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Es algo evidente para todos los actores. En Medellín hay una tensión política que, según el que la narre, tiene unas causas diferentes, aunque se comparte una base: la polarización. Y no necesariamente entre los opuestos de derecha o izquierda, que comúnmente calan en el discurso público y político cuando se acercan unas elecciones, como las que viviremos en 2022, sino más bien dos narrativas sobre lo que se hace bien y mal en la administración de la segunda ciudad del país que, a su vez, cuenta con EPM, la segunda empresa nacional 100 % pública más importante, que tiene activos por más de $60 billones, que ha acompañado el desarrollo de la capital antioqueña y que es hoy la cara detrás del proyecto energético más grande de Colombia, Hidroituango, que ha causado atrasos en los compromisos contractuales, así como tragedias en abril y mayo de 2018, generadas por errores en el diseño y la construcción.
El proyecto tiene incidencia política porque, por ejemplo, fue un tema central en la campaña de Daniel Quintero, antes de convertirse en alcalde de Medellín, y porque, además, las decisiones de él con relación a EPM e Hidroituango han generado quiebres políticos con algunos concejales, así como con un sector muy importante de la ciudad que ha participado en su modelo de gobernanza: las empresas. Pero antes de entrar en detalle sobre EPM y lo político que se ha movido alrededor de esta, es necesario irse más atrás, al momento de campaña y cómo se construyó la candidatura de Quintero.
¿Candidato “independiente”?
Para la politóloga y magíster en comunicación política Lina Guisao, primero hay que destacar la procedencia del alcalde. Más allá de su crianza en el sector popular de Medellín, hace énfasis en la característica de outsider de Quintero cuando llegó a lanzarse como candidato. “Era un desconocido. Por más de que nació acá, no tenía ningún proceso social ni político previo a su aspiración. En los sectores alternativos se le conoció desde que vino a hacer campaña por el ‘sí’ para el plebiscito en 2016 y, después, en las elecciones de 2018, cuando promovió a Humberto de la Calle”, recuerda Guisao.
Poco calaron en la ciudadanía los artículos periodísticos que trajeron al presente el pasado político de Quintero, que dan cuenta de su transitar por diversos partidos y movimientos políticos como el Conservador, la Alianza Verde -cercanía a través de su hermano que fue concejal por esta colectividad-, el Partido del Tomate y el Partido Liberal. Para una gran mayoría, él encarnaba la independencia a estructuras políticas tradicionales, las cuales, vale recordar, no han ganado en cuerpo propio la elección a la administración municipal desde Sergio Fajardo, a excepción de Aníbal Gaviria, con los liberales para el período 2012-2015.
Además de su discurso de independiente, de joven que se hizo a pulso en el barrio Tricentenario (noroccidente de Medellín) y que les iba a devolver la esperanza a esos sectores de la ciudad tan afectados por la desigualdad y la pobreza, fue muy determinante su postura sobre EPM e Hidroituango. “Él introdujo la noción de corrupción durante el debate a la Alcaldía. Hablaba de que EPM estaba cooptada por alguien, pero no precisaba quién. Era un ataque más a lo institucional que a personas puntuales”, comentó Piedad Patricia Restrepo, directora de la veeduría Todos por Medellín, recordando hechos perfomáticos durante la campaña, como el queso que le entregó al exgerente Jorge Londoño de la Cuesta, “para que se lo coman porque se nota que ustedes tienen hambre”; o las gafas gigantes que instaló en La Alpujarra, como mensaje para el entonces alcalde Federico Gutiérrez, “para que no se haga el de las gafas con Hidroituango”.
Además de estos hechos comunicacionales en lo político, que eran inéditos en la ciudad, otro factor que jugó a favor del hoy alcalde fue su postura antiuribista, pues, aunque Medellín es bastión y tierra de Uribe, la ciudad es reacia a votar por sus candidatos. Y eso lo demuestran las pasadas elecciones. Con todo esto, Quintero sacó más de 304.000 votos, la votación más alta en la historia, pero para Guisao “es esperable que las proyecciones y el potencial electoral crezcan cada vez más”. Ese resultado sorprendió también por partida doble, ya que en el tarjetón había 15 candidatos, un número inusual para la ciudad, y un ambiente político marcado por, si se quiere, la terquedad de todos para lograr alianzas y coaliciones.
