Piden a Procuraduría intervenir en investigación contra violadores de niña embera

“Nos permitimos solicitarle respetuosamente que designe una vigilancia especial de carácter penal para que intervenga en la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta con ocasión de esta grave violación a los derechos humanos y a la dignidad de la menor de edad indígena, a fin de esclarecer los hechos en la instancia judicial, sancionar a los responsables, restablecer y reparar los derechos de la víctima”, escribieron en la misiva.

Así mismo, le pidieron al procurador Fernando Carrillo, así como a los procuradores delegados para temas de infancia y asuntos étnicos prestarles todo el apoyo a la víctima y su familia y brindarle medidas provisionales de protección, debido a que, según los parlamentarios, “se han expuesto públicamente denunciando los hechos y defendiendo los derechos de la menor. En consecuencia, se encuentran en una situación de riesgo que exige del Estado se garantice su seguridad, así como las condiciones para acceder a la justicia y participar en el proceso para hacer valer sus derechos”.

Para el proceso de reparación y restablecimiento de derechos, los congresistas pidieron mecanismos para la atención médica y psicosocial que requiere la menor. Así mismo, exigieron que desde la Procuraduría se implemente y comience a trabajar en enfoques diferenciales de género, étnicos y para los niños y adolescentes, empezando por medidas de protección individual, colectiva y territorial.

“Para nosotros, no sólo como congresistas, sino como defensores de derechos humanos, es imperativo que se tenga en cuenta en estos procedimientos la ley 1719 de 2014 –de la cual somos autores– en la que establecimos que, en casos de protección como este, se incorpore un enfoque de derechos humanos hacia las mujeres, generacional y étnico y que sea extensivo al grupo familiar y a la propia comunidad indígena”, señaló la representante Robledo.

“Finalmente, nos permitimos solicitarle, en los procedente y en el ámbito de sus funciones y competencias, que ejerza vigilancia especial administrativa en el Ejército Nacional y en el Ministerio de Defensa, con el propósito de determinar las condiciones institucionales que permitieron que ocurriera este crimen atroz, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias que en ejercicio del poder preferente adelanta por estos hechos.

También los parlamentarios escribieron a la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, para que desde su despacho se garantice el restablecimiento de los derechos de la menor, con acceso a la protección, acompañamiento y atención médica y psicosocial.

Y al igual que pidieron al Ministerio Público, le solicitaron implementar en la entidad enfoques diferenciales para el acompañamiento a menores de edad pertenecientes a una etnia y a las niñas y adolescentes.