Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Retiro de funciones, cambios abruptos y entorpecimiento de las actividades del contrato son solo unas anécdotas del acoso laboral que vivieron algunos contratistas en entidades públicas. Otras personas mencionaron cómo realizaron sus labores sin recibir ninguno de sus pagos o tuvieron que esperar cerca de cuatro meses para recibir alguno de ellos, sintieron en carne propia la palmada politiquera para llegar a un cargo público, fueron testigos de errores de procedimiento en las oficinas jurídicas en la construcción de una ley, tuvieron que rendir cuentas de su trabajo a personas que no estaban contratadas ni hacían parte de la entidad, pero eran cercanas al político que la dirigía, y hasta recibieron la noticia de que para continuar en su contrato debían tener un padrino político y aceptar las condiciones que esto implica.
Todas estas dinámicas no son nuevas; al contrario, es el engranaje que lleva años incrustado en el proceso de contratación en el país. Y aunque no es la norma generalizada, es la realidad de varios que han enfocado su carrera profesional en trabajar con el Estado. El Espectador conoció las historias de ocho personas que atravesaron esas situaciones en cuatro entidades de orden nacional y local. Los nombres fueron cambiados para proteger sus identidades; estos son sus testimonios.
El Ministerio del Interior
Camilo fue uno de los afectados por este tipo de prácticas. Ingresó al Ministerio del Interior en junio de 2020 para apoyar la gestión de proyectos sociales. En octubre, cuenta, tuvo su primer tropiezo. “Pasé mi cuenta de cobro, pero resulta que nunca llegó al área financiera. Terminaron pagándome esos honorarios en diciembre”, recuerda. Su contrato terminaba, de manera que envió la última cuenta de cobro y el informe del cumplimiento de sus actividades el 28 de diciembre. Sin embargo, también tuvo que esperar por esa remuneración. “Al 8 de abril no me habían cancelado. Intenté comunicarme con alguien y nadie atendió mi caso. Se rastreó el documento y resulta que, nuevamente, la cuenta tampoco ingresó al área financiera. Me tocó empezar el proceso otra vez. Si las cuentas no se pagan, Planeación Nacional recoge esos recursos no ejecutados y ¿quién me responde a mí?”, agrega.
Después de dichos traspiés que afectaron su economía en tiempos pandémicos, Camilo citó una llamada que recibió y lo dejó perplejo. “A mediados de enero de 2021 recibí una llamada de una compañera. Me dijo que estaban revisando las hojas de vida y que querían continuar conmigo en el Ministerio. Para mi sorpresa me preguntó: ‘¿Quién es tu padrino político?’. Quedé en shock. Le expliqué que no tenía uno y cuestionó cómo había llegado a la cartera, dejando de lado mi experiencia, mi título universitario y la entrevista que presenté para el cargo. Me aclaró que en este momento, con la llegada del nuevo ministro Daniel Palacios, sí se está exigiendo un padrino político que como mínimo sea directamente allegado a él o a un senador del Centro Democrático. Corroboré que, independientemente de la persona que transmita el mensaje, este es el mecanismo para ingresar, porque ella me expresó que no se va a firmar ningún contrato sin padrino”, narra.
Como él, Andrea también pasó por líos contractuales. Ingresó a mediados de 2020 al Ministerio del Deporte para acompañar procedimientos jurídicos. “Llevo más de diez años trabajando como contratista del Estado, he sido supervisora de documentos. Antes, la contratación se demoraba cuatro semanas, seis máximo, por más embrollado que estuviera un proceso. Pero cuatro meses de demora ya es inconcebible” dice. Andrea habla de su caso: laboró durante ese período, pero nunca fue contratada. Y eso no fue lo único. En ese tiempo fue una de las personas que revisó la Ley del Deporte, radicada por el Gobierno en el Congreso, y tiene fuertes críticas al respecto.
“Les dije que esa ley no pasaba de la puerta de la Corte Constitucional, porque están cometiendo un error muy pendejo pero muy grave. El Ministerio quería que la tarea de inspección y vigilancia fuera realizada por los departamentos y municipios Eso no se puede hacer porque la Constitución le da esa facultad al presidente y este lo delega al ministro. Les expliqué de mil formas, pero la viceministra, Lina Barrera Rueda, me contestó que eso lo ordenaba el secretario general”, expresa. Después del episodio y sin contrato firmado, dejó el cargo, no sin antes manifestarle sus quejas al Ministerio.
“Les mandé un correo y les dije que trabajar con ellos era un peligro, porque han violado un montón de normas públicas. La persona que me recomendó para el cargo también renunció por lo mismo. Me dan ganas de llorar, no solo porque me hicieron perder mi tiempo, sino de pensar que una cartera nueva esté en manos de gente poco profesional, sin experiencia. Se va a caer ese Ministerio porque no saben hacer un berraco decreto. Se están comiendo el presupuesto nacional en detrimento de la contratación”, expone Andrea.
En la Consejería de Derechos Humanos
Su experiencia no se limita a lo vivido en el Mindeporte, sino que se extiende hasta su reciente paso por la Consejería de Derechos Humanos. Allí estuvo desde octubre de 2020 hasta finales de enero de 2021. Según refiere, se quedó esos meses con la expectativa de entrar como trabajadora de planta. “Nancy Patricia Gutiérrez me prometió ser asesora nivel siete. Seguí trabajando sin vinculación porque tenía la expectativa de que las prestaciones y las primas iban a subsanar los meses no pagos. De pronto publican mi hoja de vida para ser asesora nivel uno, cosa que no pude aceptar porque en el pasado estuve en un grado mucho mayor; estaría manchando mi hoja de vida”, comenta, situación por la que abandonó su aspiración en la Consejería.
Relata que aunque se fue, antes de hacerlo un compañero le comentó el camino para mover su contratación: “Nunca la llegué a conocer, pero hubo uno del equipo que me contó que tenía que hablar con la asesora espiritual de Nancy Patricia Gutiérrez para lograr mi cargo”, subraya Andrea, mientras indica que dos personas de ese mismo equipo se quedaron en la Consejería esperando a ser contratadas.
Diana confirma el testimonio de Andrea. Trabajó en la Consejería desde 2018, cuando la dirigía el hoy fiscal Francisco Barbosa y se fue en 2020, luego de un episodio de acoso laboral. En la entidad, adelantó un apartado del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, solicitado a Colombia por la ONU y, tras desencuentros de comunicación con la consejera Gutiérrez, fue apartada de sus funciones a finales de julio. “La coordinadora era el único puente de interlocución con la consejera, pero cuando nos reunimos a mostrarle nuestro trabajo parecía como si nunca hubiera visto lo que hacíamos. Me presentaron a María Cristina Escobar Melo y me explicaron que era la asesora espiritual de Nancy Patricia. Pensé que era normal que alguien te ayude con esa parte si tienes tanto poder. El asunto era que la asesora espiritual se metía en todo, así no tuviera ni idea de los derechos humanos ni estuviera contratada en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, señala.
“Me dijeron que María Cristina les mide la energía a los contratistas y que ella es quien le da opiniones a la consejera sobre uno. Ahí fue cuando me pregunté, ¿me están midiendo por mi trabajo o por la percepción que tuvo ella de mí?”, agrega Diana. En ese contexto, Gutiérrez le dijo a ella y a su equipo que eran “una torre de babel”: “Nos dijo que nos mandábamos solas, que la estábamos desautorizando y que teníamos prohibido cualquier tipo de reunión con personas externas a la entidad. Eso era un problema importante porque teníamos muchos espacios con organizaciones, entonces interfería con nuestro trabajo”, apunta.
Argumenta que desde entonces inició el acoso laboral. Cuenta que entorpecieron su trabajo, pues María Cristina se inmiscuía en sus actividades, que le retiraron sus funciones de a poco y que finalmente hubo un cambio abrupto y sin justificación en su puesto. “A partir de julio solo nos dejaban organizar unos eventos y estar pendientes de que no hubiera problemas técnicos. María Cristina le indicó a Nancy Patricia que tenía a la persona idónea para mi equipo, y dicho individuo entró a ‘apoyar’. Pero María Cristina tenía que estar en todas las reuniones que tuviéramos con él. Luego ella nos pidió que le mandáramos la información de nuestra área a esta nueva persona, bases de datos de personas importantes, documentos técnicos, en fin. El 8 de agosto nos dijeron que la consejera se sentía más tranquila si la persona que venía a apoyar se quedaba a cargo, a los días me trasladaron a otra área y a mediados de septiembre me pidieron la carta de renuncia”, recuerda.
De su situación, quedó registrada una queja disciplinaria en la entidad que sigue activa a la fecha:
Sobre María Cristina Escobar, este diario no encontró papeles contractuales en el SECOP que den cuenta de su contrato en el período de 2020; no obstante, sí hay un documento institucional con su nombre, realizado en el tiempo en que la señalan de no haber estado vinculada. Aparece, sin embargo, un contrato y una prórroga desde enero de 2021 hasta abril. A la pregunta de si trabajó como asesora de la Consejería y participó de decisiones institucionales sin estar contratada, Escobar le respondió a este diario: “Rechazo enfáticamente que no he sido, no soy, ni seré ninguna asesora espiritual de nadie, no me corresponde. Soy asesora en los temas de salud relacionados con los derechos humanos de acuerdo a mi perfil profesional”.
Estas dinámicas no ocurren únicamente en el gobierno del presidente Iván Duque. Maria Camila, que también ha dedicado gran parte de su vida profesional a trabajar en las entidades estatales, se remontó a 2011, cuando trabajó en la Superintendencia de Puertos y Transporte, bajo la dirección de Juan Miguel Durán Prieto. “Durán puso de asesor a alguien que no se había graduado de la universidad. Yo trabajaba organizando los archivos jurídicos y una irregularidad que vi fue que ese asesor le empezó a pedir plata a los contratistas para hacerles firmar el contrato. A un amigo le pidió un porcentaje de los honorarios para renovárselo”, cuenta. Sobre la protección de los contratistas, piensa igual a Camilo: “El contratista siempre va a estar mal porque siempre está a la merced de cualquier amenaza que perjudique la contratación, que te digan que no vas a continuar o que dan tus servicios por terminados”, exclama.
En la Secretaría de Integración Social
Justamente, una expresión de ese constreñimiento fue la que vivió Alberto en 2015. Cuenta él que llegó a la Secretaría de Integración Social de Bogotá en el área de primera infancia gracias a palanca política activada desde el Concejo de la capital. “Empecé a trabajar justo después de las elecciones de 2015. En el proceso de selección me ayudaron. Había otros candidatos para el cargo al que me había postulado y el día de la entrevista me cerraron las puertas. Yo ya me iba a ir del edificio, pero le conté a las personas que me estaban ayudando y ellas hicieron una llamada. Ahí mismo me entró una llamada de la entrevistadora, me dijo que no me fuera, que continuara con el proceso. Lamento haber entrado por cuenta de la politiquería y de convocatorias cerradas”, asegura.
La historia de Alberto empezó cuando asistió con su familia a reuniones políticas de Jorge Durá Silva (Cambio Radical) y Jorge Lozada (Partido Liberal), dos concejales de esa época. “Muchas personas van a estas reuniones y ponen su voto sobre la mesa. Yo nunca había ido a ese tipo de encuentros políticos, pero mi familia decía que esa era la manera de salir adelante. Por esa politiquería llegan a cargos públicos personas que no son idóneas, Tuve compañeras que no sabían utilizar excel, algo mínimo para cargos administrativos. La cosa es que siempre en esas reuniones está presente la situación de poder: una persona que tiene el poder y otras más que tienen necesidades”, explica.
En ese contexto, agrega, le pasaron dos situaciones en la que se vió obligado a “devolver” el favor laboral. “En 2017, el día que se llevó a cabo el cabildo abierto de la venta de ETB, me llamaron y me preguntaron si estaba contratado. Contesté que sí y me pidieron que fuera allá para ocupar el espacio y que los trabajadores de ETB no pudieran entrar. Es grave, porque es interferir un mecanismo de participación por parte de personas que dependen de un contrato”, recuerda. Añade una experiencia más: “Un día, una persona se me acercó y me preguntó si le podía regalar mi firma al subdirector local. Le dije que claro, que una firma no se le negaba a nadie, me imaginé que era para algo institucional. Cuando fui a hacerlo, me sacaron un formulario de la recolección de firmas para apoyar a Germán Vargas Lleras en las elecciones presidenciales de 2018”. Dice que aunque sí firmó, finalmente nunca votó por el exvicepresidente.
A parte del caso de Alberto, este diario recibió otros dos testimonios ocurridos en la Secretaría de Integración Social. Uno de ellos es el de Alicia, quien dice sufrió maltrato laboral por parte de su coordinador. “Ingresé en 2017 al área que se encargaba de la población de tercera edad. En 2018, mi coordinador, que también era el supervisor encargado de mi contrato, por unos roces con un compañero, me prohibió hablar con los demás integrantes de mi área. Dijo que yo tenía mala intención en el grupo y que generaba ‘corrillos’. Fue autoritario, me gritó en algunas reuniones del equipo, cosa que quedó registrada en un documento. Además, habían actividades interinstitucionales que debíamos atender dos profesionales pues había que estar pendientes de la parte administrativa, de si las personas asistían, del refrigerio. A mí me mandaba sola y era claramente sobrecarga de trabajo”, relata. Añade que, aunque comunicó el asunto con su subdirector, este “no hizo nada”.
Como Alicia, María Fernanda también argumenta que tiene sobrecarga de trabajo en la misma entidad. Hace cinco años ingresó como técnica administrativa para acompañar el servicio de vejez. Y, aunque está encargada del archivo de esa área, dice que las condiciones laborales han empeorado desde hace dos años: “Las condiciones desmejoraron muchísimo. Antes tenía cinco obligaciones, ahora tengo 11. Tengo una ARL de riesgo uno, que es para cubrir el trabajo en oficina, pero desde la pandemia nos tienen yendo a territorio. Tengo que ir a hacer visitas, dictar talleres, manejar personas, cosas que no están estipuladas en mi contrato pero que la entidad me dice que debo hacerlo y que si no me gusta, hay una fila larga de personas que sí necesitan trabajo”, afirma. De igual forma, expone, debe estar disponible 24/7 porque si sale una actividad en un sábado o domingo, debe ir y realizarla.
Las voces de estas personas, a las que se les protegió su identidad por efectos de seguridad, dibujan las problemáticas que enfrentan para poder adquirir un contrato y en el desarrollo de sus actividades. Con todo, en palabras de Andrea, la politiquería, el trato de los servidores públicos y las demoras en la contratación y el pago de sus honorarios impacta no solo en los contratistas, sino también en los procesos del Estado. “Colombia se va a rajar en procesos que necesita el país. Si no cumple tareas desde la Consejería de Nancy Patricia Gutiérrez, por ejemplo, pues van a calificar mal al país en derechos humanos, y eso deja precedentes. Pero no solo eso. Va a repercutir que haya gente que llegue a trabajar al Estado y tenga poca experiencia: eso genera grietas, quedan mal estructurados los proyectos. Serán muchas las implicaciones”, concluye.
Conoce más