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PRÓLOGO
UNA PAZ QUE DIFÍCILMENTE VA A SER TOTAL, AUN DESPUÉS DE PETRO
El país alcanzó a hacerse una ilusión. Después de la firma de los acuerdos de La Habana la paz no llegó. Diversas organizaciones armadas continuaban en guerra, los homicidios dejaron de bajar y comenzaron a crecer levemente. Además, la extorsión se extendió en muchas regiones. El llamado del presidente Petro a adelantar un proceso de Paz Total, en ese sentido, era un motivo para que la opinión nacional se hiciera ilusiones para un cese definitivo de la violencia producto de grupos armados organizados.
No obstante, hoy, a unos cuantos meses para que acabe el Gobierno de Petro, es innegable el fracaso de la política de Paz Total. Aun suponiendo que se logren a último momento la consolidación de algunos procesos, de modo que el próximo Gobierno encuentre improcedente pararse de la mesa por más que estuviera en contra de las negociaciones durante la campaña, la paz concebida como la desmovilización del grueso de los grupos armados fracasó. Nuestra guerra persiste.
Este libro de Eduardo Pizarro, una pieza indispensable para comprender la coyuntura de la guerra actual, es una disección del fracaso de la política de Paz Total y de las razones por las que fracasó. Pizarro parte de una premisa que antecede por décadas a la Paz Total: la inutilidad de la guerra en Colombia y lo absurdo de su duración. Implícitamente responsabiliza a actores concretos de haber alargado una confrontación que tuvo muchas oportunidades de haber sido solucionada por medio de acuerdos negociados.
Ahora bien, Pizarro no se limita al problema de los revolucionarios renuentes a la paz. La guerra es otra luego de la firma de los acuerdos de La Habana. De algún modo, este libro es la continuación de la saga de los libros de Pizarro sobre la guerra y la paz en Colombia. Interpreta los cambios en el sentido y en la estructura de los nuevos grupos armados, indaga por las causas de la persistencia de la violencia y propone una serie de líneas de acción para alcanzar la «paz soñada».
A continuación, procedo a debatir y a complementar varios de los temas planteados por Pizarro en el libro.
SEÑORES DE LA GUERRA Y CRIMEN ORGANIZADO
Tiene mucha razón Pizarro al afirmar que las desmovilizaciones de las AUC y de las FARC supusieron el fin de la guerra insurgente y contrainsurgente, más propia de la guerra fría, y el paso a una situación de violencia dada por el predominio de ejércitos de señores de la guerra y el crimen organizado. No se trata de que antes no existieran señores de la guerra y crimen organizado. Había mucho de eso. Solo que ahora es lo predominante y la guerra revolucionaria, a excepción del ELN como guerrilla binacional, es prácticamente inexistente.
El libro señala muy bien que gran parte de este problema proviene del mal manejo que les dieron los distintos Gobiernos a los mandos medios de las organizaciones armadas irregulares que efectivamente se desmovilizaron. La evidencia es abundante en el caso de los grupos que sucedieron a las AUC, conocidos como bacrim, y que luego fueron unificados en casi su totalidad por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Igual ocurrió durante el proceso de paz con las FARC en La Habana. Mandos medios formaron diversas disidencias que luego se unirían en una suerte de confederación y, posteriormente, dieron lugar a sangrientas confrontaciones entre algunas de ellas.
La explicación de por qué los mandos medios han jugado un papel central en el reciclaje de nuevas formas de violencia es, como dice Pizarro, clara: «Son los que disponen de un conocimiento preciso del terreno en el cual la organización lleva a cabo sus actividades, así como de los mecanismos de reclutamiento de nuevos miembros, de las redes de tráfico de armas y de las fuentes de financiamiento (por ejemplo, los cultivos de coca o la minería ilegal)». Sin un componente de los procesos de paz dirigidos específicamente a su condición, sin reconocer su estatus en la organización, es solo cuestión de tiempo que organicen su propia agrupación armada. Disponen, además, de los medios económicos para reciclar la violencia. Los cultivos de coca se han disparado, así como el precio del oro.
Sin embargo, considero que esta faceta del crimen organizado entre los grupos que conforman la nueva violencia no debe dejar de lado aspectos políticos muy intrincados en la naturaleza de los grupos. En el libro se subestima un tanto esta naturaleza. Se reconocen las gobernanzas criminales que ejercen los grupos sobre las comunidades, pero se reducen a una necesidad para controlar el territorio y, en consecuencia, las rentas provenientes de actividades criminales.
