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Es día de El Espectador le explica. Mucha agua ha pasado por debajo del puente en cinco años, sí, pero hay una imagen que nos quedó grabada a muchos, una imagen que incluso fue captada semanas antes a la fecha definitiva: Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia; junto a Rodrigo Londoño, el último comandante en jefe de la guerrilla de las Farc, entrelazando sus manos, vestidos de blanco y con una vitrina internacional, incluido el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon, que les seguía cada movimiento. Era 26 de septiembre del 2016, ese día el país conoció el primer borrador del Acuerdo de paz con el que se tenía la esperanza de que el conflicto interno armado, que ya sumaba 52 años de sangre, violencia y horror, llegara a su fin. Seis días después el 50,2% de los colombianos que votó en el plebiscito para refrendar dicho acuerdo dijo “No”. El “Sí” había ganado mayoritariamente en zonas apartadas con altas tasas de violencia, el “No” lo hizo en los territorios más poblados con alta presencia del Estado. Un resultado que no solo sorprendió a nivel local, para muchos analistas internacionales era poco entendible, sin embargo, quedó claro que el cese al fuego se mantenía y el mismo Santos tuvo que salir a convocar el que llamó Gran Diálogo Nacional, tratando de llevar a la mayor cantidad de colombianos al mismo puerto, a un punto de encuentro. Y entonces el 24 de noviembre, con el apoyo de la mitad del país y la crítica de la otra mitad, en el Teatro Colón de Bogotá se firmó el acuerdo final. Justo este 24 de noviembre de 2021 se cumplen cinco años y por eso le pedimos a las redacciones de Colombia+20, Política y Judicial una serie de textos que nos ayudaran a entender qué ha pasado y por qué el equipo periodístico que no solo siguió la negociación en La Habana sino que ha cubierto estos 60 meses cree que se están cumpliendo “5 años de una paz fragmentada”. Comencemos.
“Llegó el momento, Santos y Timochenko le pusieron la firma a la paz”, tituló la sección Política quien nos contó que frente a más de 2.500 invitados incluidas víctimas del conflicto, presidentes de varios países, dirigentes políticos y medios de comunicación de todo el mundo, se decretaba “el fin de la guerra”. Los dos viejos rivales de armas, tras cuatro años de negociación, le ponían su rúbrica a un documento que serviría como hoja de ruta en la ejecución de todos los puntos acordados.
Pero la emoción de medio país se vio opacada por la decisión del otro medio, cuando el ‘No’ ganó en las urnas. El expresidente Uribe, quien lideró esa campaña, fue claro y concreto: “Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable”.
Vino el llamado Gran Diálogo Nacional, la firma del acuerdo en el Teatro Colón y se empezó a escribir esta parte de la historia, la del posacuerdo. ¿Cómo quedaba el partidor? La guerrilla más antigua de América Latina se convertía en partido político, unos 13 mil miembros de ese grupo dejaban las armas y entraba el sistema de justicia transicional a esclarecer más de medio siglo de guerra. Era claro que existía un temor latente: que quienes dejaban los fusiles volvieran al campo a empuñarlos. Registramos la que se llamó “la última marcha de las Farc”, donde contamos el cómo cerca de 6.000 hombres pasaban de la preconcentración hasta las zonas veredales transitorias.
Pero las cosas no salieron como muchos pensaban y en abril de 2018 la noticia corría por cuenta de la captura de uno de los líderes de la extinta guerrilla, contamos el papel de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con un desafío de peso: conocer e investigar lo ocurrido durante medio siglo de conflicto. Explicamos también qué eran los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el papel que jugaban las comunidades en en toda esta realidad.
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El Gobierno Duque, un crítico directo de los alcances del Acuerdo de paz, elevó una serie de objeciones a la ley estatutaria de la JEP, y por eso radicó en el Legislativo un documento de 46 páginas en las que explicaba detalladamente las razones. El mismo expresidente Uribe advirtió: “Queremos informar que el Centro Democrático tiene toda la disposición de buscar en el Congreso un acuerdo, del mayor nivel posible, de consenso, alrededor de un informe sobre las objeciones del señor presidente de la República. Vamos a trabajar el tema, fundamentalmente basados en argumentos, para contribuir a facilitar ese consenso”, expresó Uribe. Un proceso que dio mucho de qué hablar, no solo desde el ámbito jurídico sino político, pues incluso se habló del por qué era necesario defender a la Constitución.
