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Este martes circuló en el Congreso de la República la versión que apunta a que en el estudio de la prórroga de la ley de orden público se incluirán nuevas iniciativas.
Trascendió que en medio de la oposición del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado al actual proceso de paz, existe el temor de que los funcionarios que son parte de la delegación que adelanta la negociación con las Farc, puedan ser objeto de medidas disciplinarias.
Aunque judicialmente están blindados, estos delegados del Gobierno no cuentan con ningún tipo de amparo frente a las posibles medidas por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Consultado sobre el blindaje disciplinario a los negociadores, el senador Roy Barreras Montealegre dijo que aunque en principio en la ponencia no se ha contemplado esa idea, existe la posibilidad de extender la ley de orden público en ese sentido.
“Si resultara necesario fortalecer las facultades de los negociadores pues las fortaleceremos (…) si esa preocupación existe se puede reforzar aún más la protección de los negociadores (…) la ley es clara en proteger a los negociadores al reconocerles la facultad del Jefe de Estado para adelantar este tipo de negociación”, dijo.
Los negociadores nombrados por el Gobierno –según la ley– son una extensión de la facultad del presidente.
El exministro Humberto De la Calle es un contratista del Estado y por tanto no está bajo la órbita de las sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos. Sin embargo, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, sí puede ser sancionado por la Procuraduría.
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