Eso sí, Quintero ganó en los sectores populares que, para muchos expertos, fue un mensaje de la ciudadanía para la clase política. Sin embargo, mientras la votación se analizaba, en la trasescena empezaron las suspicacias. En la foto de victoria se le vio acompañado por el senador liberal Iván Agudelo.
“En la cena de celebración, llegaron un montón de políticos tradicionales de la ciudad y el Área Metropolitana que, sin darme cuenta, tuvieron sintonía con la campaña. Es decir, no fue tan independiente como se vendió y tuvo siempre una agenda oculta a lo que habíamos acordado”, dijo el concejal Luis Bernardo Vélez, que declinó a su aspiración a la Alcaldía para acompañar a Quintero como cabeza de lista de su movimiento y ahora rompió por completo su relación con él, por las diferencias en el manejo de la administración y en proyectos de acuerdo que los vendía de una forma al Concejo, pero, insistió, tenían otros objetivos.
Las dudas con relación a su independencia quedaron en stand by mientras se hizo el empalme. Proceso en el que nombró a personas de todos los sectores, incluido el empresarial, y que se vio con buenos ojos.
Quintero y sus formas de gobierno
Claro, desde EPM estaba la expectativa sobre cómo iba a actuar Quintero como alcalde, luego de las críticas frontales que hizo a la empresa, así como las promesas de que iba a usar una firma cazatalentos para elegir a la persona más idónea para que fuera gerente y que esta, aseguró, iba a durar por lo menos sus cuatro años de gobierno. “Cuando nombra al gerente, nos damos cuenta de que este obedece a más de lo mismo, que venía de la política”, recordó Hugo Herrera, vicepresidente del Sindicato de Profesionales de EPM. Según explica Oswaldo Gómez, presidente de Confiar y exintegrante de la junta de EPM por designación de Quintero, Álvaro Guillermo Rendón fue, quizá, la primera persona que acogió políticamente al alcalde cuando este era joven en el Partido Conservador y lo acompañó y respaldó cuando estuvo en Bogotá.
Sin embargo, esto se vio como un nombramiento en agradecimiento y paralelamente las designaciones en los cargos de secretarías, subsecreterías y demás direcciones del conglomerado público se veían con expectativa y cautela, pues ya había un indicador de esa foto del senador Agudelo junto a Quintero en su elección como alcalde.
Llegaron, entonces, personas técnicas como Carlos Cadena (Movilidad), Alejandro Matta (Juventud), Juliana Martínez (Mujeres) y Camilo Quintero (Ambiente). “Han dicho que era cuota del concejal Daniel Duque. No niego que tenga una amistad con él, pero no coincidimos en lo político. Al alcalde lo conocí desde que estábamos en el Gobierno Nacional, yo en Ambiente y él en el de las TIC, y también él acompañó el activismo que hicimos con relación al Túnel Verde. A mí me llama su secretario de Gobierno, me ofrece ser subsecretario de Ambiente, me promete independencia para conformar mi equipo y tomar decisiones. Lo pensé y, al cabo de unos días, acepté. Eso sí, con mis reservas, porque conocía su malabarismo en varios partidos políticos. Una vez en el cargo, la realidad confirmó que él no gobernaba solo y estaba involucrado con personajes de la escena tradicional. Renuncié en julio de 2020″, aseguró Camilo Quintero.
Cabe aclarar, no está mal llamar a los amigos a cogobernar, pero ante una campaña que se construyó con el discurso de la independencia eso genera ruido y mella. El Espectador habló con el concejal Jaime Cuartas (Alianza Verde), actual presidente de la corporación, y el representante León Fredy Muñoz (Alianza Verde), a quienes varias fuentes señalan como personas con cuotas políticas dentro de la Alcaldía por un tipo de contraprestación. Sus respuestas fueron muy similares: que tienen conocidos que también han hecho carrera pública y tienen las calidades y capacidades de estar donde están, y que nunca negociaron para que esto se diera. “Llevo 20 años en lo público y conozco a mucha gente. Yo no soy quien nombra, eso es algo ajeno a mí, no he sostenido ninguna relación en ese sentido con nadie. Y si hay personas cercanas, lo importante es revisar sus hojas de vida, que cumplan con la trayectoria”, comentó el cabildante.
“Quieren hacer ver eso porque es Daniel Quintero. Un alcalde que nombra a sus amigos, pero todos los que nombra son personas de su confianza, que lo acompañaron en su campaña. Esa es la independencia para contratar a quien considere que sean los mejores”, comentó por su lado el representante. Y esto lo secunda el también concejal Fabio Humberto Rivera (Partido Liberal): “Juan Gómez Martínez decía que cómo iba a gobernar con los enemigos. Lo que ha hecho el alcalde es rodearse de muchos de los muchachos que caminan con él desde hace rato, como Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez, Juliana Colorado, y gente cercana ideológicamente a liberales, conservadores, hasta del Centro Democrático. Por ejemplo, Juan Carlos Vélez hace parte de la junta de la Agencia APP y no creo que sea cuota de algún concejal. Por eso no me atrevería a decir que hay cuotas. Eso sería un juicio de valor”.
Aun así, tres fuentes consultadas -un exfuncionario, un funcionario y un periodista que cubre la fuente y que pidieron no ser citados- le aseguraron a este medio que existe y se habla de una base de datos de la Secretaría de Gobierno en la que se registran a las personas, los cargos que buscaban para acomodarlas, el valor de los contratos y de qué grupo político vienen recomendadas. “Esa lista era un Excel y la manejaban los secretarios. La vi alguna vez. Entiendo que Esteban (secretario de Gobierno) era el que daba la autorización para contratar y la secretaria de Gestión Humana llamaba para presionar para que se contratara a alguien”, dijo quien ya no pertenece a la administración.
“No he visto la base de datos, pero sé que existe, porque la han mencionado más de una vez. Igual puedo decir que, de mi equipo, alrededor de nueve personas son cuotas políticas o que he escuchado que el exconcejal Álex Flórez tiene 500 personas de su cercanía en la administración”, complementó el funcionario que trabaja en la Alcaldía. Aunque personas adentro de la administración han evidenciado esta forma de gobierno que -hay que reiterar- no es nueva y busca gobernabilidad para la aprobación de proyectos, hay temas que el Concejo se ha opuesto y ha hundido, como el cambio de objeto social del aeropuerto Olaya Herrera y EPM, la enajenación de Tigo-Une, y, la semana pasada, las comisiones primera y segunda le dieron su “no” al presupuesto de 2022. Trayendo estos ejemplos, tanto el concejal Jaime Cuartas como Lucas Cañas, próximo presidente de la corporación, al igual que Rivera, reiteran sobre la independencia del Concejo.
“Todos somos actores políticos y hablan del cuento de políticos tradicionales, pero yo estoy viendo políticos tradicionales en el Verde y el Centro Democrático, donde también hay alternativos. Para algunas cosas somos radicales y para otras somos flexibles para aliarnos y el discurso lo puede con todo”, comentó Cañas (Partido Conservador) en referencia a los acuerdos que concejales del uribismo y alternativos hicieron con base en la elección a la Mesa Directiva de 2022, punto que se abordará más adelante.
Para Dora Saldarriaga, de Estamos Listas, la preocupación sobre si hay acuerdos políticos debajo de la mesa o no se manifiesta en la rotación en cargos. La semana pasada, en un debate de control político que habló del tema compartió el dato de, al menos, 152 movimientos de secretarios, subsecretarios y directivos de todo el conglomerado público. “Gobernar con tantos partidos no genera confianza institucional, mucho menos un alcalde que no escucha al Concejo y que administra la ciudad desde Twitter. Y estas rotaciones desencadenan en afectación a la gestión y la respuesta estatal”, insistió Saldarriaga.
Uribismo, GEA y Quintero
Comenzamos este artículo hablando sobre las tensiones políticas y la polarización que vive la ciudad. Para el oficialismo, se trata de un ambiente enrarecido por cuenta de la disputa del uribismo, que perdió la Alcaldía con Alfredo Ramos, a quien las encuestas lo daban como el favorito y un sector empresarial que ha acompañado los gobiernos anteriores y que, a su juicio, han gozado de las mieles del poder a través de contratos y otros beneficios.
“Por supuesto hay tensiones políticas porque hubo una ruptura entre quienes pretendían que permaneciéramos en el pasado y los que creemos que Medellín debe abandonar viejas prácticas clientelares, abandonar el dominio de unos cuantos que tienen el interés de lucrarse de los recursos públicos y habían concretado la contratación de la ciudad. Me refiero puntualmente al Grupo Empresarial Antioquia (GEA). Estos personajes están incómodos, producto de que el alcalde Daniel Quintero y los independientes llegamos a patear el tablero y perdieron poder. Los cambios siempre causan molestias”, explicó el exconcejal Álex Flórez, que ahora aspira al Senado por el Pacto Histórico.
Todas las fuentes consultadas coincidieron en que los problemas de la ciudad no estaban resueltos, que el índice de progreso social está estancado desde hace años, que hay 14 sectores de la ciudad sin acceso al agua potable, pero, a la hora de pasar a la administración actual por el tablero, cuestionan lo que esta ha hecho por los sectores populares. Por ejemplo, de 2019 a 2020 se redujo el rubro para programas para la superación de pobreza, pero, claro, hay que entender que el año pasado fue excepcional para todos los gobiernos de todos los niveles del país y del mundo.
Planteada la visión de quienes acompañan a Quintero, aquí hay que traer de nuevo a colación a EPM e Hidroituango y, más que de las dos empresas, hablar de lo que se conoce como el “Modelo Medellín” que, para Luis Fernando Agudelo, de Medellín Cómo Vamos, no es un modelo sino unos rasgos de comportamiento de las relaciones estables entre lo público y privado, la focalización de la inversión en infraestructura pública y social en zonas históricamente abandonadas, gobiernos esencialmente tecnocráticos, relaciones estables del gobierno corporativo de EPM, independencia de los procesos de contratación local de la política nacional y el no uso del discurso de lucha de clases.
A este modelo o rasgos, otros le añaden la participación de la academia y sectores sociales y comunitarios en la gobernanza. Una fórmula que se fue tejiendo luego del desangramiento que vivió Medellín entre los 80 y 90, por cuenta del narcotráfico, cuando se veía un no futuro para la ciudad y cuando también se pensaron estrategias en lo nacional, como la Alta Consejería de Medellín que lideró María Emma Mejía, y que logró casi los mismos recursos que manejaba la capital antiqueña para ese entonces. Efectivamente, para todos algo está pasando con ese modelo, algunos dicen que está roto, otros que está aporreado.
“El modelo se rompió por el manejo del gobierno corporativo con Hidroituango, por entregarle lo público a unos privados, que convirtieron todo en un negocio. Los contratistas del proyecto son los mismos que han estado en EPM. Es solo mirar quiénes fueron los gerentes y miembros de la junta, que tienen relación con el GEA”, opinó el representante León Fredy Muñoz. En esa misma línea lo secunda el exconcejal Flórez: “Si estamos hablando del modelo de gobernanza pensado y ejecutado por Sergio Fajardo, que lo que hizo fue legitimar que los recursos de la ciudad se fueran a los bolsillos de mercenarios que le financiaban su campaña, me parece muy bien que se esté hablando de una ruptura. Hay descarados que pretenden salir a los medios a decir que en Medellín no pasaba nada, pero la realidad es que la ciudad es la segunda más desigual del país”.
