“Que no se pase por encima ni del Congreso ni de la Corte”: Alfonso Cajiao

En diálogo con El Espectador, el actual defensor encargado, Alfonso Cajiao Cabrera, explicó el papel que espera desempeñar la institución tras el compromiso de la guerrilla de desvincular a los menores de edad de sus filas. Asimismo, insistió en la necesidad de incrementar la pedagogía de los acuerdos de paz en la ciudadanía, especialmente en las regiones, y advirtió sobre sus preocupaciones por el papel que debe tener el Congreso de la República en el trámite de las iniciativas con las cuales se pretende blindar jurídicamente los acuerdos para el fin del conflicto.

Del anuncio que se hizo este fin de semana desde La Habana, sobre sacar a los menores de 15 años de las filas de las Farc, ¿qué va a pasar con los que tienen 15, 16 y 17 años?

Para la Defensoría del Pueblo es un enorme reto participar en un proceso como este y haber sido convocada a la mesa técnica para la entrega de los menores de edad que están vinculados a las Farc. Hay una distinción en derecho y de eso depende el tratamiento.

Siendo así, ¿cuál será la diferencia de tratamiento dependiendo de la edad?

Los menores de 15 años tendrán un retiro automático de las filas de las Farc, sin ningún tipo de responsabilidad penal en la ruta para su atención. En los otros, mayores de 15 y menores de 18, se hará una revisión particular de las condiciones propias de cada uno, para determinar en qué estado se encuentran los procesos y se determinará la búsqueda de medidas necesarias que incluirán amnistías o indultos, los cuales dependerán de la naturaleza de cada uno o de cada caso.

Y aquellos menores que no puedan ser amnistiados, ¿qué pasará con ellos?

Entrarán en la Jurisdicción para la Paz.

¿Saben en la Defensoría de cuántos niños estamos hablando?

No tenemos una cifra concreta para determinar en este momento. Una de las exigencias fundamentales de la Defensoría es la elaboración y el suministro de una base de datos de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las Farc, teniendo en cuenta sus características de edad, estado de salud y el lugar en donde fueron reclutados, porque puede haber muchos que nunca fueron reconocidos como ciudadanos.

¿A usted lo cogió por sorpresa este anuncio o ya tenía información y venía trabajando en el tema?

Nosotros veníamos manifestando a la mesa de diálogos nuestra preocupación sobre los derechos de los niños y en septiembre del año pasado entregamos un documento hablando al respecto. Conocíamos de las conversaciones, de una futura definición, pero usted sabe que la discreción nos obligaba a mantenernos a la espera de que se concretara la voluntad de la que ya teníamos conocimiento y unos acercamientos que ya se habían dado.

¿Qué opina del mecanismo que se anunció desde Cuba para blindar los acuerdos de paz en el aspecto jurídico?

Nosotros siempre hemos saludado todos los elementos que supongan avances para los acuerdos de paz. En este caso, creemos que es saludable su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano, pero antes de acudir a esos procedimientos de carácter legislativo es fundamental que los mecanismos democráticos de participación prevalezcan.

¿Eso qué quiere decir?

Que todas las garantías del Derecho Internacional Humanitario que se acuerden en La Habana, como la naturaleza de este acuerdo especial y el artículo tercero de los Convenios de Ginebra, tengan la finalidad de alcanzar una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no deben sustituir ni restar efectos jurídicos a la decisión popular.

¿Pero qué es particularmente lo que le preocupa?

Nos preocupa que se puedan debilitar los elementos de debate en el Congreso y en el control que debe hacer la Corte Constitucional. Vemos que las cosas avanzan, pero sí hemos registrado que hay algún grado de desinformación, porque esto polariza, genera ansiedad y provoca versiones que confunden.

Cuando usted dice que se le quita capacidad de maniobra al Congreso, ¿proponen entonces que se haga qué?

Que cuando se vayan desarrollando los acuerdos no se pase por encima ni del Congreso ni de la Corte Constitucional. Proponemos que haya debate dentro del Legislativo. Recuerde que el acuerdo dice que el Congreso no puede hacer modificaciones en torno del acuerdo y eso nos preocupa.

¿Es decir que desde la Defensoría creen que el Congreso debería tener la posibilidad de modificar algunas de las cosas del acuerdo?

Ello simplemente porque el Congreso es un órgano de debate, tiene que haber un entorno de discusión en esto que puede ser presentado por el Ejecutivo dentro de las relaciones que se tienen.

Le insisto, ¿usted cree que debería el Congreso poder tener mayor facultad que simplemente firmar en ese mecanismo expedito que se utilizará para reglamentar los acuerdos?

Estamos de acuerdo en que haya celeridad, pero no en que estos mecanismos por su velocidad le resten efectos jurídicos a la decisión popular. Eso es lo que nos preocupa.

¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de refrendación de los acuerdos?

Creemos firmemente que es el plebiscito, previo a una información contundente, porque estamos en mora de una campaña que dé a conocer las opciones y los acuerdos para que la gente llegue informada, no polarizada y desinformada.

¿Cuáles son los mecanismos que proponen para informar a la gente sobre los acuerdos?

Tenemos que reconocer que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo con la página de internet que se puede consultar. Pero falta más, porque cuando se habla con gente del común, ésta no tiene claridad de lo que está sucediendo. Es fundamental hacer un trabajo a nivel regional sobre qué es lo que se está discutiendo no sólo a nivel nacional. Las regiones van a tener un gran impacto y por eso es clave hacer un trabajo en el sector rural.

Ya que ha mencionado la polarización, el fin de semana aumentó el nivel de las declaraciones de un lado y otro, empezando por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué opina del tono que ha alcanzado la discusión?

Nosotros somos un órgano de control neutral y en esa medida el lenguaje tiene que ser ponderado y respetuoso. Creemos que las formas elementales de comunicación tienen que seguir gobernando el proceso de paz.

¿Usted hasta cuándo se queda?

En el equilibrio de poderes quedó estipulado que la Defensoría del Pueblo es de período, es decir, que el actual se acaba el 2 de septiembre de 2016. El encargo en el que estoy va hasta el 1° de este mes. Estoy en este cargo continuando un período, por ser el vicedefensor. La terna se presentará por parte del presidente después del 20 de julio.