El atributo político se centra en lo ideológico, en la existencia de un discurso que involucrara un proyecto político de toma del poder y de transformación nacional del orden social. Desde mi punto de vista, otros atributos marcan con mayor intensidad la naturaleza política de los nuevos grupos armados. Es cierto que los elementos ideológicos pueden ser precarios, se limitan a un proyecto de orden basado en la primacía armada de la organización y el cumplimiento de una serie de normas muy entronizadas en las costumbres y los valores locales. Pero en la práctica está en definición quién ejerce el poder, la influencia sobre las decisiones importantes de la comunidad, la organización de los mercados y, en general, las instituciones que definen el orden social en regiones periféricas de Colombia donde actividades como la siembra de coca, el narcotráfico, la minería ilegal, etc., son determinantes de la inclusión de la población en los mercados globales.
Es muy importante señalar estos atributos de la política porque detrás de las negociaciones de paz, y quizá sea esta una razón del fracaso de la Paz Total, están unas concesiones que van más allá de las aspiraciones económicas de los mandos altos y medios de las organizaciones armadas. El continuo reciclaje que ha tenido nuestra violencia puede deberse a la demanda de una autoridad alterna a la del Estado que proteja la economía de poblaciones colonas y campesinas cuyas principales fuentes de ingresos, aquellas que sostienen la capacidad de consumo del mercado local, han sido criminalizadas precisamente por ese Estado.
También está el hecho, bastante cruel, por cierto, de que el reciclaje ofrece a las juventudes de las sociedades excluidas la oportunidad de acceder al poder y a la riqueza mediante el reclutamiento en algún grupo armado.
LA SUPERIORIDAD MILITAR Y LA INFERIORIDAD POLICIVA
Dentro de las urgencias que señala Pizarro en su libro para revertir el debilitamiento de la fuerza pública en Colombia está la de un despliegue territorial más adecuado a las nuevas circunstancias de la guerra. En concreto, retoma el planteamiento del coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, quien propone que «la solución podría ser transformar el cuerpo actual adscrito a la Policía Nacional, la Unidad de Carabineros y Protección Ambiental, en una Guardia Nacional Rural, es decir, una institución similar a la Real Policía Montada de Canadá o la Gendarmería Nacional de Francia como responsable de la seguridad en las zonas rurales».
La organización de una policía rural especializada en la provisión de seguridad a las comunidades y de protección al resto de instituciones regulatorias y servicios públicos del Estado es trascendental para dos objetivos tendientes a la pacificación del país. Por un lado, para poder llevar el Estado de manera efectiva al territorio. Desde principios de los ochenta se apunta a la debilidad del Estado en áreas periféricas y marginales como uno de los grandes determinantes del conflicto. De hecho, cada Gobierno, a su manera y de acuerdo con su ideología, hizo planes de inversión social y políticas de seguridad para fortalecer el Estado en los territorios.
En 1999 la situación fue tan crítica que se alcanzó a hablar por analistas internacionales de Colombia como Estado fallido. En realidad, se trataba de una crisis en zonas y comunidades muy específicas. Como bien lo señala Pizarro en el libro, la situación de Colombia nunca pudo haber sido considerada como la de un Estado fallido o un Estado en proceso de colapso. La realidad ha sido, por el contrario, que los ciclos de la guerra han llevado al fortalecimiento del Estado y a su extensión territorial. El pie de fuerza, la oferta de servicios públicos, los recursos disponibles, la infraestructura, etc., han alcanzado niveles impresionantes pese a que la violencia y los grupos armados irregulares continúan estando en la periferia y en los márgenes.
Mi impresión es que, actualmente, luego de la expansión del Estado, el problema no es de debilidad sino de disfuncionalidad. En particular, tenemos un problema de una fuerza pública y de unas instituciones de gobierno que no son funcionales a las demandas de seguridad, justicia, desarrollo económico de comunidades excluidas y marginadas. Mientras tanto, los grupos armados irregulares han desarrollado prácticas institucionales muy efectivas para atender demandas de gobierno de estas comunidades. El ejemplo más evidente es la organización y protección de mercados ilegales, como ya se mencionó previamente. Pero existen otras demandas en las que el Estado se queda atrás. Por ejemplo, la regulación de las deudas pequeñas y los mercados informales que son trascendentales en la vida de comunidades escasas de recursos económicos.
El asunto es que el Estado ha diseñado sus normas, su burocracia y sus prácticas sin contar con las posibilidades institucionales de estas sociedades, pretendiendo que la gente va a cambiar de un día para otro sus hábitos, costumbres y medios de vida para poder ser gobernada por el Estado. Sería más práctico hacer el trabajo al revés: adecuar las instituciones estatales, es decir, hacerlas funcionales para la gente, allí donde se pretende llevar el Estado porque es débil y gobiernan otros.