Otros son más prudentes al hablar de dicho modelo. “La polarización, peleas y disputas han generado heridas, difíciles de sanar, pero no imposibles. Hay diferencias entre unos sectores, pero eso no quiere decir que todos estemos así. El modelo es más que eso, nosotros tenemos que trabajar con una visión de largo plazo”, comentó Jaime Cuartas. “Creo que sí hay una ruptura en el modelo, pero no es responsabilidad exclusiva del alcalde. También hay políticos con malas intenciones e intereses para que se dé el resquebrajamiento porque están concentrados en sus campañas y les interesa desprestigiar a unos y otros. Hay que buscar mecanismos para sanar las grietas y fisuras, porque hoy no está en riesgo Quintero, sino la ciudad”, señaló por su lado Cañas.
Los concejales de la oposición e independientes afirman y sostienen que hay una ruptura y que, para ellos, es muy preocupante para la ciudad y su crecimiento porque es la que está generando la crisis institucional y de peleas políticas que están por debajo en la escala de prioridades de la ciudad. Para Agudelo, “el alcalde capitalizó la crisis de EPM por Hidroituango y simplificó el supuesto modelo en el GEA y que este nos roba. Eso ha generado un quiebre en la confianza y de la institucionalidad alrededor de estos rasgos (modelo) que creíamos normales”.
Desde el Comité Intergremial en Antioquia, aseguran que una vez llegó Quintero a La Alpujarra las relaciones se congelaron. “Nosotros somos 34 gremios y cinco cámaras de comercio, trabajamos desde hace 25 años articulando el desarrollo de Medellín, Antioquia y el país, aportando a que la ciudad saliera de las épocas oscuras y lo hacíamos desde la independencia. En enero y febrero de 2020, el alcalde decide romper la relación y no trabajar con los gremios y empresarios antioqueños. Le he insistido y pedido en la necesidad de articularnos, pero su respuesta es que no se arrodilla ante los privados”, señaló Nicolás Posada, director del Comité en el departamento. Esto, según explica, les ha traído dificultades para acordar la reactivación económica de la ciudad y para seguir construyendo esos proyectos de ciudad.
No obstante, sectores como los de entretenimiento han mantenido una buena relación con la administración. “Nosotros somos un sector especial porque tenemos que cumplir una regulación adicional y estamos susceptibles a cambios en horarios o los dispositivos de seguridad, por ende, debemos procurar tener la mejor relación con el alcalde, venga de donde venga ideológicamente. Nuestras necesidades transcienden la política”, sostuvo Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia.
Lo que ocurrió con el Comité desencadenó en la ruptura del GEA con la Alcaldía, tras el anuncio de demanda por $9,9 billones a los contratistas de Hidroituango, en donde hay empresas del Grupo. Y llevó a la junta directiva a renunciar, porque fue una decisión no consultada. “Veíamos que el alcalde manejaba una doble agenda, la que nos exponía a nosotros y la que trabajaba con el gerente”, recordó Oswaldo Gómez, quien antes fue cercano a Quintero. Aunque ya se veían cambios en las vicepresidencias y en los requerimientos en los cargos, esto ahondó más la crisis en la empresa. “Esta administración desbordó cualquier expectativa de lo dañina. Nosotros nacimos hace casi 20 años cuando vimos amenazado el patrimonio público y la sostenibilidad de la empresa, durante la administración de Luis Pérez. Hoy las similitudes son grandes y los personas (Pérez y Quintero) son parecidos en el perjuicio que le están causando a EPM”, aseguró Ola Lucía Arango, presidenta del Sindicado de Profesionales. Aquí hay que hacer una acotación, porque sobre las cuotas políticas y cercanos al alcalde, las fuentes apuntaron también a Luis Pérez como cercano al alcalde.
