‘Rebelión’ de la Comisión de Acusaciones frente a fallo del Consejo de Estado

Explicó que un fallo es de un organismo de carácter jurisdiccional, a través de una sala de conjueces (del Consejo Superior de la Judicatura) que deja esa competencia en la comisión, y otra del Consejo de Estado que dice en materia administrativa, que lo asemeja en materia fiscal, que la competencia debe estar en la Contraloría General”.

Por eso, se declaró a la espera que le sea aclarado a la comisión, cuál de los dos fallos de las Cortes debe asumir la comisión de Acusaciones.

«Vamos a esperar la decisión de la Sala Plena porque el fallo consultivo debe ser analizado por la plenaria de ese Alto Tribunal. Y vamos a esperar si se interponen algunas acciones de tutela de personas que puedan ver vulnerados sus derechos por esa decisión de la sala de consulta», aseguró en diálogo con los periodistas.

Señaló que «sólo hasta que se tome una decisión en firme estudiaremos el tema, pero por el momento la investigación siga su curso, aunque daremos un plazo prudencial para definir el futuro del proceso».

«Nosotros no interpondremos una tutela porque a la Comisión de Acusación no se le ha vulnerado ningún derecho, pero existe esa opción para las personas que consideren que se le violan sus derechos con el cambio de competencia», agregó.

Contraloría investigará a magistrados por el carrusel de las pensiones

La Sala de Consulta del Consejo de Estado determinó que la Contraloría General si puede investigar a los magistrados de las altas cortes en el llamado proceso por el carrusel de las pensiones.

El Consejo de Estado falló a favor de la contralora general de la República, Sandra Morelli, contrariando el fallo de los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, que le quitó la competencia para investigar a magistrados.

En este concepto, el alto tribunal consideró que las investigaciones a magistrados por irregularidades en el pago de pensiones son de naturaleza administrativa, que le competen al organismo de control fiscal.

En el fallo de obligatorio cumplimiento se indica que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene que entregarle nuevamente los procesos a la Contralora General.

La Contraloría venía investigando a los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Pedro Alonso Sanabria por su presunta participación en el detrimento patrimonial con el nombramiento irregular de magistrados auxiliares con el fin de aumentar su pensión.

“En este momento la señora contralora tiene el deber jurídico, no es si quiere, de seguir adelante con las investigaciones y concluirlas. Como son competencias administrativas una vez finalizado el control fiscal las decisiones por orden constitucional tienen control judicial ante lo contencioso administrativo”, aclaró el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren.