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Por cuenta de un pleito judicial entre un particular y el representante a la Cámara Edwin Ballesteros (Centro Democrático), un juez en Bucaramanga ordenó una medida cautelar de embargo y retención de la quinta parte del salario del congresista santandereano.
Según la determinación del Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga, el proceso responde a una demanda contra Ballesteros por una deuda que supera los $77 millones. Ante ello, ordenó al Congreso que retenga una parte del sueldo que devenga el congresista.
Adicionalmente, acogiendo una solicitud del demandante, hace 15 días el Juzgado ordenó el embargo y secuestro de un inmueble del congresista. El proceso se remonta a diciembre pasado, cuando Ballesteros fue demandado por una deuda que a la fecha no se ha saldado.
Ante la determinación, el congresista santandereano defendió que la deuda corresponde a un proceso en el que figuraba como codeudor y reclamó que aún debe deudas de su campaña legislativa. “Soy un ser humano con las mismas dificultades de millones de colombianos”, declaró.
“Es noticia que, fuera de mi investidura, soy un ser humano con las mismas dificultades de millones de colombianos. Un día dicen que me enriquecí, pero la realidad prueba que lo que tengo es resultado del esfuerzo familiar y la voluntad de Dios. Soy codeudor”, dijo.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el representante a la Cámara por lo que será llamado a indagatoria. El alto tribunal lo llevará ante los estrados por presuntas irregularidades en contratos en la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. (ESANT).
En contexto: Abren investigación contra Representante Edwin Ballesteros y lo llaman a indagatoria
Los delitos por los cuales será investigado son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. La investigación en su contra se derivó de una compulsa de copias que hicieron en el expediente que se adelanta en el alto tribunal contra el también congresista Richard Aguilar.
El nombre de Edwin Ballesteros salió luego de que Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de Santander entre 2012 y 2015, y su esposo Lenin Darío Pardo, lo mencionaran como presunto receptor de beneficios, en el momento en que supuestamente Richard Aguilar direccionó los contratos. La pareja fue imputada en octubre de 2018 y hoy están bajo medida de aseguramiento domiciliario, además negociando beneficios judiciales a cambio de declarar contra los congresistas.
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