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Antes de ser embajador en el corazón de la diplomacia internacional por los derechos humanos, Gustavo Gallón Giraldo fue un aguerrido defensor de víctimas por más de 35 años. Dirigió la Comisión Colombiana de Juristas desde su fundación en 1988 hasta su nombramiento como representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, en diciembre de 2022, y ayudó a que la comunidad internacional abriera los ojos frente a las más serias violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país en los años 80, 90 y 2000, cuando Colombia no aparecía en el radar porque no había tenido dictaduras militares, como otros lugares del cono sur. Hoy, desde la otra orilla, Gallón está convencido de que el Estado colombiano debe dejar atrás su mirada negacionista frente a estos graves delitos.
¿Qué opina sobre el concepto de varios relatores de Naciones Unidas que en Ginebra afirmaron recientemente que la Fiscalía ha violado derechos humanos en la acusación de los delitos de protesta de algunos ciudadanos durante las protestas de 2021?
El Gobierno ha expresado su preocupación por la detención de mucha gente sin razón o justificación en esas protestas. De tal manera, que ese pronunciamiento de la ONU coincide con lo que el Gobierno ha venido diciendo con relación a esos hechos, que fueron manejados por el gobierno de entonces de forma indebida.
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En ese sentido, ¿le hace algún llamado a la Fiscalía para que tenga en cuenta la posición de los relatores de Naciones Unidas?
Sí, creo que la Fiscalía debería considerar con mucha atención este comunicado, porque sí expresa una preocupación por las actividades judiciales, muchas de ellas adelantadas por la Fiscalía. Es cierto que a la Fiscalía le corresponde investigar actividades delictivas cuando esto ocurra, pero aquí los relatores del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas llaman la atención de que hay evidencias de irregularidades en el trámite de estas actividades de protesta.
El presidente Gustavo Petro ha expresado la necesidad de construir un nuevo paradigma en la lucha contra las drogas, ¿cómo ha recibido el concierto de naciones esa propuesta y cómo cree que es la disposición de este sistema para transformar ese paradigma?
En términos generales, el Consejo de Derechos Humanos ha visto y ha observado con interés y atención los planteamientos del Gobierno en esta materia que, por otra parte, coinciden y se basan en una comisión que existe aquí, que es la comisión global sobre política de drogas que tiene su sede en Ginebra. Esa comisión, además, tiene un informe específico sobre Colombia.
¿Cuál es la perspectiva de esta comisión?
Consiste principalmente en no criminalizar a los consumidores ni a los campesinos productores, sino desarrollar políticas económicas, sociales y de salud con ellos y reservar las medidas coercitivas para los grandes negociantes en esta materia, que son los que siempre escapan de la acción de la justicia. Ahora bien, el Consejo de Derechos Humanos no se ocupa directamente del tema de drogas, sino colateralmente, porque este tema lo trata más directamente Viena, en relación con Naciones Unidas, pero las reacciones que he visto de los países que se han expresado son de interés con el cambio de perspectiva que está buscando profundizar Colombia.
En otros momentos se ha referido a una política exterior de memoria y reivindicación de los exiliados colombianos, ¿en qué va eso?
Va caminando. El 10 de marzo empezamos con el primer acto de homenaje. Se seleccionó a Beatriz Gómez Pereáñez, diputada de la Unión Patriótica (UP), a quien le tocó salir de Colombia forzadamente en 1996, después de que le mataran a varios compañeros de su partido. Beatriz se radicó en Suiza, donde además realizó una actividad meritoria como profesora, escritora y poeta. Hicimos un acto reconociendo la responsabilidad del Estado colombiano por su salida y pensamos continuar haciendo esto con otras personas exiliadas. En lo posible y en la medida en que el tiempo y los medios nos lo permitan, pensamos hacer uno de estos reconocimientos cada mes. En Suiza hay muchos compatriotas exiliados, nos va a faltar es tiempo para terminar, pero creemos que, sobre todo, es un mensaje a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional de protección de los derechos humanos y de apoyo a quienes han sufrido ese desconocimiento de derechos durante tanto tiempo.
Comentaba anteriormente que los principales problemas de Colombia en su historia han sido la exclusión política, la violencia y la impunidad. Hoy, como parte del Gobierno, ¿cuáles son las perspectivas sobre estos temas?, entendiendo que la embajada que preside en Ginebra es el corazón de la diplomacia internacional sobre esos asuntos…
El Gobierno está desarrollando políticas orientadas en esa dirección. En relación con la violencia sociopolítica, la apuesta de la “paz total” va en esa dirección, sabemos que tiene dificultades, no es nada fácil, pero es claro que el Gobierno ha buscado esa prioridad para reducir el alto índice de violencia sociopolítica que hay en el país. Así como para descubrir y devolver los cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado, y en general con el tema de impunidad apoyar al Ministerio de Justicia y en especial a los mecanismos de justicia transicional: la Jurisdicción Especial para la Paz y las recomendaciones que dejó la Comisión de la Verdad.
¿Qué otras cosas rescata en esa dirección?