Vinieron debates en el Congreso. Unos a favor de las objeciones, otros en contra. No había ganadores claros. El expediente, en medio de un ambiente tenso por presiones a magistrados -sospecha de retiro de visas de parte de EE. UU., posibles chuzadas y hasta amenazas-, llegó a la Corte Constitucional. El 26 de mayo de 2019, en voz de los magistrados Gloria Stela Ortíz y Antonio José Lizarazo, se dejó claro que en las votaciones en el Congreso se hundieron los reparos que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y que el paso a seguir era que el jefe de Estado sancionara la norma sin más demoras, nos contaba la sección Judicial.
Quienes confiaban en el proceso, seguían apostándole a la ejecución de lo negociado y firmado. Los críticos evidenciaban los vacíos y advertían, tras conocerse casos como el de Santrich (y su acusación de seguir delinquiendo), que no se trataba de ser enemigos de la paz sino de evidenciar realidades inocultables. Lamentablemente para el país, se confirmó el 29 de agosto del 2019 que Iván Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña volvían a la guerra. Márquez, quien había sido uno de los negociadores en La Habana, ya llevaba un año por fuera del Espacio Territorial y de Reincorporación de Miravalle (Caquetá).
La realidad del proceso cambió. Para octubre del 2019 terminaban las primeras elecciones regionales y locales en las que participó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. El balance, para ellos, fue negativo: “Ninguno de sus candidatos a las alcaldías fue elegido. Dos excombatientes conquistaron el cargo en Turbaco (Bolívar) y en Puerto Caicedo (Putumayo) a nombre de otros partidos políticos”, nos contaba la redacción de Colombia+20.
Reportamos no solo el regreso a las armas de algunos de los desmovilizados, también el asesinato de muchos que dejaron las armas y murieron a manos de ellas. Fuimos hasta la vereda Buenavista, a la Colombia rural donde se ha vivido la guerra, el conflicto, porque allí se construyó la ciudadela más grande del país para albergar a más de 1.200 exguerrilleros. En ese lugar se hizo el acto central de dejación de armas y en junio del 2020, a pesar de tantos asesinatos y amenazas, quedaban 162 que le seguían apostando a la paz.
Ya, terminando el 2020, los representantes de las Farc admitieron su responsabilidad en los asesinatos de Álvaro Gómez, del general Landazábal y de Jesús Antonio Bejarano, informaba Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Terminando octubre pidieron perdón por las “pescas milagrosas”, que no era nada distinto a secuestrar personas que se movilizaban por las carreteras de Colombia.
El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó en noviembre de 2013 el informe más completo que existe sobre el secuestro en Colombia. Allí, describen la masificación del secuestro, entre 1996 y 2000, como la tercera etapa de las Farc que se movía entre actos de guerra y diálogos de paz. “No sólo es clara la presencia de las FARC como el actor con mayor volumen de secuestros en este periodo, sino también el aumento de los niveles de violencia en Colombia. Se pasó de 4.354 secuestros en el Escalamiento a 13.548 en la fase de Masificación”, resaltó el informe.
Para el 24 de noviembre del 2020 hicimos una línea del tiempo de los cuatro años de la firma del Acuerdo. ¿Cuál era el balance? Un grupo de excomandantes se había rearmado, las curules para la paz para las víctimas se hundieron y ya eran 242 los exguerrilleros asesinados en el país. Los principales momentos de la implementación aparecen en este link.
Llegamos al 2021 con una cifra escalofriante: la JEP reportó 6402 víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008. Pero las cifras podrían ser más altas de acuerdo con organizaciones de víctimas, quienes dicen que estos delitos datan de los años ochenta. La redacción de Política nos recordaba que en 2017 las curules de paz se hundieron por un voto, en medio de un debate de mayorías absolutas en el Senado y ahora, cuatro años después, y tras una batalla jurídica, la Corte Constitucional las revivía.
