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El articulado aprobado sostiene como sujetos de ley a aquellos que hayan participado de las hostilidades, por lo que sus mayores detractores han advertido que así se permitirá que narcotraficantes, bandas criminales e incluso miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes de lesa humanidad se puedan acoger.
Frente a esto, Barreras sostuvo que aunque esos delitos tendrán necesariamente investigación y sanción, no habrá perdón ni olvido, pero podrán ser cobijados por los mecanismos de justicia transicional que contempla el proyecto: “Se aplicaría el principio de oportunidad o la suspensión de la pena, según lo autorice el Congreso en una ley que deberá presentar el presidente de la República en el momento en el que valga la pena echar a andar un proceso de paz”, explicó.
Por otra parte, aunque el texto inicial de la iniciativa contemplaba que quienes se desmovilicen en un proceso de paz puedan acceder a ejercer la función política, hoy ese artículo quedó congelado por el clima político que generó el asesinato, el pasado sábado, de cuatro miembros de la fuerza pública que permanecían secuestrados por las Farc.
Sin embargo, para Barreras aunque “hoy la guerrilla no merece un beneficio político, si más adelante decide liberar a los secuestrados, se volvería a retomar el tema, porque la paz consiste en que la voz de los fusiles se cambie por la voz de la democracia”.
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