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Con la intención de renovar la normativa que existe sobre selección, notificación y el régimen sancionatorio para los jurados de votación, el senador liberal Mauricio Gómez Amín radicará este miércoles un proyecto de ley que, además, contiene varias propuestas de amnistía para los ciudadanos que fueron convocados como jurados para elecciones, no cumplieron con su deber y tienen multas ante la Registraduría.
La iniciativa, en parte, también intentará actualizar la ley para implementar herramientas tecnológicas que ayuden tanto a la notificación de las citas para capacitación como para las sanciones que sean impuestas por el organismo electoral.
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Según un documento previo del proyecto, el actual sistema de notificación no muestra efectividad, por lo que “se requiere un procedimiento claro que garantice una notificación personal y con tiempos razonables, que permitan al ciudadano tener clara y precisa su obligación de concurrir como jurado de votación”.
“La cifras nos muestra que en los ocho (8) procesos electorales realizados entre el año 2010 y 2015, se impusieron 85.476 sanciones a personas por inasistencia como jurados de votación, por un valor de $ 72.204’886.585.
La intención es que esa notificación sea por medios electrónicos, mensajes de texto o de voz al celular o hasta redes sociales, en caso de que no se posea esa información del ciudadano.
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También contempla amnistías para quienes tiene multas por la no asistencia o ejercicio como jurado de votación en la elección a la que fue convocada. El primero sería un descuento del 50 % del total de la deuda con intereses a los que registren se registren a ese beneficio durante los primeros seis meses de su vigencia.
En los siguientes seis meses, el incentivo será del 25 % de descuento sobre el total de la deuda con intereses. Según cifras de la Registraduría, contenidas en la exposición de motivos, a octubre de 2018 existen en el país 32.690 personas que adeudan un monto total de $ 30.384’426.831 en multas.
“Esta ausencia de pagos también fomenta una pérdida de recursos que podrían beneficiar a la financiación misma de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, a su vez, facilitar la distribución presupuestal del Estado partiendo de la premisa de la posible obtención de mayores recursos para la entidad”, dice el documento.
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