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En medio de la incertidumbre sobre la postura de los partidos frente a las iniciativas del Gobierno y el golpe político del escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti, el Congreso de la República llega a la última semana de sesiones ordinarias de esta legislatura. Como ya es costumbre, la agenda será apretada y todos los partidos, al igual que el Gobierno, intentarán que sus proyectos ocupen el mejor puesto en el orden de cada día.
Dos situaciones marcarán especialmente los debates, ambas relacionadas con la inestable relación del Gobierno con los partidos Conservador, Liberal y de La U. La primera tiene que ver con la actitud que estas bancadas han tomado frente a la discusión de las reformas. En las últimas dos semanas, los congresistas de estos partidos han desarmado el quórum decisorio para los debates, lo que mantiene estancadas la reforma a la salud y la laboral.
Por ejemplo, la semana pasada no se avanzó en ninguno de los dos proyectos y apenas se aprobó el informe de ponencia de la reforma pensional. Para el Pacto Histórico, esto corresponde a una estrategia de dilación que han bautizado como el “plan tortuga” contra las reformas. Sin embargo, desde los otros partidos, representantes como Alfredo Ape Cuello, del Conservador, aseguran que no se trata de paralizar la labor legislativa, sino de una “forma de protesta” contra proyectos con lo que no están totalmente de acuerdo.
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El otro punto clave para la discusión es el discurso del mandatario durante las marchas de la semana pasada, en las que le pidió al Congreso, respetuosamente, sacar adelante las reformas. Sin embargo, al tiempo, denunció un “golpe blando” en su contra, un plan para tumbar su agenda legislativa y sacarlo de la Presidencia “para que pase lo mismo del Perú”, haciendo referencia al caso de Pedro Castillo.
Sus palabras no cayeron bien entre algunos partidos, que las calificaron como una forma de atizar la polarización y presionar indebidamente al Legislativo. “Pone en riesgo la independencia y la soberanía del Congreso. Siento que esto coacciona la libertad de los congresistas para tomar una decisión objetiva e informada”, dijo el representante liberal Álvaro Rueda, durante el debate de la reforma a la salud.
Aunque algunos congresistas de esos partidos anunciaron que esta semana volverían a los debates, advierten que mantienen varias diferencias o “líneas rojas” frente a los cambios propuestos por el Gobierno.
El estado de las reformas
De todas, la más avanzada es la reforma a la salud, que superó un accidentado primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y ahora se enfrenta a la plenaria de esa misma corporación. En las últimas dos semanas, apenas se han votado algunos impedimentos, pues los partidos insisten en que el Gobierno debe concertar aún más el articulado; garantizar un modelo de aseguramiento mixto e impedir que la gestión del riesgo se reparta en estructuras estatales y burocráticas.
A esta iniciativa también le aparecieron voces contrarias en la Alianza Verde, uno de los partidos que se mantiene en la coalición de gobierno. Congresistas como Catherine Juvinao, Cristian Avendaño y Katherine Miranda firmaron una proposición de archivo, quienes aseguran que el proyecto no cuenta con el respaldo total de la ciudadanía y aún no da plenas garantías de seguridad jurídica.
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La reforma laboral está más enredada. Aunque la bancada del Pacto Histórico logró las firmas necesarias para radicar su ponencia, se encontró con que el Partido de La U y los liberales plantean cambios profundos al proyecto original. Por ejemplo, piden no llevar al 100 % el pago de recargos y proteger los modelos de tercerización. Aunque este proyecto ha sufrido la falta de quórum, llama la atención que no está agendado para la sesión de este martes en la Comisión Séptima de la Cámara.
Por último, la pensional, que está en la Comisión Séptima del Senado, también enfrenta numerosas críticas de congresistas y gremios del sector. Piden, entre otras cosas, moderar el umbral de cotización del pilar contributivo, que en el proyecto es de tres salarios mínimos legales.
Los proyectos en riesgo
A pesar del protagonismo de las reformas sociales en la agenda de esta legislatura, otros proyectos han logrado avanzar y están a punto de convertirse en ley. Tres de estos son actos legislativos, por lo que no podrán ser discutidos en sesiones extras; es decir, deben quedar listos antes del martes 20 de junio.
El primero es la regulación del cannabis, que pasó al último de ocho debates tras obtener 15 votos a favor y cuatro en contra en la Comisión Primera del Senado. La propuesta central es modificar el artículo 49 de la Constitución, eliminando la prohibición del “porte y consumo del cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad”.
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La plenaria será una prueba difícil, pues el proyecto necesita el respaldo de las mayorías absolutas. Según el representante liberal Juan Carlos Losada, promotor de la regulación, se necesitan los votos de todo el Pacto Histórico, los verdes, la mayoría de los liberales y tres o cuatro más para estar seguros de su aprobación.
A este se suman otros dos proyectos que están en las mismas condiciones, a un paso de ser realidad. Se trata de la creación de la jurisdicción agraria y el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. Los dos han logrado consenso entre las bancadas y, con excepción de la falta de tiempo, parecen no tener otros inconvenientes. El primero estará en plenaria de Senado y el segundo en plenaria de Cámara.
Hay otras iniciativas que el país sigue de cerca, como la reforma al Código Electoral o la reducción del receso legislativo. Esta última, por ejemplo, aunque cuenta con el respaldo de muchos congresistas, tendrá que pelear espacio en la plenaria de la Cámara, donde la prioridad es la reforma a la salud.
Después del 20 de junio, el Congreso entrará en sesiones extraordinarias, un periodo que podría ir hasta el 30 de junio, según el presidente de la Cámara, David Racero. Si bien es cierto que en este tiempo no se discutirán actos legislativos, podría ser fundamental para que las reformas del Gobierno se mantengan a flote y no deban iniciar de cero la próxima legislatura.
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