Por otro lado, la disfuncionalidad institucional del Estado tiene grandes repercusiones en los resultados de la nueva guerra. Se ha subestimado que, pese a que los grupos abandonaron la toma del poder nacional como premisa revolucionaria, desarrollaron otro tipo de objetivos políticos asociados a elementos centrales de las funciones estatales como la provisión de protección y justicia y la organización de los mercados locales.
Enfatizo estos elementos políticos porque nos advierten que estamos en una guerra diferente que demanda del Estado nuevas estrategias tanto para combatir como para negociar con los grupos. La clave ahora no está tanto en el desarrollo de capacidades militares para enfrentar en combate a los grupos. De hecho, los grupos evitan la confrontación, son conscientes de la superioridad del Ejército Nacional.
Es importante mantener esta percepción y capacidad de superioridad militar. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el problema de la nueva guerra está en que los grupos armados irregulares tienen superioridad sobre el Estado en la vigilancia de la población en ciertos territorios. Las milicias, los comandos y las pandillas que interactúan con la población de manera cotidiana, sin necesidad de armas largas, son en la práctica un gobierno de facto. Por su parte, al Estado, con sus fuerzas armadas, la policía y jueces, le cuesta demasiado competir con la relación que establecen los grupos con la población. Es en este campo que se necesitan más reformas porque, incluso en caso de darse un proceso de paz, una condición necesaria para evitar el reciclaje es que el Estado aprenda a gobernar a la población de territorios periféricos.
DE TODOS MODOS, LA VIOLENCIA SE CIVILIZA
Pese a ser muy crítico con la Paz Total y anunciar su fracaso aun antes de que acabe el Gobierno Petro, Pizarro es consciente de los grandes avances del país en términos de reducción de la violencia homicida. La guerra continúa, pero con muchos menos muertos: Colombia pasó de una tasa de ochenta y cuatro homicidios por cien mil habitantes en 1991 a una tasa de veintiséis en 2023. Pizarro sugiere tres factores claves para explicar la reducción.
El primero tiene que ver con un creciente control territorial por parte de los grupos armados que les permite gobernar las poblaciones haciendo uso de una violencia más selectiva. El segundo con el crecimiento de pie de fuerza de la Policía Nacional. Y el tercero con los esfuerzos de los gobiernos locales.
La mezcla de los tres elementos anteriores, a mi modo de ver, ha dado lugar a un proceso civilizatorio tanto de la guerra como de la criminalidad organizada en Colombia. El caso de Medellín es un excelente ejemplo de este proceso civilizatorio. En una charla con una estudiante de maestría de la Universidad de Oxford comentábamos la gran paradoja de la mesa de paz del Gobierno con las bandas de Medellín: se está negociando una paz donde no hay guerra. Desde hace ya varios años las organizaciones que se dividen el control del territorio y de la criminalidad han impuesto una serie de normas y arreglos que han llevado a la pacificación de la ciudad.
Las normas se refieren a las prácticas y los comportamientos permitidos a los miembros de las organizaciones. El uso de la violencia está estrictamente regulado. Los asesinatos no son aleatorios. Requieren del permiso de los jefes de las organizaciones. Los mandos medios y los miembros rasos no pueden practicar la violencia por fuera de estas normas.
Los arreglos se refieren a la estricta división territorial que las distintas bandas han hecho de la ciudad y las prácticas diplomáticas que evitan que eventuales diferencias y guerras en el interior y entre las bandas desemboquen en violencia generalizada. Enfrentamientos ocurren, pero las bandas han desarrollado e internalizado mecanismos de negociación y mediación para encapsular los enfrentamientos.
La selectividad en el uso de la violencia homicida, como sostiene Pizarro, se ha extendido a zonas periféricas donde operan ejércitos irregulares. Las cifras de masacres, por ejemplo, son mucho menores a los años de la guerra dura entre la insurgencia y la contrainsurgencia. Del mismo modo, las masacres actuales no involucran la cantidad de muertes de esas épocas. En una entrevista personal con el comandante político de los gaitanistas le escuche decir, con asombro y reprobación, que existieran grupos armados en que sus miembros no pidieran permiso a los mandos para cometer homicidios.
