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Quibdó, la capital del Chocó, estuvo entre los principales titulares de la prensa nacional hace dos meses largos, cuando se instaló allí un tercer piloto de negociación con bandas urbanas en el marco de la llamada paz total. Algunas de las organizaciones criminales de esa capital se comprometieron a dejar de matarse, al menos de forma temporal, mientras se buscaba alguna alternativa que derivara en su desarme y reincorporación civil.
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Y si bien Quibdó generalmente tiene repercusión en los otros 29 municipios chocoanos, hace pocas semanas la ecuación fue al revés. El ELN decretó el pasado 6 de noviembre un paro armado de 72 horas para, entre otras cosas, justificar los enfrentamientos que viene teniendo en ese departamento con el Clan del Golfo, otra organización criminal que se niega a soltar las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
Eso llevó a que se lanzara una alerta de posible desplazamiento de comunidades –en especial del Alto Baudó– que, generalmente, terminan buscando refugio en Quibdó, una ciudad de alrededor de 143.000 habitantes y de un índice de pobreza monetaria del 62,3 por ciento; eso se traduce en que seis de cada diez personas, aproximadamente, no tienen un sustento digno o estable; o una combinación de ambas ausencias.
Bajo ese panorama, al que se le debe sumar que la taza de desempleo juvenil está cerca del 33,2 por ciento –lo que hace a los menores quibdoseños presas fáciles de la criminalidad elena y de otras narcobandas de la ciudad–, es que El Espectador dialogó con quienes son los encargados de administrar una de las capitales más golpeadas por la guerra y la ilegalidad, y que muy de vez en cuando se vuelve un titular positivo a nivel nacional.
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En efecto, Martín Emilio Sánchez, un optómetra que con el aval del Partido Conservador lidera la Alcaldía de Quibdó hasta este 31 de diciembre, y Rafael ‘Teddy’ Bolaños, quien ganó ese cargo aupado por Alianza Verde y con 15.451 votos, coincidieron en la necesidad de la administración local tenga representación en los ejercicios de paz total que toquen con los intereses de la ciudad.
Es claro que la alcaldía tiene cierto grado de incidencia en el espacio de diálogo que se abrió en agosto con las narcobandas conocidas como Fuerzas Revolucionarias Mexicanas, RPS y Locos Yam, que agrupan a unos 600 jóvenes de Quibdó y que, tras comprometerse a dejar de matarse en los 195 barrios de la zona urbana de la ciudad y en los que tienen presencia, se logró una reducción de un 52 por ciento en los índices de asesinatos.
Pero en lo relacionado con la mesa que se tiene hace más de un año con el ELN, y de la cual no hay avances tan claros más allá de un cese al fuego que ha violado en repetidas ocasiones esa guerrilla –la más longeva del mundo–, no tiene una participación directa. Eso sí, comunidades chocoanas han sido reunidas para escuchar lo que se deriva de las conversaciones en espacios de participación ciudadana que se acordaron previamente entre las partes. No obstante, no hay delegados directos.
“Tenemos toda la intención de que los grupos al margen de la ley que operan en Quibdó puedan desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil. Vamos a poner todas las garantías de nuestra parte para que ellos puedan tener oportunidades laborales, académicas, tecnológicas, deportivas, culturales y, en fin, una oferta institucional amplia para que los jóvenes de Quibdó, no solamente los que están dentro de estos grupos, sino la población que está en riesgo, pueda tener grandes oportunidades”, aseguró el electo Bolaños.
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Y, a renglón seguido, precisó que por eso les hace una petición directa al presidente Gustavo Petro y a su comisionado de Paz, Danilo Rueda: “Que se nos permita estar en la mesa de diálogos con estos grupos. Fundamental, que la administración municipal haga parte de estos espacios y que pueda aportar en todo el proceso de paz total que se requiere”.
Bolaños advirtió que desde la institucionalidad de la alcaldía pueden ayudar a irrigar los acuerdos que se logren con ELN y las demás bandas en toda la ciudad, y al mismo tiempo que esos pactos de paz tengan incidencia y se extiendan por el grueso del departamento. Incluso, no se descarta que se dé un trabajo mancomunado con la gobernadora electa de Chocó, la liberal Nubia Carolina Córdoba, para concretar ese propósito.
En un sentido similar se pronunció el saliente Sánchez, quien añadió que el desplazamiento que se genera de regiones como el Alto Baudó hacia Quibdó hace que la realidad supere las estadísticas oficiales.
“Quibdó, en ese momento, alberga a más de 93.000 víctimas por desplazamiento. Y el DANE dice que Quibdó tiene unos 143.000 habitantes, pero eso no es verdad. Quibdó tiene más de 200.000 habitantes; o sea, recibe plata para atender 143.000 habitantes, pero resulta que está atendiendo a más de 200.000. Entonces, ninguna plata alcanza para satisfacer todas estas necesidades”, precisó Sánchez.
En otro aspecto que coincidieron el alcalde saliente y el entrante es que, según sus cálculos, más del 80 por ciento de la ciudad votó por el presidente Petro en 2022 y, salvo un consejo de seguridad en el segundo semestre del año pasado, no se le ha vuelto a ver por la ciudad.
De hecho, a mediados de octubre se tenía prevista su presencia en la ciudad, pero a última hora canceló en medio de mensajes contradictores, porque algunos de sus funcionarios dijeron que se quedó en Bogotá para sentar postura sobre la guerra entre Israel y Hamás, pero él salió unas horas después a decir que incumplió su cita por un golpe en una de sus rodillas.
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“El problema de orden público en la ciudad de Quibdó y en el departamento general ha estado siempre complicado, ha sido un tema bastante complejo”, dijo Sánchez. “Se están cerrando tantos negocios por cuenta de la extorsión y otros delitos que eso ya atenta contra la estabilidad económica de la población quibdoseña”, complementó Bolaños.
De hecho, en medio de esta radiografía que hicieron para El Espectador los dos líderes políticos, trascendió información directa de la Oficina del Comisionado de Paz que coincide con las alertas que ellos mismos lanzaron y que tiene en guardia a autoridades de diferentes índoles.
En efecto, en un informe remitido al Congreso y fechado del 30 de agosto pasado –al cual accedió este diario en su integridad– se advirtió que uno de los principales líos que tiene la paz total está en los constantes enfrentamientos se desatan entre los mismos grupos ilegales.
“Otro obstáculo de gran importancia es la existencia de confrontaciones armadas entre el ELN y otros grupos armados, como el Estado Mayor Central de las Farc-Ep (disidencias de alias Iván Mordisco), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), que genera afectaciones a la población civil. De este obstáculo, se deriva también otra dificultad, como es la ausencia de un cese multilateral al fuego entre distintos grupos armados”, dijo la Oficina del Comisionado en ese documento.
En todo caso, en Quibdó, según sus mandatarios, quieren una oportunidad distinta y que sobrepase una guerra que si bien de vez en cuando sale de los titulares de prensa, se mantiene en las calles de una ciudad que cada tanto ve cómo la sangre de sus jóvenes termina derramada por el tráfico de cocaína y armas, el robo y la extorsión, que son las principales fuentes de financiación de las narcobandas que los raptan. “No vamos a tolerar que eso siga ocurriendo”, enfatizó Bolaños.
Respuestas a la proposición de citación a debate de control político al Alto Comisionado para la Paz:
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