Reacciones al acuerdo entre el Gobierno y las Farc

En este sentido, aunque el acuerdo habla de penas privativas de la libertad, el expresidente Álvaro Uribe manifestó, en un comunicado, que “el Gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus crímenes. Para los cabecillas se mencionan trabajos sociales, restricciones, pero no cárcel”.

El exmandatario criticó la igualación de la Fuerza Pública con el terrorismo, que no se excluya al narcotráfico como conexo del delito político y que se acepte “abrir a los terroristas” las posibilidades de participación en política. Y llamó la atención porque, según enfatizó, “el Gobierno no ha exigido entrega del dinero para reparar a los víctimas y aceptó la palabra ‘dejación’ de armas, que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera”.

Por su parte, aunque ha tenido posturas críticas frente al proceso de paz, el expresidente Andrés Pastrana reconoció que el acuerdo apunta a la no impunidad: “Recibimos la noticia de la creación de la jurisdicción especial para la paz para aplicar la nueva justicia restaurativa como un avance que no se puede desconocer. Es importante resaltar la decisión de no amnistiar ni indultar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

Pero también fue crítico al señalar que “no resulta fácil aceptar que nuestros soldados y policías sean tratados de la misma forma y con los mismos parámetros que quienes asesinaron, secuestraron y causaron tanto dolor. También queda la duda acerca de la puerta que al parecer se abre para convertir el delito principal del narcotráfico en un delito conexo”.

Con algo de escepticismo, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que “sin perjuicio de que el acuerdo contempla esfuerzos para promover la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, lo cierto es que éste permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión. Es difícil imaginar que esta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio en la Corte Constitucional o en la Corte Penal Internacional”.

Desde el Congreso, el senador Armando Benedetti, dijo que “es emocionante escuchar al presidente Santos y a Timochenko hablar de consensos, de cómo reparar y restituir a cada una de las víctimas”, mientras que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que “lo que hace el presidente Santos con los comandantes de las Farc es quizás instaurar una era de paz, pero es como el cascarón de un huevo. El contenido va a depender de que realmente en Colombia se construya justicia social. Lo que está por delante es lo más difícil y no es cómo se firma un acuerdo entre armados, sino cómo los desarmados logran construir una Colombia más justa”.