Radiografía social del Gobierno

Dicho argumento debe ser revisado con prudencia, considerando el esfuerzo que en materia social ha realizado el Gobierno Nacional, manifestado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, el cual contempla que el 56% del presupuesto nacional sea direccionado hacia inversión social.

En 2000, Colombia presentaba un deterioro progresivo de los principales indicadores sociales. Hoy por hoy se han hecho evidentes avances en términos de equidad y garantía de derechos. Según la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los índices de pobreza e indigencia han disminuido en 7,7 puntos y 2 puntos, respectivamente, logrando aumentar los ingresos reales de los más pobres.

Es así como el índice de Pobreza pasó de 53,7% en 2002 a 46% en 2008; mientras que el de Indigencia tuvo una variación de 19,7% en 2002 a 17,8% en 2008.

Para el Gobierno Nacional, la búsqueda de la equidad ha tenido como criterio el concepto de desarrollo humano. Es decir, procurar que se amplíen las capacidades y oportunidades de cada persona de manera participativa y sostenible. Para ello, se ha venido trabajando en promover el desarrollo de capacidades y acumulación de activos (capital físico, humano y social) en el interior de los segmentos de población más vulnerables a ciertas situaciones como la pobreza, desplazamientos forzados, violencia y presencia de cultivos ilícitos, caracterizada por deficiencias y/o carencias en el acceso de salud, educación, nutrición y oportunidades de generación de ingresos.

Como resultado de lo anterior, en el período 2002-2009, el número de afiliados al régimen subsidiado de salud aumentó en un 108%. Asimismo, la cobertura bruta en educación secundaria pasó de 84 al 101%, la media pasó del  57 a 75%. La cobertura bruta en educación superior se incrementó del 24 al 35%. Un avance importante en esta materia lo constituye la disminución de la tasa de desempleo (de un 15,8% en agosto de 2002 a un 11,5% en  octubre de 2009).

En este mismo orden de ideas, en el período 2002-2009, a través de la implementación del programa Familias en Acción se pasó de 220 mil familias atendidas a 2’900.000 familias en 2009. Uno de los impactos de este programa ha sido el incremento de la asistencia escolar en 13%, el cual ha contribuido a reducir la deserción en secundaria en un 6%, así como a garantizar mejores condiciones nutricionales y reducir las tasas de desnutrición en un 10%.

La asistencia a controles de salud se ha incrementado en un 32% y se aumentaron igualmente los niveles de vacunación de la población más pobre y vulnerable del Sisbén 1. Durante 2009 gracias a este programa 120 mil jóvenes obtuvieron su grado de educación media evitando de esta manera que pasaran a ser parte de la economía informal o a ser desempleados.

Asimismo con la implementación de la Red de Seguridad Alimentaria (Resa), más de 880 mil familias han desarrollado buenas prácticas de autoconsumo y hábitos alimentarios. Con el programa Mujeres Ahorradoras, más de 20 mil mujeres participan de formación financiera con enfoque de género, propiciando el ahorro de $4.500 millones por parte de ellas (2007-2009). En materia de Generación de Ingresos más de 280 mil familias han sido apoyadas para el desarrollo de sus proyectos.

Para Acción Social, cuando el autor indica que “Recuperar el crecimiento económico en una perspectiva incluyente, que era el mayor de los retos, no se logró y ni siquiera se intentó”, incurre en una abierta inexactitud, pues, por el contrario, existen programas específicamente diseñados para tal fin. Como muestra de ello, se debe destacar la implementación de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema, Red Juntos a partir de 2006, la cual constituye un nuevo modelo de gestión social en la promoción de la equidad y la inclusión social, a través del acceso preferente de las familias en situación de extrema pobreza y desplazadas por la violencia.

La Red Juntos ha buscado articular la oferta de servicios incentivando la construcción de capacidades que promuevan el desarrollo humano, generando oportunidades para la acumulación de activos físicos, propiciando la participación de amplios sectores y, sobre todo, basándose en el principio de la corresponsabilidad. Hoy más de un millón de familias cuenta con acompañamiento social y familiar en 1.002 municipios del país, permitiendo la cualificación de la demanda para aumentar la efectividad de la oferta institucional.

En materia de protección de derechos, durante el período 2002-2009, el Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos en el diseño e implementación de políticas para la atención a familias en situación de desplazamiento forzado y víctimas de la violencia. En ese sentido, se puede decir que más de 80 mil familias han sido apoyadas con ayudas solidarias entre 2 a 40 salarios mínimos mensuales. Adicionalmente, más de 400 mil familias desplazadas han recibido asistencia humanitaria y más de 90 mil familias son beneficiarias de subsidios de vivienda. Los derechos de propiedad de más de 3’400.000 hectáreas han sido protegidos y más de 64 mil hectáreas se mantienen libres de cultivos ilícitos de manera voluntaria.

Reflejo de todo lo anterior, lo constituye el Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas del presente año, que señala que Colombia experimentó un salto hacia arriba en más de tres posiciones, correspondiente al grupo de países con desarrollo humano alto. Igualmente, los efectos actuales de la crisis económica mundial en las familias colombianas más vulnerables, no han alcanzado niveles tan dramáticos como los soportados en los años noventa. Esto se debe a la creación de programas sociales que sirvieron como soporte y ofrecieron herramientas de contención y mantenimiento del gasto para estas familias. Esto se debe sumar al aumento de coberturas sociales, las cuales contribuyeron para que estas familias se enfrentaran a esta nueva crisis en condiciones más favorables.

 * Director de Acción Social