Eso que ocurrió con la junta directiva fue resquebrajamiento del gobierno corporativo del que hablaba Agudelo más atrás. Para el concejal Simón Molina, del Centro Democrático, este fue el momento de inflexión para él porque, a su juicio, el alcalde se fue contra la institución. Para Alfredo Ramos, también del uribismo, las diferencias vienen de mucho más atrás, pero lo de la junta también fue un momento evidente, porque ellos han respaldado ese modelo y el aporte que las organizaciones del GEA han hecho a la ciudad.
“De manera intencionada, el alcalde y sus secretarios se han encargado de deslegitimar a gran parte del sector empresarial de Medellín y se han encargado de desmontar muchos de esos programas y proyectos que funcionaban en esa triada exitosa”, comentó Molina, poniendo como ejemplo EPM, Buen Comienzo, Ruta N, Jardín Botánico, Inder, Telemedellín y el Hospital General, donde se han cambiado más de una vez puestos directivos o se han entregado contratos, dijo, a empresas con vínculos políticos o hay indicios de corrupción. “Han intentado vender que el uribismo, fajardismo y el GEA son los que le han robado a la ciudad, pero es falso. Lo que está pasando en Medellín va más allá del uribismo”, insistió Ramos.
En eso concuerdan los concejales Daniel Duque y Daniel Carvahlo. “Hay una estrategia de reducir lo que está pasando en Medellín entre uribistas y antiuribistas, y nos catalogan de cercanos a Uribe, pero nunca hemos tenido una cercanía al partido del expresidente, solo nos oponemos a las formas como han venido gobernando la ciudad. El problema aquí no es ideológico, sino ético, nos quieren dividir entre buenos y malos, ricos y pobres, uribistas y antiuribistas”, destaca Carvahlo.
Para Duque, son varias las diferencias con el alcalde. Primero, el Plan de Desarrollo no se acomodó a las necesidades de pandemia, a su vez, este no aterrizaba los programas a proyectos, lo que hacía difícil el control de cumplimiento; crearon burocracia con 800 cargos nuevos que significan al año $4.500 millones; dio la orden de que el Esmad ingresara a la Universidad de Antioquia, en febrero de 2020, cuando en campaña se comprometió en no hacerlo; desfinanció al Jardín Botánico; financiaron medios de bodega a través de Telemedellín para enaltecer la figura del alcalde y criticar a sus opositores; ha hecho un uso del canal público de televisión como plataforma propagandística, hecho que ha alertado también la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); y entregaron contratos a empresas sin idoneidad. Esto, insistió Duque, sin contar con las tutelas de las que ha sido objeto para, dijo, limitar su ejercicio. “No hay nada más antidemocrático que lo que está haciendo, además de restringir las entrevistas con la prensa o pedir responder a preguntas por cuestionarios, sin oportunidad a contrapreguntar”, insistió.
Sobre los cuestionamientos por manejos de recursos e idoneidad en cargos, desde la veeduría Todos por Medellín también han puesto alarmas y han radicado denuncias. “Hay cinco procesos en Fiscalía, uno en Contraloría y también en Procuraduría y Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que hemos evidenciado es que hay procesos contraactuales y uso del conglomerado público para favorecer intereses privados”, comentó Piedad Patricia Restrepo. En este sentido, trajo a colación el caso de Buen Comienzo, en el que ya se han hecho denuncias y hay alcances fiscales. Aquí coinciden tres contratistas: Colombia Avanza, Impulsando mi país y Servicios y Entregas SAS, que comparten revisor fiscal y miembros de junta y que, a su vez, subcontratan los servicios finales para la atención de la primera infancia.
El meollo del asunto es que estas tres organizaciones, con supuestos vínculos con la casa Suárez Mira de Bello, hacen difícil el control fiscal, puesto que son empresas privadas que no responden ante la Contraloría. Lo mismo le han seguido la pista a los contratos que entregan al Inder que este, a su vez, los terceriza con Cyan y que ascienden a más de $20.000 millones. Estas situaciones, insisten, no es tema de uribistas, fajardistas y el GEA, sino de transparencia, buena gestión de los recursos públicos y respuesta a los programas.