En junio pasado Gloria Castrillón entrevistó a Íngrid Betancourt, quien destacó que los excombatientes reconocieran el crimen y el daño que hicieron, también los avances en la búsqueda de la verdad, habló de su defensa al Acuerdo de paz y le hizo un llamado a la sociedad a “desengatillarse”. Pero, sobre todo, le pidió al país no caer en la desesperanza.
Y entonces empezamos la serie de publicaciones en conmemoración a los cinco años de la firma del Acuerdo, incluyendo la voz de los líderes sociales, también asuntos tan delicados como los cultivos ilícitos y el paramilitarismo:
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Las postales que han dejado los cinco años del Acuerdo de Paz
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Los cinco reencuentros en vida con personas desaparecidas tras el Acuerdo de Paz
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Escuchar para sanar: una posibilidad que se abrió con la Comisión de la Verdad
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Las víctimas que aún no tienen espacio en la JEP
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(En cifras) problema de los cultivos de uso ilícito tras cinco años del Acuerdo
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La “coja” unidad de la Fiscalía para el desmonte del paramilitarismo
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¿Qué piensan de la paz los líderes sociales en el norte del Cauca?
Valentina Parada, del equipo de Colombia+20, visitó uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación más consolidados del país. ¿Cómo viven las mujeres excombatientes el regreso a la vida civil que comenzó hace cinco años? “Desde el Comité de Género lideran proyectos de sastrería, zapatería, producción de aceites esenciales, ganadería y agricultura”.
Natalia Tamayo nos contó cómo va el Estatuto de la oposición. Un adelanto: “En 2018, después de 27 años, el país saldó una deuda que dejó la Constitución de 1991. Todo gracias al Acuerdo de paz. Ángela María Robledo, quien ocupa una de las curules de la paz, fue directa: “No había sido posible encontrar un espacio político para desarrollar el Estatuto, porque en este país la oposición ha sido estigmatizada, eliminada y exterminada. Por lo que no se presentaba un momento político idóneo para cumplir con la Carta Política hasta que llegó el Acuerdo”.
Rodrigo Pardo se lanzó con este análisis para contestar una serie de preguntas muy coyunturales: “¿Qué se puede hacer para relanzar el proceso? ¿A alguien le interesa? ¿Qué efectos tendrá el debate electoral sobre la paz?” Pardo cree que “el balance sobre sus resultados es ambiguo. De una parte, las encuestas indican que la opinión pública es escéptica. En el debate electoral hay defensores del proceso —las fuerzas cercanas a Santos— y también críticos —próximos a Uribe—, pero no parece que el tema será clave en la competencia por el poder”.
Camilo Alzate nos contó que las emisoras de paz “son uno de los pocos compromisos del Acuerdo de La Habana que han avanzado en más del 50% de su implementación”. Por eso en este texto nos cuenta que “se han convertido en ejemplo de convivencia y reconciliación con un positivo impacto en las comunidades que más sufrieron el conflicto armado”.
Felipe García Altamar nos contó las ‘primiparadas’ que ha vivido el Partido Comunes en su llegada al Congreso. “La bancada se posesionó el 20 de julio de 2018. Desde entonces sus miembros ocupan las 10 curules otorgadas por el Acuerdo de paz (cinco en Senado y cinco en la Cámara), con excepción del asiento de Jesús Santrich, que se rearmó y murió en mayo de este año”.
María Alejandra Medina, desde la sección de Economía, nos alertó sobre el inventario de predios como un aspecto esencial para la inversión social y la resolución de conflictos. Sin embrago “este Gobierno se trazó la meta de dejar el 60 % de la información actualizada, pero hasta el momento la cifra apenas supera el 15 %”.
El equipo de Colombia+20 hizo un balance de PDET, que van a paso lento. “Al ritmo actual de inversión ($2 billones anuales), tomaría 39 años implementar por completo esos programas”, nos explicaron. Un de análisis de Jhenifer Mujica nos recuerda por qué el problema agrario no resuelto se considera una bomba social que ha sido causa, consecuencia y condición propicia para la persistencia del conflicto armado colombiano. Registramos la visita del secretario general de la ONU, quien vino a Colombia para visitar víctimas del conflicto, delegados del Gobierno y exaltos mandos de la guerrilla en su visita por la conmemoración de los cinco años del acuerdo.