El Estado ha jugado un papel central en este proceso civilizatorio de la violencia, como lo sugiere Pizarro en el segundo y tercer factor. El uso de la fuerza y los procesos de paz fueron definitivos para desmovilizar agrupaciones armadas muy violentas. De manera tácita, el uso de la fuerza por el Estado propició la imposición de aquellas organizaciones con mayor capacidad de domesticar la violencia. La fuerza del Estado se dirigió, cuando las condiciones eran propicias, a las organizaciones que causaban mayor daño a la sociedad.
Aun así, todavía existen expresiones de violencia sin ningún tipo de autocontrol. Lo ocurrido en el Catatumbo, cuando el ELN atacó al frente 33 de las disidencias de las FARC, es una muestra de aplicación de violencia a la antigua. Casi cien civiles fueron masacrados y varios miles de pobladores desplazados para asegurar el control territorial de la región.
La domesticación de la violencia es un llamado al actual y a los próximos Gobiernos a que, además de buscar la paz, es importante buscar una salida negociada a la violencia homicida asociada al gobierno de las comunidades. No solo se puede concebir el problema como una propuesta para parar la guerra entre agrupaciones armadas irregulares sino como una negociación para que estas agrupaciones renuncien al control de una parte importante de la población. Las negociaciones son de paz, pero no solo en el sentido de acabar una guerra, sino acerca de la necesidad de desmovilizar organizaciones que cobran impuestos, administran justicia y organizan la vida de las comunidades al tiempo que renuncian a dosis incontrolables de violencia.
El hecho de que la Paz Total haya fracasado no significa que el Estado y la sociedad colombiana no vuelvan a apostar por salidas negociadas a las nuevas situaciones de conflicto, así no sea un objetivo fácil de alcanzar por las razones que Pizarro recopila en su libro.
LOS GRANDES ERRORES DEL GOBIERNO PETRO
En El Fracaso de la Paz Total va a encontrar un recuento de los grandes errores cometidos en el Gobierno Petro, tanto en el diseño como en la ejecución de su política de paz. Quien quiera que aspire a investigar las razones del fracaso tendrá que usar este libro como referente, bien sea para compartirlas como causas válidas o para debatirlas. Agregaría dentro de las causas, o más bien la haría más explícita, la conducta tan errática del presidente y el pobre respaldo que a ratos muestra hacia las distintas negociaciones.
Es difícil no contrastar el compromiso público, la responsabilidad y el uso de su capital político en los casos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos para llevar a cabo los procesos de paz con las AUC y las FARC respectivamente. Petro, en numerosas ocasiones, parecía un saboteador del proceso, llegó a decir que el nombre de la Paz Total nunca le había gustado. ¡Estaba dentro del documento de su plataforma de gobierno cuando era candidato presidencial! Tampoco fue muy responsable cuando un 31 de diciembre a altas horas de la noche anunció en un trino que el Gobierno iniciaba un cese al fuego con casi todos los grupos armados sin haber concertado el cese con ellos.
Mucho más sensatas han sido las declaraciones del comisionado Otty Patiño que, en el momento en que se dio cuenta de las pocas probabilidades de culminar algún proceso de la Paz Total con éxito, propuso como meta la instalación y el avance de alguna de las mesas de modo que el próximo Gobierno, sea cual fuere, se vea comprometido a continuar con el proceso. La desmovilización de centenares o miles de hombres y mujeres en armas, además de sus redes de apoyo, son un logro muy valioso para la paz del país. Es comprensible que un candidato en las actuales elecciones critique y proponga finalizar los procesos. Sin embargo, si hay suficientes avances sería una irresponsabilidad no culminar los procesos.
En suma, los procesos de paz no son asuntos de política pública que el presidente pueda delegar hasta desentenderse de ellos. Por el contrario, su éxito depende mucho de su compromiso y voluntad.
A modo de conclusión, quiero resaltar la importancia de la lectura de El Fracaso de la Paz Total, tanto para lectores que solo tengan interés de informarse de la situación política del país como para investigadores especializados en el conflicto colombiano, en la construcción de paz y en el fortalecimiento del Estado ante la amenaza de los grupos armados. No todos los días aparecen libros como el de Eduardo Pizarro que abran un debate a profundidad sobre un tema que, aunque coyuntural, va a marcar la historia de los próximos años en Colombia.
* Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial. Gustavo Duncan: (Cartagena, 1973). PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de North- western (Illinois, Estados Unidos). Es profesor de la Universidad EAFIT (Medellín), donde enseña historia del conflicto y contexto político colombiano. Hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en las conversaciones de paz en La Habana. Es autor de Más que plata o plomo (2014), Los señores de la guerra (2015) y Democracia feroz (2018).
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