Radiografía del caos penitenciario

Lo más preocupante es que, según la jefa de esa cartera, Ruth Stella Correa, no hay forma de solucionar los problemas en el corto plazo y por ahora sólo se podrán implementar medidas para tratar de paliar la crisis. Por eso, afirmó ayer en un debate de control político en el Congreso, se ha “desarrollado un plan que busca la redistribución del hacinamiento y, con el apoyo de las universidades y la Judicatura, la reducción del mismo a niveles tolerables. Los traslados se realizarán acogiendo principios de gravedad del delito cometido, las condiciones de seguridad, el riesgo que éste represente y los vínculos familiares”.

Medidas que están lejos de generar un cambio de fondo en la crisis actual. Al respecto el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, advirtió que hay un problema de fondo y es el exceso de medidas de privación de libertad: “Hay que revisar una serie de delitos que no ameritan cárcel. Esto ha generado demandas contra el Estado por cerca $200 billones, de personas que fueron detenidas y luego dejadas libres”.

La ministra Correa reconoció la gravedad de esta situación y la alta posibilidad de que se hagan efectivas estas pretensiones judiciales, al explicar que en la Sección Tercera del Consejo de Estado “hay 4.000 procesos pendientes de ser fallados por detención injusta, esta es una responsabilidad que parte del supuesto de que quien sea detenido y no sea condenado, tiene derecho a una indemnización”.

La prestación del servicio de salud para los reclusos es otro de los temas críticos. Según señala la mismo minjusticia, “Medicina Legal ha manifestado que no cuenta con capacidad, por falta de recurso humano suficiente, para hacer reconocimientos y diagnósticos sobre la verdadera situación de los enfermos al interior de las cárceles. De esta forma es difícil que los jueces ordenen la excarcelación”.

Para el defensor Otálora, basta con entrar a una cárcel para ver que “hay cuadripléjicos detenidos, pacientes con cáncer terminal, personas que necesitan diálisis y hasta los servicios más básicos de salud se prestan de forma deficiente”. La ministra Correa dijo que aunque se ha planteado suspender el convenio con Caprecom —la EPS que presta el servicio de salud a los internos—, esa medida tampoco sería la solución. “Cuando buscamos quién nos pueda prestar los servicios de salud, nos encontramos que la mayor parte de las EPS están siendo intervenidas. Las que no, no les interesa porque el valor que paga el Estado por cada recluso no alcanza para cubrir los altos costos de la atención”, afirmó, anunciando que se presentará una ley, con mensaje de urgencia, para crear un régimen especial cuya Unidad de Precio por Capitación sea mayor y se pueda prestar un buen servicio.

Tampoco hay un número suficiente de guardias del Inpec para manejar la población penitenciaria, que supera los 110.000 reclusos. En servicio activo hay 11.315 guardias, de los cuales el 27% no están en servicio de vigilancia por diferentes motivos. Eso quiere decir que sólo están disponibles 8.313, los cuales se dividen en turnos de 24 horas. O sea que hay sólo un guardia por cada 30 reclusos. Según el senador Juan Manuel Galán, “con estas cifras es un milagro que no haya ocurrido una tragedia en el país”.

Y aunque la solución está en la construcción de nuevos centros penitenciarios, la experiencia con las 10 cárceles que fueron construidas en el pasado gobierno es más que preocupante. Por ejemplo, en la cárcel de Jamundí, 444 cupos no son ocupados por problemas de desagües y fallas estructurales en las celdas; en Picaleña, 72 por fallas en el suministro de agua, riesgos de inundación, problemas eléctricos y daños en sistema de bombeo, y el caso más preocupante es el de Guaduas: 2.142 cupos no son utilizados porque el piso no es el adecuado, se pueden presentar inundaciones y no cuenta con cámaras de seguridad.