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Con una organización gestada a la luz de una alta dosis del erario y con la mira puesta en que todo el Gobierno se movilice con el fin de que el progresismo tenga una segunda oportunidad en el poder, ya está todo listo para lo que podría convertirse en el lanzamiento oficial de la campaña por el sí a la consulta que el presidente Gustavo Petro ordenó ejecutar. El objetivo –bajo la tesis de darles oxígeno a sus reformas– es medir qué tanto apoyo popular real conserva.
Es por eso que, si no cambian las agendas establecidas, el país será testigo el próximo 3 de abril de un evento electoral en el que se tiene prevista la presencia del jefe de Estado en el municipio de Soledad, Atlántico, donde se daría el arranque formal y explícito de la campaña por el sí y la búsqueda de los 13,6 millones de votos que se requieren para que tenga validez jurídica la propuesta que promueve el Ejecutivo vía urnas.
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El mismo presidente pidió que estos comités se conformen en todas las ciudades y se vinculen a la movilización permanente. Y a partir de la cita en Soledad se irían conformando estos grupos en otras zonas y con la participación de comunidades indígenas, sindicales y obreras.
Diversas fuentes de la Casa de Nariño y del entorno más cercano al mandatario confirmaron que la apuesta es que ese jueves3 de abril se logren concretar al menos 5.000 personas desde el Departamento de Prosperidad Social (DPS), cuyo común denominador es que sean adultos mayores beneficiarios de los programas de atención a la tercera edad y que estén incluidos quienes reciben bono pensional.
Lo que se tiene previsto es que haya tarima, puesta en escena y discurso presidencial. Todo con el fin de comenzar de forma oficial y en plaza pública a remarcar que, a juicio de la Casa de Nariño, el país debe movilizarse hacia una consulta que incluiría 11 preguntas y cuyo eje central es preguntar sobre asuntos que no lograron consenso en el Congreso en torno a la cirugía al sistema laboral que quiere implementar la administración progresista.
Algunos puntos, que ya han sido ventilados por Petro y varios de sus funcionarios, se relacionan con la extensión de la jornada laboral, el pago de horas extras y, entre otros asuntos, las formas de aplicar procesos de teletrabajo.
En ese contexto, según le dijo a este diario Gustavo Bolívar, director del DPS, se está cumpliendo la instrucción de que cada entidad del Ejecutivo analice a qué rubros se les pueden aplicar recortes para que, al estilo de una vaca oficialista, todos los sectores públicos del orden nacional aporten a la campaña por el sí.
“La democracia cuesta y es cara. (…) Vamos a tener que hacer recortes en diferentes rubros, seguramente nos van a pedir sacrificios en todas las entidades y que aportemos. (…) Es una vaca, pero no en efectivo, sino de recorte”, confirmó Bolívar en una reciente entrevista con El Espectador.
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En paralelo, mientras se buscan los recursos para la campaña y la ejecución misma del proceso de convocatoria a urnas –que de acuerdo con fuentes de la Registraduría podría costar alrededor de $500.000 millones–, hay grupos de trabajo de varias entidades diseñando eslóganes, buscando espacios de difusión tradicionales y virtuales y elaborando mercancía de propaganda como gorras y camisetas que será distribuida a lo largo de todo el país en los comités del sí que también tendrán financiación oficial.
La tesis es sencilla. Si bien la oposición ya viene alertando por lo que será el gasto de recursos públicos en una campaña eminentemente electoral, desde el Gobierno concluyeron que al conformarse grupos promotores del sí desde el seno mismo del Ejecutivo, se pueden hacer estos giros del erario sin incurrir en irregularidades normativas.
Eso, en todo caso, se está amarrando jurídicamente con los equipos de Palacio y de algunos ministerios, como los del Interior –liderado por Armando Benedetti–, del Trabajo –comandado por Antonio Sanguino– y, entre otros, de Justicia –encabezado por Ángela María Buitrago–, para poder solventar las demandas y estrategias legales que los contradictores de Petro ya anunciaron que interpondrán sobre la consulta misma y en torno a los movimientos adicionales que requiere.
Además, según el régimen normativo colombiano, los comités que se constituyan para promover el no –e incluso hay voces que dicen que debería pasar lo mismo si se constituyen legalmente grupos por la abstención– también deberían recibir financiación pública.
“Ya escogimos 11 temas, entre los que están los cambios en la jornada laboral, ahora hay que buscar una redacción más facilista”, confirmó esta semana Benedetti. Hay que “garantizar la seguridad de quienes quieren votar por el no”, confirmó Petro.
