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El proyecto de acto legislativo que busca instaurar la elección del fiscal General de la Nación por meritocracia sigue con vida, pese a que los tiempos sean apretados para que cumpla con el primer ciclo de debates. La plenaria de la Cámara le dio hoy luz verde a la iniciativa de autoría de José Daniel López, de Cambio Radical.
“Luego de una maniobra del Centro Democrático de desarmar el quorum hace 15 días, hoy por fin logramos aprobar en segundo debate en la plenaria, el proyecto para elegir fiscal por medio de meritocracia”, manifestó el representante López.
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Aun así, el representante de Cambio Radical insistió en la importancia de aprobar la iniciativa en esa sesión, ya que por los días de las elecciones regionales no se iba a trabajar y postergar su discusión podría implicar la muerte del proyecto. Todo iba bien hasta que llegó el momento de la votación, situación que se impidió porque no había el quorum suficiente.
Solo hasta este martes, tras finalizadas las elecciones, se le volvió a dar trámite, logrando evitar su hundimiento. El proyecto contiene dos puntos principales. El primero consiste instaurar la meritocracia en la elección del fiscal. Es decir, a través de concurso se filtrarán diez perfiles de profesionales que cumplan con la experiencia y hoja de vida. De estos, el presidente de la República elegirá a tres que se presentarán a la Corte Suprema de Justicia.
El segundó, según explica el representante, pretende institucionalizar el período del fiscal. “Eso quiere decir que se elegirá en una fecha cada cuatro años, como pasa con el presidente o con cualquier cargo. La ley dispondrá, entonces, que el nombramiento será a finales del tercer año del período presidencial, para evitar que como hoy, que el período es personal, llegue a ver una coincidencia en los tiempos entre el director del ente acusador y el primer mandatario que ayudó a elegirlo”.
Este punto, para él, representa la verdadera independencia de la institución con el Gobierno, disposición que consagró la Constitución del 91 cuando dividió los períodos entre una entidad y otra para garantizar la separación de poderes.
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