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En medio de las investigaciones por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se acaba de destapar otro interrogante en torno a los fondos reportados tras la contienda electoral. Entre los ingresos y los gastos informados en Cuentas Claras hay una amplia diferencia: los gastos son notablemente superiores respecto a los dineros que entraron, lo que no permite conocer el origen de los recursos que respaldaron el 31 % de los desembolsos.
Según lo señaló Transparencia por Colombia, hay por lo menos $8.000 millones correspondientes a los gastos en la primera vuelta y $1.500 millones más en la segunda cuya fuente de financiación se desconoce. Por otro lado, los gastos en ambas vueltas se aproximaron al 99 % de los topes establecidos, que fueron $28.536′520.492 para la primera y $13.347′457.427 para la segunda, según la resolución 0694 de 2022 del CNE.
Para algunos de los congresistas denunciantes ante la Comisión de Acusaciones, como Christian Garcés (Centro Democrático), con esa información, sumada a las declaraciones de Nicolás Petro y los audios conocidos de Armando Benedetti, “hay pruebas suficientes para iniciar una investigación formal en el Congreso”. Por su parte, la defensa de Petro señaló que, por el contrario, no hay elementos concretos para el expediente, más allá de lo registrado en medios de comunicación, y pidieron cerrar por lo menos seis de las diez de las denuncias
Para Transparencia por Colombia, “el reporte de ingresos debería ser similar al de gastos, pero en este caso, los gastos superan los ingresos reportados (…) En ese sentido, en la primera vuelta no es posible establecer cuál es el origen de los recursos que soportaron una parte de los desembolsos y en la segunda vuelta sucede lo mismo con el 12% de lo invertido por la campaña”.
Adicionalmente, los reportes tampoco “son congruentes” frente a las declaraciones sobre el posible financiamiento ilícito y la superación de los topes. En los audios que se conocieron de Benedetti, hace seis meses, él habla del supuesto ingreso de $15.000 millones adicionales; mientras que Nicolás Petro, en una de sus declaraciones ante la Fiscalía, dijo que sí habría entrado dinero de forma irregular y, aunque se habla de millones, no se conoce la cifra exacta. En todo caso, el presidente, su defensa y los integrantes de su campaña han negado haber incurrido en alguna irregularidad.
(Lea: “Petro advirtió que 17.000 procesos de masacres y genocidio se frenaron en Fiscalía”)
¿En qué van las investigaciones?
Pasados cinco meses de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, encargada de indagar a aforados, avocara conocimiento sobre los señalamientos en contra del primer mandatario, esa célula legislativa no ha tomado una decisión. Las diez denuncias -acumuladas- todavía se encuentran en etapa de estudio por los representantes investigadores: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U), quienes no han presentado ponencia para abrir o negar el inicio de una investigación formal.
Según lo confirmaron desde la Comisión, se están ampliando las denuncias y los procesos se retomaron luego de que varios de los miembros fueran recusados. Al tiempo, Nicolás Petro, hijo del presidente y señalado de recibir fondos de fuentes ilícitas para financiar la campaña presidencial de su padre, deberá comparecer el próximo 30 de enero de 2024 para rendir testimonio sobre el proceso que involucra al jefe de Estado. La citación hace parte de la investigación preliminar que abrió la Comisión contra Petro, por orden de la Fiscalía, tras compulsar copias.
“Nicolás Petro dio una versión en la Fiscalía, por lo que a nosotros nos compete llamarlo para que se sostenga o se eche para atrás sobre lo que dijo allá. No podemos utilizar el testimonio que ofreció al ente investigador”, explicaron desde el Congreso, y señalaron que ese trata de un nuevo proceso, al que no se le ha asignado un investigador y sobre el que no se ha decidido si se acumula con el resto: “Los investigadores (Uribe, Arizabaleta y Carrillo) podrían solicitar que se acumule, siempre y cuando, lo que diga Nicolás vaya en el mismo sentido de lo que ya están indagando”.
Simultáneamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) examina la campaña del presidente por presuntamente haber excedido los topes de gastos y porque posiblemente algunos desembolsos del proceso en primera y segunda vuelta no habrían sido reportados ante la organización electoral, entre esos, los pagos a testigos electorales y los vuelos que movilizaron a Petro en sus avanzadas por el país.
Precisamente, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades, el CNE había ordenado las facturas de empresas y externos que participaron en los ingresos y gastos, entre esos a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., que también movilizó a miembros del Pacto Histórico en la campaña al Congreso. En septiembre de este año, esa misma sociedad fue mencionada en un presunto caso de narcotráfico, por delitos cometidos por el señor Carlos Eduardo Restrepo, quien fue piloto vinculado a esa compañía.
(Lea también: “Gobierno tiene listo decreto para girar $1 millón mensual a exmadres comunitarias”)
El detalle de los gastos e ingresos reportados
En la primera vuelta, el gasto principal de la campaña de Petro correspondió a propaganda electoral, con el 68,8 %, representado en $19.534′054.588, solo después de los gastos de transporte, con el 14,6 % del total de gastos. A la Sociedad Aérea de Ibagué S. A. S. se le pagaron $2′770.000 por viajes aéreos.
Ahora, el 97 % de los recursos que llegaron a la campaña presidencial de Petro provinieron de créditos con el sector bancario, con préstamos del Banco de Bogotá, GBS Sudameris S.A. y Confiar Cooperativa Financiera. Los recursos propios, de Petro y de familiares, no aparecen reportados, ni tampoco aportes de la organización política que lo inscribió: Colombia Humana. Por otra parte, en donaciones en especie hay solo dos registros.
Con respecto a la segunda vuelta, el gasto más alto también fue la propaganda electoral, que representó el 70 % del total y, nuevamente, aparece la Sociedad Aérea de Ibagué, que representó el 10 % de los gastos, por $800′000.000. Por otra parte, prácticamente la totalidad de los ingresos reportados para la campaña de segunda vuelta, es decir el 99.72 %, corresponden a un crédito con el Banco GNB Sudameris SA por $11.606′000.000.
Desde el CNE le dijeron a El Espectador que la semana siguiente se conocerá en qué va el caso por la presunta violación de los topes, aunque no dieron más detalles. Mientras tanto, desde la Comisión de Acusaciones señalaron que, ahora que se han resuelto todas las recusaciones contra los miembros, se retomará el estudio de las denuncias. También pidieron a congresistas de oposición que eviten radicar recusaciones, para que esa célula legislativa pueda avanzar, sea para abrir investigación formal o para archivar los procesos.
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Por Laura Duarte Sandoval
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