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En un decreto interno del Ministerio de Defensa, emitido en el 2019 y que se mantiene clasificado y es solo para el uso de los organismos de inteligencia, estaría la base con la cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere poner a andar su propuesta de pagar recompensas para quienes den informaciones sobre compradores de votos en las regionales de este 29 de octubre.
Aunque es un documento de consumo interno de altos estamentos de seguridad, fuentes oficiales le confirmaron a El Espectador que en su génesis se habla de incentivos para que la ciudadanía denuncie hechos concretos delictivos que permitan desmantelar organizaciones criminales. Y, con base eso, es que quieren desarticular estructuras de compra de votos.
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Y es en ese contexto que Petro advirtió, vía X, que se está delineando la estrategia para que quien dé información certera que permita atacar ese delito y a las bandas que lo organizan y ejecutan, podría recibir hasta un 10 por ciento del dinero incautado a este tipo de delincuentes.
Si bien a través de esa red también habló de pagos de hasta 5 millones de pesos, desde los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Policía explicaron, extraoficialmente, que ese monto no puede estipularse sin una base jurídica que es, precisamente, la que se está terminando de cocinar y que este miércoles se dará a conocer públicamente.
“Cumpliendo claras instrucciones del señor Presidente hemos trabajado con el señor director de la Policía, general William René Salamanca, en una estrategia para enfrentar la compra de votos el próximo domingo en el país. Este miércoles, en la dirección de la Policía, explicaremos cómo funcionará esto de las recompensas, los montos, la estrategia y el número de uniformados involucrados en toda una estrategia de policía judicial para enfrentar a quienes quieren corromper la democracia”, aseguró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
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En ese punto se hace clave otro asunto que confirmó este diario. En las dos reuniones de articulación que se hicieron en las últimas 48 horas para determinar cómo se podría poner en marcha el pago de recompensas por información de quienes compren votos, se estableció que la Policía debe echar mano de varias facultades que se le otorgaron a través de la Ley 1801 de 2019, conocido como de Seguridad Ciudadana.
En efecto, en el articulado de dicha norma quedó establecido que los uniformados podrán realizar capturas en flagrante cuando se trate, en otras cosas, de comportamientos contrarios a la convivencia que puedan derivar en conducta punible penalmente.
Ahí es cuando, de acuerdo con lo que se ha analizado hasta ahora y que se definirá con todo detalle este miércoles, se da la instrucción a la Policía de que verifique la información dada por la ciudadanía y, de proceder, arreste a quien sea encontrado pagando dinero o dando algún tipo de dádiva a cambio de direccionar un voto en favor de algún candidato u organización política.
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Además, de acuerdo con las personas que vienen articulando la estrategia, se quiere hacer especial énfasis en que todos los ciudadanos, tanto funcionarios públicos como quienes ejercen otras actividades, tienen la obligación de denunciar la posible comisión de delitos o la ejecución de alguna irregularidad. Esto bajo los preceptos legales del actuar con acción u omisión.
Incluso, de acuerdo con lo hablado en las dos reuniones de articulación realizadas en Bogotá, es clave el papel que jueguen los directores departamentales de Policía, porque es a través de ellos que se replicará la información hacia todos los uniformados para que se pueda ir a la “caza” de los compradores de votos.
Es por esto que Petro, a través de uno de sus habituales trinos, advirtió que “todos los jefes seccionales de Policía serán evaluados de acuerdo al balance que tengan en la captura de responsables de delitos contra el sufragio. Toda la actividad de inteligencia nacional debe concentrarse en la detección de la compra del voto hasta el cierre de urnas. La compra de votos no debe ser permitida en ninguna parte del territorio nacional”.
(Petro autorizó pago de recompensas a ciudadanos que denuncien compra de votos)
En medio de los preparativos para la puesta en marcha de esa estrategia, en la que Petro quiere un énfasis fuerte de toda su administración por ser las primeras elecciones en las que él oficia como Jefe de Estado, y en las cuales quiere que su proyecto progresista se expanda –aunque las encuestas evidencian que esa tarea no es sencilla–, la Policía reveló que ya se están atendiendo 211 denuncias penales por la presunta comisión de delitos electorales.
Esta información se recopiló bajo el paraguas del programa “Plan Democracia”, en el cual se detectó que 140 de esas denuncias corresponden a fraude en la inscripción de cédulas, 25 a posibles acciones de constreñimiento al elector y, entre otras, 21 de supuesta corrupción del sufragante. Además, se reportó que los municipios que agrupan la mayor cantidad de estos requerimientos judiciales son Cartagena, Bogotá, Pasto, Jamundí y Soacha.
En todo caso, desde China, Petro está muy atento a cómo se despliega el programa de pago de recompensas para combatir la compra de votos, pues considera, entre otras cosas, que esa actividad delictiva ha sido usada en contra suya y de sus alfiles políticos en otros certámenes electorales. Y, por eso, quiere blindarse.
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