Que el Gobierno haya presentado en el Legislativo o desarrollado algunas actividades orientadas a reconocer la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, que no tenía la competencia para conocer de casos individuales, o que haya retirado unas reservas que se habían establecido en el pasado en relación con la Comisión para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También se presentó al Congreso la aprobación del Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura, que es un tratado complementario de la Convención contra la Tortura que crea un comité de visitas a cárceles sin previo aviso del Gobierno, con el objeto de verificar las condiciones de detención y especialmente prevenir y advertir, si es el caso, el uso de la tortura o prácticas que vayan en contra de las convenciones internacionales.
El proyecto de “paz total” del Gobierno incluye también a organizaciones dedicadas al narcotráfico, a estructuras sucesoras del paramilitarismo. ¿Cómo ha sentido el ambiente de apoyo en Ginebra con respecto al proyecto de la “paz total”?
Creo que la manifestación más explícita y más clara al respecto ha sido el informe del alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación en Colombia, quien expresó su apoyo y satisfacción por el hecho de que se busque una paz con los diversos grupos armados en Colombia, por supuesto, respetando los derechos de las víctimas y garantizando justicia, pero con la conciencia de que si no se logra superar la existencia de una actividad armada, organizada e ilícita en Colombia, pues no vamos a salir de esta situación adecuadamente.
Hablando precisamente del informe de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, sigue la preocupación por el asesinato de líderes sociales en todo el país, que no se detiene, ¿cómo ve ese asunto?
Esa es una de las principales preocupaciones del Gobierno, por eso para evitarlo y para superarlo se ha diseñado la política de “paz total”, y es de esperar que tenga resultados. Pero esto lo tenemos que superar. Esto no puede continuar así.
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También ha sido notable que, contrario a la tradición del Estado colombiano, este por primera vez está reconociendo internacionalmente responsabilidades, ¿cómo ve esta posición?
Es una política y es una actitud perfectamente consistente con la orientación del nuevo Gobierno, que es consciente de la grave situación de derechos humanos y de las responsabilidades que tiene y ha tenido el Estado colombiano en la generación de muchas de estas violaciones. Así que a mí me ha correspondido como embajador decirlo con todas las letras aquí en el Consejo de Derechos Humanos: reconocemos la responsabilidad del Estado y agradecemos el servicio que nos dan, al brindarnos análisis, diagnósticos y recomendaciones para mejorar en esos asuntos, en vez de polemizar con los informes y expertos de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. Eso es lo que hemos debido hacer siempre.
¿Qué se ganó en ese otro camino?
No se ganó nada porque, además, la verdad siempre sale a la luz. Es decir, Colombia no puede hacer como el avestruz, metiendo la cabeza en un hueco de la tierra creyendo que no pasa nada. No, en Colombia han pasado cosas muy graves en materia de derechos humanos y tenemos que superarlas, tenemos que solucionarlas. Y creo que esta actitud nos va a llevar allá con más seguridad que cualquier otra.
¿Qué otras prioridades tendrá su embajada este año?
Estamos explorando la posibilidad de que se realice la tercera Conferencia Mundial en Derechos Humanos en el país, y así lo anunció el presidente de la República en el video que envió en el primer día de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. La primera se realizó en Teherán en el 68 y dio lugar en el 69 a la adopción de la Convención sobre la Discriminación Racial, entre otros resultados. La segunda se realizó en Viena, 25 años después, y dio lugar a la creación de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros resultados. Y se consideró que 25 años después, aunque eso no quedó escrito en ninguna parte, se reuniría una tercera conferencia mundial, y llegó el 2018 y no se reunió, entonces, estamos indagando con los Estados la posibilidad de organizar esa tercera conferencia, porque hay muchas cosas que atender, especialmente la agilidad del funcionamiento de los organismos de Naciones Unidas de protección de derechos humanos.
¿Por qué?
Porque no se puede negar que en el Consejo de DD. HH. hay una tensión, una polarización muy fuerte que dificulta el análisis y el avance en el tratamiento de la situación de violaciones de derechos humanos en determinados países, y creo que eso por sí solo ameritaría la realización de una tercera conferencia.
Dennos más detalles para entender las tensiones que menciona…
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Pues que cuando hay situaciones de violaciones de derechos humanos, la actitud de los países implicados en ellas es la de rechazar las observaciones que se hagan en el Consejo de Derechos Humanos por parte de otros países, decir que son sesgadas, que obedecen a intereses de imposición, que son medidas coercitivas unilaterales y cosas por el estilo. Asuntos que, en mi modesta opinión, no tienen fundamento. Es muy fácil decir que detrás hay un interés de los países occidentales o de determinada potencia del mundo. Y entonces ahí se forman coaliciones, grupos y demás a favor y en contra. Y bueno, es muy tensionante. Este año es muy propicio para tener esa reflexión porque se celebran los 30 años de Viena, se celebran los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se van a conmemorar. Y entonces que la conmemoración, además de implicar soplar velas en torno a un pastel, pues nos permita la oportunidad de reflexionar sobre temas muy importantes en esa materia.
El estado de excepción y las condiciones carcelarias en El Salvador tuvieron hace poco un duro pronunciamiento del alto comisionado para los DD. HH. Se trata de la misma situación que derivó en un intercambio de mensajes entre el presidente Bukele y Petro ¿Va a haber algún pronunciamiento oficial de Colombia en Ginebra al respecto?
No, hasta el momento no he tenido instrucciones sobre eso.
*Enviada especial a Ginebra (Suiza).
Por Natalia Herrera Durán
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