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Cuando Gustavo Petro y sus compañeros del M-19 dejaron la lucha armada le juraron a Colombia que en adelante solo confrontarían por medio de la palabra. Y cumplieron. Fue precisamente a través del ejercicio de la política activa y por las vías legales como se convirtió en el primer exintegrante de un grupo guerrillero que obtuvo la presidencia de Colombia.
Se catapultó en política a punta de juiciosos debate en los que expuso las relaciones entre mafia, corrupción y política en Colombia. Y lo hizo desde el mismísimo Congreso de la República, mirando cara a cara a varios de sus colegas, a los cuales endilgaba responsabilidades concretas en casos como el del escándalo judicial de la parapolítica.
Varios de los aludidos acudieron a la estrategia de guardar silencio, pero otros anunciaron en voz alta que llevarían a Petro a los estrados para hacer que rectificara por sus “infundados señalamientos”. Y también cumplieron. Al final, tanto los que guardaron silencio como los que optaron por denunciar a Petro terminaron condenados por los hechos que él les había sacado a relucir en los debates en el Congreso. No importa si se trataba de algún Rebollo de Sucre, Caballero de Magdalena o hasta Uribe de Antioquia.
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Eran épocas en las que legisladores como Roberto Gerlein, en su momento el senador más longevo de Colombia, se recostaban en la curul para poner atención a las intervenciones de Petro. “No joda. Uno podrá no estar de acuerdo con lo que dice Petro, pero cómo sabe ese muchacho”, señalaba el ya fallecido legislador conservador de Atlántico.
Ahora, así como casi siempre ha acertado en sus elaborados discursos, a Petro se le conocen verdaderos descaches por los cuales ha tenido que poner la cara y excusarse en público. Casi siempre están relacionados con su muy conocido afán de discutir a través de Twitter. Los ejemplos de casos relacionados con metidas de pata por la trinadera presidencial son muy comunes por esta época, pero -en el caso de Petro- no son asunto nuevo.
En junio de 2015, la tumba de Jaime Pardo Leal, el asesinado excandidato presidencial de la Unión Patriótica, resultó rota y con evidentes signos de destrozos, ante lo cual el entonces alcalde de Bogotá no pudo resistir la tentación de sentar su enérgica protesta en la red social: “Quieren volver a asesinarlo. Así dejaron extremistas de derecha la tumba de Jaime Pardo Leal. Mensaje contra la Paz”, escribió indignado.
Apenas horas después tuvo que recoger su molestia frente a ese hecho específico y trinar que “la tumba de Pardo Leal no fue dañada por acción del vandalismo. Un árbol viejo cayó encima de ella hace unos días”. Las burlas de sus contradictores políticos dieron para todo tipo de comentarios en Twitter, en donde muchos concluyeron que eso le pasaba al entonces alcalde Petro por lenguaraz.
Tres años después fue muy sonado su rifirrafe con el expresidente Álvaro Uribe debido a que Petro dijo en una emisora que su contradictor debería estar preso por paramilitarismo. Uribe lo entuteló y le ganó por violación a sus derechos a la honra, el buen nombre, la dignidad y la presunción de inocencia.
La jueza del caso le ordenó a Petro rectificar sus declaraciones y, cuando todo el mundo creía que el asunto terminaría ahí, el líder de la Colombia Humana cambió la expresión “debería estar preso” por una frase que indignó aún más a Uribe. “Hay hechos, indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad”.
Pese al reclamo de Uribe, la justicia señaló que Petro sí había cumplido con su obligación de retractarse. Lo que había dicho ya no era un señalamiento sin sustento jurídico, sino una opinión personal, basada incluso en sus propios debates contra el paramilitarismo.
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¿Irrespeto a las cortes?
Con todo y lo polémicos que hayan resultado sus trinos o los señalamientos que hizo como congresista, lo de ahora parece bien distinto pues el presidente Petro es el jefe del Ejecutivo y debe respetar a los demás poderes públicos. Sus declaraciones ya no tienen el peso de las de un simple congresista y pueden generar problemas muy graves en las relaciones entre las instituciones.
Para no ir más lejos, Petro ya lleva tres salidas en contra las disposiciones de las cortes y los jueces y esta situación ya empieza a causar tanto molestia en los tribunales como señales de alerta en centros especializados sobre la materia.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) alertó la semana pasada sobre el tema diciendo que “si bien es cierto que en una democracia es permitido el disenso de los fallos de los jueces, ello impone, más aún por parte de quienes representan la institucionalidad, abstenerse de emplear expresiones que estigmaticen tal función o que, de manera injustificada, la hagan ver como una ramplona organización dedicada a la persecución”.
A lo que se refería la CEJ era a las palabras del primer mandatario respecto a tres hechos concretos: primero, la suspensión del Consejo de Estado del decreto que le otorgaba facultades para asumir el control temporal de regulación de los servicios públicos. En segundo lugar, la determinación de la Corte Constitucional en torno a que la Procuraduría General de la Nación sí tenía la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos de elección popular. Y, finalmente, la negativa de conceder la libertad a los integrantes de la primera línea previamente judicializados.
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¿Y qué fue lo que dijo el presidente sobre estos casos? Frente al primero indicó: “como Petro es el presidente, parece que no puede tener sus facultades constitucionales”. En torno al segundo expresó que el Ministerio Público “por ser autoridad administrativa no puede quitar derechos políticos (…). Lástima que la Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos”. Y en torno al tercer tema, que fue conocido por varios jueces, la CEJ recuerda que el presidente insinuó que: “se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra”.
Lo que pide la CEJ es que se respeten los fallos judiciales en todos sus niveles y jurisdicciones, “y que si se va a disentir de ellos se haga en términos respetuosos y no dando lugar a suspicacias o presunciones de sesgos, recordando que el control de legalidad de los actos del Ejecutivo y los del Congreso constituyen garantía máxima a la división de poderes y del sistema de pesos y contrapesos, pilares evidentemente fundamentales de toda democracia en aras de mantener la armonía institucional y la cohesión institucional entre las ramas del Poder Público”.
Hernando Herrera, presidente de la CEJ, aseguró que no vacilará en acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— y la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas —ONU—en caso de evidencia de agresión, hostigamiento o acoso de la Rama Judicial. En escenarios como la CIDH le ha ido muy bien a Petro siendo él el demandante que reclama respeto por sus derechos. Falta ver que pasaría si llega el caso en el que tiene es que defenderse por eventual vulneración al ordenamiento jurídico o irrespeto a los otros poderes.
Por Élber Gutiérrez Roa
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