El Espectador estableció que uno de los asuntos en los que aún no hay consensos internos es si a las preguntas se les debería o no incluir la expresión “como propone el Gobierno”. La falta de acuerdos con este punto es que eso dejaría explícito que el interés de fondo del presidente Petro es medir el respaldo popular que conserva, aunque hay otros funcionarios que defienden ese paso al indicar que garantiza que quienes vayan a urnas sepan de dónde proviene la propuesta.
A esto hay que sumarle que los estrategas del progresismo ya están elaborando etiquetas para mover en redes, las cuales también se incluirían en las piezas publicitarias tradicionales que se desplegarán. Lo que hasta ahora se sabe es que Petro quiere que estén expresiones como “el pueblo manda”.
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Ahora bien, mientras se avanza en la preparación de la campaña –que incluirá una alta carga verbal polarizante que se confirma con el uso de adjetivos cada vez más fuertes desde el Ejecutivo hacia la oposición y viceversa–, el ala política del Gobierno busca cómo amarrar apoyos en el primer paso de todo este andamiaje: su trámite por el Senado.
En efecto, la Casa de Nariño debe presentarle al pleno de esa corporación un proyecto justificando la consulta popular, incluyendo las preguntas específicas que se quieren llevar a urnas. Cuando este paso se dé, el pleno del Senado votaría para definir si aprueba o no la propuesta de la primera administración de izquierda pura que tiene el país.
En este punto hay dos interpretaciones. Por un lado, hay quienes hablan de que la aprobación requeriría de una mayoría calificada, que es de 53 votos (la mitad más uno de los 105 senadores que hay actualmente); pero, al mismo tiempo, hay argumentos jurídicos que indican que la norma no define el tipo de mayorías que se requieren para aprobar en el Legislativo una consulta, por lo cual el Ejecutivo podría lograr una victoria con los votos de la mitad más uno de los senadores que asistan a la sesión que se convoque para decidir.
En todo caso, para consolidar apoyos, Benedetti, Sanguino y otros ministros han mantenido diálogos con senadores de diversas vertientes, incluyendo al oficialismo, para buscar ese respaldo. Estas conversaciones incluyen, por supuesto, la apertura a más representatividad en el Gobierno en entidades del orden nacional y territorial que estén ligadas al Ejecutivo.
Pero la tarea no es fácil. El Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y Cambio Radical del exvicepresidente Germán Vargas Lleras –partidos de oposición declarada que suelen actuar con cohesión en sus bancadas– suman 22 votos que le dirían no al proyecto de Petro. Y, en contraste, el Pacto Histórico tiene 20 senadores que fijo apoyan a la Casa de Nariño, por lo que se deben cazar respaldos en las bancadas liberales, verdes, conservadoras y de otros sectores minoritarios que aún no han definido su postura.
Ese pulso comenzará en forma a mediados de abril, cuando se tiene previsto enviar el proyecto al Congreso, según confirmó el ministro del Interior. Pero mientras eso pasa la Casa de Nariño, con Petro a la cabeza, tiene andando a toda marcha la campaña electoral por la consulta.
Y el primer paso clave y oficial se dará este 3 de abril en Soledad, Atlántico, municipio de esa región Caribe que ahora Petro visita con más frecuencia. La razón es que Efraín Cepeda, presidente del Congreso avalado por el Partido Conservador, se volvió un duro contradictor del Gobierno y la intención del jefe de Estado es debilitarlo políticamente en su tierra natal.
Esto último llevó a que, debido a la agresividad con la que se está dando ese paso, sin que obviamente la oposición se quede atrás, Cepeda haya ido a Washington a pedir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el ejercicio democrático de los contradictores del Gobierno. El legislador también se ha reunido con homólogos de Estados Unidos.
Sin embargo, el Gobierno también ha dado sus pasos para ganar el guiño de la administración de Donald Trump y recientemente firmó un acuerdo para intercambiar datos biométricos.
Por ahora, en medio de una campaña anticipada, el país ya sabe el fondo de los objetivos del oficialismo y la oposición con la polarización que ambos bandos alimentan y que tendrá un primer termómetro de urnas con esa consulta si finalmente se convoca. El Gobierno quiere reelegir al progresismo en 2026 y sus contradictores frenar esa intención recuperando espacios de poder. La expectativa en todos los frentes es muy alta.
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