Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Dos tesis enfrentadas
El pasado 10 de enero, Alberto Donadio publicó un artículo según el cual el presidente Virgilio Barco ordenó el exterminio de la Unión Patriótica (UP) a finales de 1986. Hasta ahora, la visión más o menos convencional ha sido que Barco no había logrado frenar a los grupos que mataron a muchos miembros de la UP: paramilitares, narcos, terratenientes, militares, políticos, etc. Aunque puede considerarse que Barco es en algún sentido responsable, por omisión o por debilidad, no se había afirmado nunca que el presidente apoyara la muerte de los miembros de la UP.
Muchos piensan más bien que, aunque Barco trató de parar el genocidio, la complejidad de la situación que enfrentó entre 1987 y 1990, en medio de la guerra con los carteles de la droga, superó la capacidad de respuesta de su gobierno. Si lo que dice Donadio se acepta, su tesis podría llevar a exculpar a otros mandatarios. Hasta ahora se ha pensado que presidentes como Betancur, Barco, Gaviria y Samper fueron incapaces de frenar a las autodefensas y a sus aliados en el ejército y el gobierno, y que fue Uribe quien apoyó su acción en forma más o menos ambigua pero demostrada. En cambio, si adoptamos la postura de Donadio, el verdadero responsable del auge de los paramilitares, el que aprobó conscientemente un plan para exterminar la UP, con todo el apoyo militar, sería Barco.
Los vacíos y las contradicciones
Sin embargo, el artículo de Donadio presenta pocas pruebas para sustentar su afirmación, y su argumentación es débil y arbitraria. Se basa, ante todo, en el testimonio de una fuente no identificada, probablemente un alto funcionario del gobierno de Barco, que tiene recuerdos muy imprecisos sobre dos reuniones en las que estuvo a finales de 1986 y comienzos de 1987.
El informante le contó a Donadio que, poco después de la posesión presidencial, en 1986, Barco le dijo a un pequeño grupo de asesores –Germán Montoya, un alto mando militar cuyo rango no se identifica, y el testigo desconocido– que le gustaría que Rafi Eitan, un consultor israelita al que había conocido en Washington, viniera a Colombia para asesorar al gobierno en la lucha contra la guerrilla. Barco logró que Ecopetrol aceptara pagar el viaje y la asesoría de Eitan. Según Donadio, a comienzos de 1987, Barco le informó a Montoya, a otro alto militar y al mismo testigo que Eitan aconsejaba “eliminar a los miembros de la UP”, lo cual se ofrecía a hacer si se le hacía un nuevo contrato.
Según la fuente de Donadio, el alto mando militar afirmó que esa “misión” debía ser asumida por el ejército y no por un contratista privado, y Barco habría aceptado su sugerencia. Los datos son insuficientes e incongruentes: no se sabe quién es el testigo o a título de qué estaba presente en las dos reuniones y no se explica por qué se demoró tantos años en denunciar esos hechos.
Además, la información de Donadio es contradictoria: en un artículo de diciembre, Donadio da por sentado que el contrato con Eitan se ejecutó, mientras que en el artículo reciente dice que como Barco aceptó que el ejército cometiera el genocidio, “Eitan se quedó sin su segundo contrato”. De todos modos, la supuesta prueba de que Barco ordenó el exterminio de la UP es endeble y consiste, en esencia, en dos datos negativos:
- que, al presentar la idea de Eitan de exterminar a la UP, Barco no la condenó ni la presentó como un acto de “gangsterismo”; y
- que el presidente descartó la posibilidad de contratar a Eitan para asesinar a miembros de la UP.
Es decir, lo único que logra establecerse, si el informante recuerda con precisión, es que Barco consideró que era buena idea acabar con la UP, y así lo dijo, aunque no se aprobó el contrato para hacerlo, porque se acogió más bien la idea de que el trabajo lo hiciera el ejército colombiano.
