pero, más allá de esto, los temas de fondo no fueron abordados de manera pública.
Petro dijo que se debía trabajar por “una paz política que pensamos debe darse en Venezuela”, y Maduro apoyó afirmando que “Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de ustedes más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela”.
En todo caso, la cita entre Petro y Maduro, la quinta formal desde que se reanudaron en 2022 las relaciones entre dos gobiernos ideológicamente cercanos aunque con bases electorales y políticas con ciertas diferencias, se generó en medio de varios ruidos que –al menos en lo público– se mantienen sin respuestas directas.
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Uno de ellos, y tal vez el de mayor tensión, es el que quedó al descubierto tras la denuncia periodística de Noticias Caracol en torno a cómo el régimen de Maduro estaría utilizando a la inteligencia y contrainteligencia venezolana para perseguir, secuestrar y hasta asesinar a sus opositores en naciones extranjeras, entre ellas Colombia y Venezuela.
Lo grave de estos señalamientos, que fueron denunciados hace ya dos semanas sin ningún tipo de claridad sobre la postura de la Casa de Nariño, es que las operaciones ilegales se habrían ejecutado con la ayuda de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el ELN. Esta última se sabe que tiene presencia en territorio venezolano y que ha sido cercana a los intereses del Palacio de Miraflores.
De hecho, Petro logró reconstruir el proceso de paz con ese grupo criminal –tras la ruptura que se dio durante la administración de Iván Duque– por intermediación del Gobierno de Venezuela, país en el cual se han desarrollado varios ciclos de diálogo y que hace parte de los Estados que apoyan la meda de negociación.
Maduro, por su parte, ha mantenido una narrativa tranquila hacia el primer gobierno de izquierda que hay en Colombia, lo que ha llevado a varias fuentes extraoficiales a advertir que entre ambos países hay una especie de acuerdo tácito –jamás escrito– de hacerse suave en el campo diplomático para facilitar el desarrollo de las relaciones binacionales.
Eso explicaría en parte por qué, pese a las alertas que se han lanzado desde varias partes del globo sobre el disfraz de democracia que supuestamente quiere imponer Maduro a las polémicas elecciones del 29 de julio próximo, Bogotá se ha mantenido al margen de lo que pasa en Caracas.
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Si bien Petro dijo que la inhabilidad administrativa de candidatas como María Corina Machado era un “golpe antidemocrático”, pese a que matizó asegurando que casos similares se han registrado en Colombia u Honduras, los reclamos no han pasado de ahí. Incluso, el canciller Murillo expresó la “preocupación” de Colombia por esos asuntos, lo que fue de inmediato calificado por su par venezolano, Yván Gil, como una “intromisión” indebida en los asuntos internos.
Y aunque los dos cancilleres tuvieron una reunión previa en Cúcuta, 24 horas antes de la cita Petro-Maduro, los temas de fondo siguen pendientes. Además, en la reunión de los ministros se confirmó que Colombia haría parte del grupo de veedores internacionales de las presidenciales del 28 de julio, algo que fue duramente criticado por la oposición local que habla de dictadura en el país vecino.
“No quieren pelear con Maduro, pero, como alguien me dijo, tampoco se quieren retratar con él. Maduro es incómodo para la izquierda latinoamericana, incluyendo México y, por supuesto, Chile, que ha sido mucho más confrontacional con el gobierno de Maduro”, le dijo recientemente a este diario Margarita López Maya, historiadora, profesora jubilada titular de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de la Latin American Studies Association.
Ahora bien, Washington no ha sido ajeno a este proceso. Aunque la Casa Blanca no tiene una relación directa con Venezuela, sí es un hecho que la administración demócrata de Joe Biden ha reducido las sanciones y avaló el llamado Acuerdo de Barbados, que se tiene que revisar el 18 de abril próximo y ya tiene desde enero pasado un reinicio de cierta parte del bloqueo.
John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, dijo en su momento que “el régimen de Maduro se comprometió el pasado otoño a permitir unas elecciones libres y justas y a facilitar la participación de los partidos de la oposición; tiene hasta la primavera para cumplir con este compromiso”. Fue la notificación de Estados Unidos en torno a que, pese a todo lo que ha cedido –hasta sacó de la cárcel al polémico Álex Saab y le retiró los cargos federales en Florida–, sigue de cerca lo que suceda electoralmente.
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Por ahora, mientras estos otros asuntos se decantan y Estados Unidos mantiene las recompensas de 10 millones de dólares por la captura de Maduro y varias de sus fichas por cargos de narcotráfico, Petro decidió pasar la noche en Caracas, para este miércoles muy temprano desayunar con empresarios y aliados de Procolombia. Eso sí, la duda de por qué esta quinta cita y las anteriores entre ambos mandatarios se han hecho en Venezuela, y ninguna en Colombia, dejó un margen muy abierto de respuestas que ninguno de los presidentes quiere abordar públicamente.
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