Plantón en el Reino Unido para pedirle al gobierno Duque diálogo social genuino y respeto a los DD. HH.

“Nosotros, las organizaciones e individuos abajo firmantes, le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación ante la respuesta militarizada del Gobierno colombiano al paro nacional en curso. Las organizaciones de derechos humanos informan que al menos 31 civiles han muerto en manos de las fuerzas de seguridad, con muchos más heridos. Hay informes generalizados sobre el uso de armas de fuego contra civiles desarmados y violencia indiscriminada contra los ciudadanos que participan en las protestas”, arranca diciendo el escrito.

En este sentido, hace referencia a informes de los organizadores de las protestas que hablan de que han sido multitudinarias y en su mayoría pacíficas, aunque menciona las críticas de las organizaciones de derechos humanos a los actos de vandalismo, “ejecutados por individuos y grupos no identificados”, que se han utilizado como justificación para desplegar la militarización de las ciudades, en particular, Cali.

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“Tomamos nota de los comentarios del ministro de Defensa, Diego Molano, el pasado 30 de abril: desde anoche hemos reforzado el número de las fuerzas de seguridad en las calles (de Cali), con más de 2.500 unidades, incluidas 500 del escuadrón antidisturbios ESMAD, 1800 policías regulares y 700 soldados “, agrega. Un despliegue que, según los firmantes de la carta, ha generado una “brutal represión de las protestas y abusos contra los derechos humanos”.

Seguidamente, se hace una relación de algunos de los hechos violentos sucedidos en el marco de las manifestaciones, mencionando los civiles muertos por las fuerzas de seguridad; violencia sexual; uso generalizado de armas de fuego real, balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes; detenciones arbitrarias masivas de manifestantes pacíficos y en algunos casos de defensores de derechos humanos; denuncias de maltrato físico a detenidos y uso de instalaciones deportivas como centros de detención masiva irregular para detenidos.

“Académicos colombianos, como Luis Carlos Castillo, sostienen que las manifestaciones contra la reforma tributaria se han convertido en un catalizador de la expresión colectiva de las frustraciones de los ciudadanos y descontento por el rápido proceso de empobrecimiento masivo y exclusión de vastos sectores de la sociedad. Observamos el enorme aumento del número de personas que viven en la pobreza, que según el Departamento de Estadística de Colombia (DANE), pasó de 17,4 millones de personas en 2019 a 21,02 millones en 2020. En Cali, epicentro de las protestas, más de 934.000 personas ganan menos de $360.000 pesos colombianos por mes y, entre 2019 y 2020, la pobreza extrema aumentó de menos de 5% a más del 13%”, dice la carta, que también menciona los hechos de violencia contra líderes sociales y activistas sociales.

Finalmente, concluye que “Colombia se encuentra en medio de una profunda crisis política que requiere soluciones urgentes”, por lo que instan al gobierno del presidente Duque y a las instituciones estatales, “a poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos que se están produciendo contra los civiles que participan en protestas y garantizar la seguridad de todos aquellos en consonancia con los derechos humanos reconocidos internacionalmente”. Igualmente, se pide investigar y llevar ante la justicia a todos los miembros de los organismos de seguridad del Estado responsables de violaciones de esos derechos durante la huelga, y abstenerse de criminalizar y estigmatizar las protestas pacíficas.

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“Urge un amplio diálogo social y escuchar genuinamente a todos los sectores de la población con el fin de encontrar una solución a la crisis que aflige al país. Es vital que todos los sectores marginados de la sociedad colombiana puedan participar plenamente en tales diálogos”, termina la misiva.

Entre los firmantes aparecen instituciones académicas, sindicatos, ONGs, movimientos sociales, asociaciones de abogados, estudiantes, periodistas, políticos británicos, así como colombianos y colombianas que residen en el Reino Unido. Aparecen, por ejemplo, Colombian Solidarity Campaign, War on Want, International Solidarity Network, Sam Ling Gibson Trust, Mujer Diáspora UK, Global Labour Institute UK, Covent Garden Dragon Hall Trust, UCL Colombian Society, Grupo Europa de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en Colombia, Asamblea Chilena Londres; UEA Latin American Society, Global Justice Forum, entre otros.

A manera personal, firman personas como Jaskiran Kaur Chohan, concejal del Partido Laborista en Londres; John Stuttle, representante senior de Unite en The Guardian and The Observer; Adriana Allen, presidente de Habitat International Coalition, Myriam Ojeda y Jhon Jairo Munévar, miembros del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, en calidad de representantes de colombianos en el exterior.