El caso Eitan
Como no tenemos transcripciones de lo que dijo el jefe militar, es difícil saber si la interpretación del testigo es correcta o se apoya en hechos posteriores. En realidad, es más probable que el militar hubiera afirmado que la tarea de enfrentar a la guerrilla y a la UP debía ser del ejército, y no podía ser asumida por un contratista, y que la posterior actitud del ejército hacia la UP lleve al testigo a pensar que lo que estaba proponiendo el jefe militar era “matar” a los miembros de ese partido político.
Es difícil creer que un militar se hubiera atrevido, en frente del presidente y de otros testigos, a proponer el asesinato de militantes de un partido legal, más aún cuando el presidente estaba promoviendo una negociación con las FARC y acababa de tomar unilateralmente una decisión que parecía favorecerla: el nombramiento, en agosto de 1986, de los primeros alcaldes de la UP.
Todo lo que sabemos es que Eitan vino a Colombia y dio un informe a Barco, con una propuesta que, a veces, Donadio dice que Barco puso en ejecución y, otras veces, dice que no pudo ser aprobada y se remplazó por otra estrategia. En sus memorias (Decidí Contarlo), Guillermo Perry da otros indicios de la asesoría de Eitan a Barco. Entre 1986 y 1988, Perry presidió la junta directiva de Ecopetrol, en su calidad de ministro de Minas, y dice que supo que Barco tenía un grupo de asesores de seguridad israelita, que le revisó un plan elaborado por el ejército para frenar los atentados a Ecopetrol.
Los hechos contradicen a Donadio
Pero no es verosímil que Barco ordenara el exterminio de la UP, aunque sepamos que bajo su gobierno la violencia contra este partido fue aterradora. La actitud de Barco hacia la UP ha sido ampliamente documentada, entre otros, por Steven Dudley en Armas y urnas, por el Centro de Memoria Histórica en Todo pasó frente a nuestros ojos, y por Malcolm Deas en La Silla Vacía.
Aunque la política de Barco debe ser discutida y sometida al juicio de historiadores y analistas políticos, lo que se sabe sobre ella muestra que a finales de 1986 era poco probable que aprobara una estrategia de asesinato de los miembros civiles de la UP: en ese momento, Barco estaba interesado en avanzar en las negociaciones con la guerrilla, aunque reduciendo las concesiones que había hecho Betancur.
Por eso, tan pronto se posesionó, y después de haber derrotado a Jaime Pardo Leal –el candidato de la UP que sacó el 4,5% de los votos en las elecciones presidenciales–, Barco decidió nombrar 24 alcaldes de la UP en sitios donde había tenido los mejores resultados, entre ellos, al primer alcalde comunista de Colombia, en Coyaima, Tolima.
Lo que buscaba Barco era “fortalecer” a la UP para que se alejara de las FARC y condenara la lucha armada. Ya había dos jefes guerrilleros en la Cámara de Representantes: Braulio Herrera e Iván Márquez. Por eso, Barco quería que los miembros de la UP pudieran defender sus ideas en la legalidad, a ver si las FARC aceptaban una tregua más seria y se debilitaba la legitimidad de la lucha armada.
Y la estrategia de Barco parecía haber dado algunos resultados, a pesar del aumento de los asesinatos que estimuló el nombramiento de alcaldes de la UP: en 1985, las FARC escogieron como candidato presidencial de la UP a Jacobo Arenas, partidario y representante de quienes defendían la lucha armada. En cambio, a comienzos de 1986, ante el rechazo de muchos de sus dirigentes y para dejar a Arenas más libre para promover la lucha armada, dejaron que la UP lo cambiara por Jaime Pardo Leal, quien fue a las elecciones de ese año y presentó una línea algo más “legalista”.
A pesar de los asesinatos, en casi todas sus reuniones y congresos, la UP empezó a pedirle a las FARC que abandonaran el secuestro, los ataques a civiles y muchas otras conductas que consideraban inconvenientes y contrarias al Derecho Internacional Humanitario. En 1989 y 1990, finalmente, Bernardo Jaramillo Ossa, Diego Montaña Cuellar, Alberto Rojas Puyo, Nicolás Buenaventura, José Arizala, Álvaro Delgado y muchos otros convirtieron a la UP en un partido que defendía la lucha pacífica y legal.
