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Oxígeno y asfixia. Si la nueva política contra las drogas de uso ilícito del Gobierno de Gustavo Petro pudiera resumirse en dos pilares serían esas palabras, que no solo desataron tensiones con los cocaleros, sino también entre funcionarios de su propia administración que le advirtieron al Presidente que no las utilizara en el documento final que se socializó este martes en la vereda El Tablón, del municipio de El Tambo, en pleno centro del Cauca. Ahora bien, pese a los reclamos y alertas, los conceptos se mantuvieron porque –como contó un integrante del Ministerio de Justicia– “hay que darles caramelo a todos”.
Una de las apuestas de Petro es justamente cambiar el enfoque en la lucha contra las drogas y poner a los cultivadores como protagonistas, en primer lugar, para frenar la estigmatización. Pero también le apuesta al cambio de enfoque en el abordaje de la salud pública como garantía de detección temprana de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
El pasado 11 de septiembre, el Gobierno presentó la política con la que trazó un plan integral que implica una inversión de $21 billones y cuya vigencia es hasta 2033. La propuesta sobre la mesa es ambiciosa y busca renunciar a la guerra del Estado contra el narcotráfico como ha sido concebida, pero también involucrar a otras carteras –como la de Salud– para implementar un programa de atención integral y controlar el consumo.
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Por eso, el viceministro de Salud, Jaime Urrego, que acompañó el lanzamiento en El Tambo, anunció que su cartera ya trabaja en una resolución que dé gratuidad ante el Invima para quienes busquen comercializar productos de economía popular derivados de la marihuana y la coca. Su intervención no fue en vano: mientras hablaba, campesinos de la región montaron una feria de productos a base de hoja de coca, marihuana y amapola afuera del recinto.
Y aunque el abordaje de prevención en salud es uno de los puntos en los que el Gobierno ha encontrado más consenso, El Espectador conoció el documento que los líderes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) le entregaron al presidente y en el que plantean reparos que van desde el nombre de la política, hasta la preocupación de no ser incluidos en la implementación.
Su primera queja es el hecho de que la política haya sido discutida en el Consejo Nacional de Estupefacientes, pese a que esa es la máxima autoridad en materia de drogas y, por ley, el escenario para debatir sus ajustes.
Las observaciones de los cocaleros no surgieron de un día para otro, aunque las últimas pinceladas sí se dieron dos horas antes de que Petro arribara al Cauca. Mientras se organizaba el protocolo de un evento que reunió a más de 4.000 personas en El Tablón, en el último rincón de la cancha de fútbol se reunieron once delegados del Coccam en una mesa redonda que daba la espalda a la tarima desde donde intervenían ministros y delegados del Gobierno.
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Con computador en mano resaltaron el documento, escribieron sus preocupaciones y debatieron la forma en que se las presentarían al Jefe de Estado. Una de ellas se ciñe, específicamente, al hecho de que en la política contra las drogas se habla de que seguirá la erradicación forzosa en los casos de grandes cultivadores que tengan infraestructura para el procesamiento de la pasta base de cocaína. En el documento del Gobierno se refieren a ese punto como la “industrialización” de los cocaleros.
Para el Coccam quedó un vacío en el documento. “No quedó especificado cuál va a ser el hectariaje (la cantidad de tierra) para definir si un cultivador es pequeño o es industrial. Estupefacientes no puede ser quien defina qué área de coca, amapola o marihuana es para ellos industrial o qué área es pequeña”, explicaron.
Lo que sí dejó claro Felipe Tascón, director de sustitución de economías ilegalizadas, es que el límite entre un cultivador pequeño y un cultivador industrial son 10 hectáreas.
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Otro de los puntos que rechazan es la intervención militar en los territorios más afectados por el conflicto y cuyo centro de economías es el narcotráfico, como el Cañón del Micay, conformado por los municipios más cocaleros del departamento: El Tambo, Argelia y López de Micay. Durante comienzo de septiembre, las Fuerzas Militares, por orden del presidente Petro emprendieron la Operación Trueno para “tomaron control del territorio para brindar protección a las familias afectadas por el Estado Mayor Central”, según un comunicado de la presidencia.