Por eso, lo que pasó en la elección de Mesa Directiva en el Concejo, que se consideró una derrota más del uribismo ante Quintero pues cuatro concejales de la bancada no votaron por Simón Molina, a quien postularon por encima de los acuerdos de las mayorías, para los concejales de la oposición y la independencia lo que se reiteró fue un control del alcalde sobre las mayorías, especialmente sobre los cuarto cabildantes del Centro Democrático que no cumplieron el compromiso: Albert Corredor, Nataly Vélez, Lina García y Paulina Aguinaga, a quienes señalan de tener cuotas políticas dentro de la administración.
Con esto que pasó, se reitera la lectura de que Quintero, pese a autocatalogarse antiuribista, también gobierna con una parte de ese sector, incluso, unos se han atrevido a decir que con el ala del duquismo dentro del Centro Democrático. Y por eso cuestionan la impasibilidad del presidente Iván Duque con lo que ocurre en Medellín, especialmente con todo lo relacionado con Hidroituango, que compromete el 18% de la energía del país.
Sobre esta relación Quintero-Iván Duque, Oswaldo Gómez aseguró que se pudo haber fortalecido por lo de Electricaribe. “El Gobierno estaba encartado con Electricaribe y debía asegurar el préstamo de la electricidad en la región. EPM no estaba en condiciones para adquirir una parte de la empresa y llevar energía a otras partes, porque la mayor complejidad era Hidroituango. Sin embargo, la empresa compró a nada Electricaribe por muy poco y, al poco tiempo, Quintero aseguró la cofinanciación para el Metro de la 80. Ahí hubo una gabela”, comentó.
Las perspectivas a futuro para la ciudad
Lo que se viene para la ciudad a nivel del Concejo es la elección de contralor, un cargo trascendental para el control de Quintero y el manejo de los recursos públicos. Las preocupaciones recaen en cuanto a que el cabildo contrató al Tecnológico de Antioquia por encima de otras universidades con más trayectoria y programas más gruesos en derecho, usando el argumento de los costos. Piedad Patricia Restrepo recuerda que esta institución está en vilo por la decisión en segunda instancia de anular la elección de su rector, quien cuando fungió como secretario contrató los servicios del exconcejal Álex Flórez, a quien le asocian cercanía con el funcionario y, por ende, le revisten falta de independencia al Tecnológico para hacer los exámenes de competencias.
Además, vendrán otros proyectos de acuerdo que el alcalde prometió y que son de gran envergadura para el futuro de Medellín, como la enajenación de Tigo-Une o el cambio del objeto social de EPM. Igualmente, la ciudad está en vilo por la solicitud de revocatoria a Quintero. Los uribistas ven buen ambiente y posibilidad de que la Registraduría llame a las urnas, pero el hecho de que este mecanismo lo lideren simpatizantes y militantes del Centro Democrático lleva a que muchos vean que en cualquier escenario sea Quintero el que gane. “Si es revocado, se venderá como el mártir y, si no lo es, dirá que es el ave Fénix que nace de las cenizas cuando lo intentaron tumbar. Y eso le ayudaría, aún más, para sus intenciones nacionales. Porque de fondo, lo que leo, es que él se está graduando como el principal enemigo del uribismo ante una eventual caída de Gustavo Petro”, vaticinó la politóloga Lina Guisao, asegurando que la solución para la ciudad tampoco es que llegue alguien del Centro Democrático a gobernar.
Sobre las intenciones electorales para 2026, todos los consultados concuerdan que a eso se está concentrando Quintero y que sus propósitos trascienden Medellín. Y eso lo está haciendo, resalta Guisao, a costa de la ciudad y usando el discurso de la división y la ruptura con el sector empresarial. Una antesala, advierte Luis Fernando Agudelo, a que renazca el otro actor en la disputa del poder: los grupos ilegales de la ciudad, por las peleas entre sector empresarial y administración -los otros actores que controlan la ciudad- y la desconcentración de la administración en lo verdaderamente importante: cierre de brechas y desigualdades.
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