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(En cifras) Los PDET cinco años después de la firma de la paz
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Las dos caras de los PDET en Urabá y Arauca
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Para sembrar la paz, hay que aflojar la tierra
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Cinco años del Acuerdo de Paz: secretario general de la ONU visita Colombia
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(En cifras) Participación política tras el Acuerdo de Paz
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(En cifras) La reincorporación de los excombatientes de las Farc
Esta semana nuestros colegas de la sección Judicial, José David Escobar y Felipe Morales Sierra,nos contaron que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía “ha tenido cinco directores en cuatro años de existencia”, pero “organizaciones sociales, verificadores del Acuerdo de Paz y hasta la JEP ven más lunares que asuntos destacables en su gestión”. ¿Por qué? En el texto que aparece en este link nos lo cuentan.
Para tratar de aterrizar todo este acuerdo en cifras y desde la participación política, la redacción Política nos cuenta que “se logró la conformación del partido Comunes que ya lleva un periodo legislativo, la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición y se revivieron las curules de paz para las víctimas. Aun así, los avances de este punto han sido limitados porque no se ha logrado la participación política de líderes y lideresas sociales”.
También, en el marco de estos cinco años, el exministro y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo soltó detalles tras radicar una Acción de cumplimiento ante el Tribunal de Cundinamarca por lo que, según él, ha sido la desidia del presidente Duque con la implementación de lo pactado en La Habana.
Entrevistamos a los dos protagonistas de aquella foto de la que hablamos al comienzo en este boletín, a Juan Manuel Santos quien advierte que “No pudieron hacer trizas el Acuerdo, aunque lo quisieron”, refiriéndose al ala política que criticó siempre la negociación y el Acuerdo, y también hablamos con Rodrigo Londoño, quien dice que “Este aniversario es casi un plebiscito de apoyo” Desde el Gobierno, Emilio Archila, consejero para la estabilización y reincorporación, también entregó su propio balance y dijo que Colombia va “por el camino correcto.
En este 24 de noviembre de 2021, cuando el país tenía su foco en todos los actos conmemorativos, vimos un apretón de manos entre el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos. “Tengo que reconocer que, gracias a Dios, el presidente Duque se montó en el tren de la paz, como hemos visto con mucha satisfacción últimamente”, dijo Santos. Por el lado de Duque, destacó que en procesos de paz pasados hubo un alto grado de impunidad pero que en los últimos se ha ajustado a una búsqueda de paz y justicia, nos relataba la sección de Política, quien cubrió el momento. Supimos también, desde el Gobierno, que el camino en las conversaciones de paz con el ELN ha vuelto a tomar forma.
Pero como el proceso y el Acuerdo mismo, este día también fue de contrastes. El mismo expresidente Álvaro Uribe escribió una carta para António Guterres con 26 críticas en contra del acuerdo suscrito entre el Estado y la antigua guerrilla. Todo, para Uribe, se puede resumir en esta frase: “Acuerdo de paz no ha habido”.
Muchos seguimos confiando en que algún día será posible vivir en paz y sin miedo en Colombia. Sabíamos que esto era un proceso largo pero que tendría valor si con él se evitaba que el país siguiera contando víctimas. Sucedió, pero el recrudecimiento de la violencia está en sus días. O meses. O incluso años. Por eso no hay que perder la esperanza. Tomando un poco de distancia, aquí están los logros y enemigos de la paz en Colombia, según António Guterres. Cinco años de una paz fragmentada se llama el especial de la redacción de El Espectador que reúne una veintena de contenidos periodísticos explicando los cinco puntos del Acuerdo, desde el análisis, con cifras y con las voces que desde el territorio anhelan la paz. Ese documento, completo, esta aquí. Seguimos con una deuda histórica en la tenencia y distribución de la tierra, de justicia, de reparación, pero sobre todo de reconciliación.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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