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Tanto el Gobierno del presidente Gustavo Petro como la oposición que se agrupó en torno al Centro Democrático y Cambio Radical desplegaron, casi al mismo tiempo, una estrategia de denuncias internacionales mutuas para buscar respaldo extranjero en medio de la dura polarización que azota al país y que ya hace parte del menú político que ambos bandos quieren ofrecer para las presidenciales de 2026.
Si bien lo hacen a través de canales distintos, pues finamente la diplomacia es cuestión de un Estado y en este momento quien lidera al colombiano es el presidente Petro, su finalidad es tan similar que hasta se parecen en los términos.
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En tan solo las últimas 24 horas eso quedó en evidencia. En efecto, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, aseguró en una sesión extraordinaria de esa instancia multilateral –este 11 de septiembre–que supuestamente hay sectores nacionales que tendrían el interés de frenar a la primera administración de izquierda.
Y se escogió la fecha como un acto simbólico, de los que tanto usa el actual inquilino de la Casa de Nariño, porque se relaciona con lo que sí fue un golpe de Estado en el Chile de 1973 contra Salvador Allende. La razón es que el actual Gobierno ha tomado ese relato para intentar denunciar una situación similar en Colombia y hasta el propio Petro lo ha impulsado públicamente; de hecho, el próximo lunes se colgará en Palacio un cuadro del inmolado mandatario chileno.
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Según el embajador Vargas, habría “una serie de acciones sistemáticas para derrocar al presidente Gustavo Petro y silenciar la expresión libre”. Y agregó: “En Colombia, pese las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún hoy se expiden actos administrativos que suspenden derechos políticos, con especial sesgo contra los congresistas de la coalición de gobierno”.
Esa narrativa toma como base la investigación por presunta violación de topes electorales en la campaña de 2022 que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sí tiene la facultad legal de adelantar el proceso administrativo mas no la de tocar jurídica o penalmente al jefe de Estado. No obstante, desde el Ejecutivo dicen lo contrario.
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Además, este mismo jueves, desde un encuentro de medios alternativos, comunitarios y digitales que promovió la Casa de Nariño en Armenia (Quindío), Petro reiteró la teoría en torno a la figura de Allende y la supuesta intención de que quieren afectar su mandato por el hecho, entre otras cosas, de que su Gobierno no ha logrado construir acuerdos políticos.
Incluso, como lo muestra la coordinación de la estrategia oficialista, el embajador Vargas dijo en Washington que las supuestas medidas contra su administración tienen un fin: “Estas acciones persiguen el objetivo final de cercenar los derechos políticos de un gobierno elegido democráticamente y de los millones de ciudadanos que lo eligieron. No podemos permitir que la institucionalidad y el derecho colombiano se modifiquen a la medida de los intereses de algunos actores políticos”.
Además –según fuentes oficiales–, la asistencia de Petro a la Asamblea General de Naciones Unidas la última semana de septiembre será utilizada para reforzar ese relato a nivel internacional. Y si bien solo falta que se conozcan las líneas en que lo hará ante el pleno de esa instancia, lo cierto es que la instrucción ya está dada para organizar ese propósito.
Pero el petrismo gobernante no es el único que está en esa vía. De hecho, este mismo 11 de septiembre llegó ante la Organización de Estados Americanos una denuncia similar, pero promovida desde el partido opositor Centro Democrático.
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Lo que advirtió el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe es que las acciones del jefe de Estado de las últimas semanas solo tienen como fin –desde su óptica– debilitar la institucionalidad cuando no se encamina en los propósitos que promueve desde el Gobierno.
La denuncia la remitió el representante Hernán Cadavid, quien advirtió que los ataques de Petro al Consejo de Estado y al CNE, al igual que al mismo Congreso y a otras altas cortes, buscan debilitar la institucionalidad y golpear la democracia colombiana.
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“Su negativa a aceptar el control del CNE constituye una grave amenaza al Estado de Derecho en Colombia. El CNE, como órgano encargado de la transparencia electoral, tiene la autoridad de investigar posibles irregularidades en las campañas presidenciales. Los ataques del presidente a estas instituciones son una interferencia directa en los mecanismos de control establecidos por la Constitución”, precisó Cadavid en su oficio remitido a la OEA.
Además, en medio de este cruce de versiones en torno a las supuestas afectaciones democráticas que ambos bandos políticos denuncian internacionalmente, coinciden en pedir vigilancia sobre lo que sucede en el país.
“Instamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante estos intentos de debilitar las instituciones democráticas colombianas, recordando que, meses atrás, denunciamos la arremetida del primer mandatario a organismos de otras ramas del poder público, como lo es la Corte Suprema de Justicia, instituciones fundamentales para garantizar elecciones libres y justas, y solicitamos un pronunciamiento en defensa de la institucionalidad en Colombia”, enfatizó el Centro Democrático.
A esto hay que sumarle que hace menos de dos semanas, tal cual lo reveló El Espectador, desde Cambio Radical se le elevó una solicitud de vigilancia similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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En efecto, el senador David Luna, avalado por ese partido también de oposición, le pidió al organismo multilateral analizar con lupa los ajustes que la Casa de Nariño de Petro le está haciendo a la Dirección Nacional de Inteligencia y que, según el legislador, podrían derivar en abusos contra quienes hoy ejercen la oposición.
En todo caso, mientras los dos sectores piden vigilancia sobre Colombia, se da otra coincidencia en sus relatos. Tanto petrismo como oposición advierten que para frenar los supuestos abusos que denuncian se deben ganar las elecciones del 2026.
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Por los lados de los adeptos del jefe de Estado quieren que el proyecto progresista se reelija y así mantener el poder; y, por los de la oposición, se busca recuperar la Casa de Nariño para comandar nuevamente al Ejecutivo.
Lo cierto de todos estos escenarios es que oficialistas y oposición anticiparon el debate electoral del 2026 y tensionaron la cuerda institucional en medio de una polarización que sube de tono día a día por cuenta de las acciones y relatos de ambos bandos políticos.
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