En resumen, la UP terminó más legalista, más eurocomunista, más perestroika que el PC, en el cual militaban muchos de sus miembros, y en 1990 sus dirigentes dieron a entender que consideraban que, junto con los políticos, narcos y militares que acusaban a la UP de ser también responsable de los actos ilegales de las FARC, las mismas FARC la estaban convirtiendo en blanco de los paramilitares, al continuar los secuestros y extorsiones y al negarse a suspender la lucha armada y firmar la paz.
El mismo candidato presidencial Bernardo Jaramillo, que reemplazó a Jaime Pardo y fue poco después asesinado por los paramilitares, hizo declaraciones en este sentido que llevaron a que se intentara su expulsión del Partido Comunista, como traidor. De todos modos, esta divergencia llevó a que, en los primeros meses de la presidencia de Gaviria, mientras las FARC consideraba que no podía negociar con el gobierno ni participar en la Constituyente, la UP presentara listas para esta corporación, de manera que en diciembre de 1990, el mismo día en el gobierno de Gaviria atacó a las FARC en la Uribe, para castigar su negativa a participar en la Asamblea y mandarle un mensaje de fuerza, fueron elegidos los constituyentes de la UP (entre ellos Aída Avella).
¿Quién exterminó a la UP?
Es probable que el principal ataque a la UP proviniera de los paramilitares vinculados a los carteles de la droga, que se enfrentaron a las FARC por razones políticas y por conflictos derivados del negocio de la droga. A mediados de 1987, la muerte de Jaime Pardo Leal fue atribuida, en forma simplista, a conflictos con un cargamento de droga. Al final de la administración de Barco, los conflictos con Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Castaño se habían convertido en una verdadera guerra, caracterizada por masacres de campesinos y militantes de la UP en los sitios donde tenía influencia.
Por otra parte, desde las negociaciones de paz con Betancur, muchos sectores del ejército habían considerado que en estas negociaciones se hacían demasiadas concesiones a las FARC. Por eso, muchos hicieron arreglos ilegales con los capos del narcotráfico y apoyaron sus acciones armadas.
Se creó entonces el “paramilitarismo”, la alianza entre propietarios rurales, muchos de ellos narcos, dirigentes políticos y mandos locales del ejército, que actuaban por fuera de las normas legales y de las instrucciones expresas del gobierno. Y se formaron las “autodefensas”, que fueron —más que los contratistas extranjeros o el ejército colombiano— los ejecutores directos del exterminio de la UP. Sabemos bien que ninguno de los presidentes (Betancur, Barco o Gaviria) se sentía con fuerza para obligar a los militares, reticentes u opuestos al proceso de paz, a apoyar sus políticas a fondo.
La desconfianza hacia los militares era muy profunda y, como Betancur, Barco tuvo choques frecuentes con el ejército y forzó en 1988 el retiro del ministro de guerra, el general Rafael Samudio, por pedir una “guerra total” contra la guerrilla.
Pero Barco mejoró sus herramientas legales para controlar las Fuerzas Armadas mediante la creación de la Consejería de Derechos Humanos y el apoyo a los procuradores Serpa y Gómez Méndez (que había sido elegido al Congreso en 1986 con el apoyo de la UP), cuyas investigaciones llevaron al retiro de muchos oficiales. Sin embargo, esto se hizo casi siempre con guantes de seda, hablando de “razones de servicio” y sin dar los motivos reales de las decisiones, para evitar irritar demasiado el espíritu de cuerpo del ejército.
Por todo lo anterior, tengo la convicción de que las viejas explicaciones del paramilitarismo y de la masacre de la UP siguen en general vigentes, y que esta vez la investigación de Donadio, aunque muestra de nuevo su paciente y acuciosa búsqueda de indicios y documentos, no produjo pruebas que lleven a cambiar lo que los investigadores colombianos piensan de estos temas.
* Cofundador de Razón Pública.
Conoce más