Se refería a las disidencias del “Iván Mordisco”, pues el propio Petro dijo este martes: “No podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma”.
Pero “Trueno”, como le dicen los habitantes del Cauca, ha generado incertidumbre en la economía cocalera de supervivencia. “Con la toma de militares por el Cañón del Micay cerraron la salida de coca por el Pacífico Nariñense; entonces ahora toca sacarla por el occidente o norte del departamento, y eso hace que como hay tanta (pasta de coca) saliendo por la misma vía, se aumentó la oferta y el precio se cayó en un 50 %”, contó un cocalero de Morales (Cauca).
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Por eso, la guerra contra las drogas, para ellos, debe ser de manera simultánea una lucha frontal contra el hambre. “Pasé de ganarme $800.000 mensuales vendiendo la hoja a que me paguen $ 450 mil desde que cerraron el Cañón del Micay. Eso sí es asfixia”, contó el líder.
Es esa asfixia que en el papel quedó estipulada como un mecanismo para afectar a los eslabones más altos del narcotráfico. “Pero los narcotraficantes no están siendo golpeados porque, al contrario, desde el cierre del Ejército, como hay tanta coca, nos la compran más barata”, advirtió el cocalero.
Cauca es el cuarto departamento con más cultivos de uso ilícito. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, hasta 2022 había 26.222 hectáreas de coca en esta región, lo cual no es una cifra nada menor frente a las 230.000 que hay todo el país. Además, su ubicación estratégica con la Costa Pacífica y Ecuador hizo que fuera una de las rutas de narcotráfico más sólidas.
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Para el Gobierno, la estrategia es implementar la política de manera simultánea al avance del Ejército en territorios que están controlados por las disidencias al mando de “Iván Mordisco” –principal actor ilegal de la zona mas no el único–, con quien se instalará la mesa de diálogo el próximo de 8 de octubre.
Y sobre el oxígeno que Petro busca inyectar a las comunidades a través de la sustitución voluntaria de cultivos y el cuidado ambiental de los territorios que están en Ley 2 (zonas de reserva forestal), Coccam también habló sobre su preocupación por la falta de reconocimiento constitucional a las guardias campesina, cimarrona y comunitaria en esa labor.
Aunque ese punto lo rebatió el mismo Petro en su intervención, cuando aseguró que “acá no discriminamos las guardias, sean las que sean, acá velamos por el pueblo colombiano”.
De hecho, aunque la única guardia que tiene reconocimiento en la Constitución es la indígena, el Gobierno sí la incluyó en la política antidrogas como “mecanismos de protección colectiva, física, cultural, de defensa del territorio, la vida y los derechos humanos”. Y justo eso esperan los líderes: que las guardias se conviertan en el enlace entre el Estado y la comunidad para los procesos de sustitución de cultivos de manera progresiva.
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La idea que hay sobre la mesa, según pudo conocer este diario, es fomentar la producción de cacao y de chontaduro en todo el Cauca. Para eso habrá apoyo de más de 15 ministerios, entidades y oficinas del Gobierno que tienen el reto de no incumplir la promesa de la sustitución.
Otro de los pilates centrales es el de la justicia social y dignificación con el que se busca “reconocer y buscar subsanar el daño” a las comunidades cocaleras que han sido perseguidas y estigmatizadas.
Para el lanzamiento de esta nueva política oficial, el presidente reunió a su gabinete ministerial y a su círculo político más cercano en temas de paz. Danilo Rueda, alto comisionado de Paz, intervino para hablar sobre el rol de las negociaciones en el cambio planteado. A su lado derecho se sentaron el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, y Vladimir Fernández, secretario jurídico de Presidencia y actual ternado para la Corte Constitucional.
Esa comitiva de Petro llegó sobre el mediodía para formalizar el plan piloto de la política de drogas que, según funcionarios del Gobierno, a Estados Unidos todavía no termina de convencerle.
Lo cierto es que, discursivamente, Petro insistió en que la guerra contra las drogas debe ser contra el fentanilo y no contra la coca y la marihuana. “Este programa comienza aquí, en una sustitución histórica que empieza con el cultivo pero que termina con el alma”.
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Por Valentina Parada Lugo
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