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Se suponía que en un Congreso renovado y con mayorías de centroizquierda o alternativas, los proyectos de corte progresista y en favor de las libertades iban a tener mejor suerte que en pasadas legislaturas. Pero la aplanadora oficialista solo se ha visto en el respaldo a iniciativas clave para el Gobierno como las reformas tributaria, política y la “Paz total”. Los proyectos de corte liberal, como la regularización del cannabis o la eutanasia, como en el pasado siguen teniendo tropiezos para su aprobación.
El proyecto para regularizar el consumo de cannabis de uso adulto en el país, para el que es necesario modificar el artículo 49 de la Constitución y por tanto requiere de ocho debates, es el que más ha avanzado. En este periodo de labores legislativas superó cuatro discusiones (dos en Cámara y dos en Senado), lo que no significa que su aprobación haya sido tarea fácil para sus promotores.
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El autor de la iniciativa es el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal). En más de una ocasión, el congresista le ha pedido al Gobierno su apoyo para que el proyecto tenga aún más fuerza dentro del Congreso y así poder aceitar el trámite de la iniciativa mediante las mayorías oficialistas. Esto, teniendo en cuenta que el Gobierno ha mencionado la necesidad de regular no solo el cannabis sino otras sustancias, y que de hecho el senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) impulsó un proyecto con el mismo objetivo, pero al final decidió apoyar el de Losada.
Uno de los inconvenientes que tuvo la aprobación del proyecto fue el cruce con otra iniciativa de los representantes Jorge Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) y Carlos Ardila (Partido Liberal), que si bien también busca legalizar el consumo, está más enfocado en crear la regulación para la cadena de producción del cannabis (siembra, transporte, almacenamiento, procesamiento, transformación, exportación, empaquetado, publicidad y venta de la sustancia).
Eso hizo que al principio de la discusión, antes del primer debate, los representantes tuvieran que buscar una forma de conciliar los textos y ponerse de acuerdo, algo que a pesar de ser de la bancada de gobierno no fue posible. La falta de sintonía radicó en que, para Losada, el proyecto de su copartidario Ardila determina que los tributos del cannabis queden en los territorios y que dicha tributación la establezcan los municipios.
Y aunque coincide en que la tributación del cannabis debe ser de los territorios, en una entrevista que dio a este medio hace unos meses argumentó que si el mandatario de un ente territorial no está de acuerdo con el consumo de marihuana “puede poner unos impuestos que terminen redundando en una violación a los derechos y las libertades de los ciudadanos que consumen esta sustancia”.
Por esa razón, y de ahí su llamado a que el Gobierno se involucre más en el proyecto e incluso se cree una mesa técnica para discutir sobre la tributación cannábica, entre otros temas, el proyecto tuvo un arranque difícil. Eso, sin contar que la otra propuesta no ha iniciado su discusión y que el Nuevo Liberalismo manifestó la intención de radicar una tercera iniciativa para regularizar el cannabis, lo que puede redundar en un “sancocho” de propuestas alrededor del mismo tema.
No obstante, los escollos esta vez son mínimos si se comparan con las iniciativas que se presentaron en anteriores periodos del Congreso, cuando eran archivadas sin pasar siquiera su primer debate. Por ejemplo, el año pasado los representantes Juan Fernando Reyes Kuri y el propio Losada presentaron un proyecto para para modificar la prohibición que establece la Constitución sobre el porte y consumo de sustancias psicotrópicas y el senador Bolívar presentó otro proyecto de ley para legalizar el consumo de la planta. Todos los proyectos se hundieron.
El actual proyecto es muy similar al que llevaron Reyes Kuri y Losada y, en esencia, pretende modificar la Constitución para que el cannabis sea tratado, por ejemplo, como otras sustancias que alteran los sentidos tales como el tabaco o el alcohol. Si el proyecto se aprueba, se modificará así el artículo establecido en 2009 para criminalizar el porte y consumo de sustancias como el cannabis.
La iniciativa también establece que, así como el tabaco y el alcohol, la comercialización del cannabis tenga licencias, excepciones de uso y tributación para financiar la reducción de daños y prevención de consumo. Sobre la tributación, uno de los puntos que más divide sobre el proyecto, la idea es que sea del orden territorial y que el monto del impuesto sea fijado de forma centralizada.
“Debe ser homogéneo y por supuesto hay toda una discusión sobre si esos impuestos deben ser altos o bajos. Creemos que estos impuestos, al principio, deben ser bajitos y con alguna gradualidad, para que la gente no vaya a recurrir a los mercados ilegales porque la tributación sea muy alta. En los temas de tributación hay muchos vericuetos, pero creemos que eso no debería estar en la Constitución”, mencionó Losada al respecto.
¿Qué viene ahora para el trámite de la iniciativa? Al ser un acto legislativo y necesitar una “segunda vuelta” en el Congreso, era clave la aprobación del cuarto debate que se dio en la primera semana de este mes. “Esto es histórico porque es la primera vez que superamos la primera vuelta”, dijo Losada cuando se superó el cuarto debate. Ahora le faltan cuatro debates, que seguro se darán en el primer semestre de 2023 y que, según Losada, serán “tremendos, de alquilar balcón”.
Regulación de muerte asistida, próximo debate sobre libertades
El proyecto de ley que busca regular la eutanasia en el país, contrario al de cannabis de uso adulto, aún tiene mucho camino por recorrer. El proyecto, también propuesto por el representante Juan Carlos Losada, apenas lleva un debate de cuatro que debe dar. Su aprobación se dio el pasado 3 de octubre con 25 votos a favor y tres en contra, y su propósito esencial como ley estatutaria es regular “el acceso al derecho fundamental a la muerte digna bajo la modalidad de muerte médicamente asistida”.
De acuerdo con la ponencia aprobada en primer debate, la finalidad de la iniciativa es además garantizar la seguridad jurídica a quienes quieran iniciar el procedimiento por medio del cual se aplica la muerte médicamente asistida. No se puede perder de vista que desde 1997 la Corte Constitucional, mediante ponencia del exmagistrado Carlos Gaviria, reconoció la muerte digna como derecho fundamental, las tres modalidades (cuidados paliativos, muerte médica asistida y eutanasia) y otras normas para garantizarlo.
En el mar de sentencias, resoluciones y leyes que se han expedido al respecto, el proyecto busca dilucidar temas como las clases de eutanasia y los elementos esenciales que la justifican, los argumentos para promover su legalización. En otras palabras, explica Losada, lo que quieren es “llenar los vacíos” que han identificado frente a una de las modalidades, que es la muerte asistida.
Su trámite continuará a partir de marzo del próximo año, cuando empezarán a darse los otros tres debates para su aprobación. Losada admite que en esta discusión habrá “un poco más de afán”, puesto que necesita tres actos legislativos entre marzo y junio, un periodo en el que se prevé que la discusión se centre en las reformas estructurales que radicará el Gobierno, además no se sabe con exactitud cómo esta el ambiente en la plenaria de la Cámara.
“Es posible que en ese proyecto también tengamos las mayorías necesarias y va a ser absolutamente clave qué tantas posibilidades tenemos de ir hasta el final, esperamos que esté agendado entre los primeros en plenaria para que no lo coja el trancón de proyectos”, plantea el representante, y dice que si a la plenaria llegan primero los grandes proyectos del Gobierno, el de eutanasia estaría “prácticamente hundido”.
Por Felipe García Altamar
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