Rechazan proyecto de despenalización de cultivos

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro señaló que la ejecución de la ley generaría una desarticulación en materia penal y que el proyecto desconoce los lineamientos jurídicos sobre el tema. “La política criminal debe ser integral y no puede cambiar las conductas que deben ser objeto de sanción penal. No es el instante de anticipar un conjunto de normas en este camino (…) esto no se puede trabajar como el llanero solitario”, expresó Esguerra.

Agregó que “la política criminal del país debe ser integral” y que las normas penales “deben verse con visión de Estado y no con el apasionamiento” que se da en el juzgamiento de este tipo de conductas.

Por su parte, el representante a la Cámara y autor del proyecto, Hugo Velásquez Jaramillo, defendió la propuesta apelando a que los llamados raspachines son en su mayoría colonos, campesinos pobres y agricultores forzados al trabajo de cultivos ilícitos ante el desamparo del Gobierno central.

“Allí hay toda una actividad apenas de supervivencia. Yo no conozco el primer narco-cultivador que se haya enriquecido. Apenas si consigue con qué sobrevivir”, explicó el legislador. También destacó que “sobre los narco-cultivadores ha recaído casi que toda la acción de la justicia. Las penas que se les imponen al que cultiva son similares a los que trafican”.

Pese a la negativa del Gobierno y desde la Fiscalía, los congresistas señalaron que la discusión sobre el tema es necesaria y válida, teniendo en cuenta el impacto social de los cultivos en la población rural. Según el representante Alfonso Prada, “es un debate social que hay que dejarlo en esa dimensión, pero esta iniciativa hace parte de una debate mayor que es el de la legalización de las drogas. No creo que se puedan ir legalizando pedazos de la cadena productiva en la producción de drogas”.

De acuerdo con el proyecto, los departamentos más afectados por los cultivos ilícitos son Meta, Guaviare, Vichada y en menor proporción Caquetá, Guainía y Putumayo.

Entre los puntos más sólidos que encierra la iniciativa se encuentran:

* Descongestión judicial y carcelaria, ya que son los cultivadores, raspachines y sus familias los que ocupan la mayor dedicación del aparato judicial y carcelario.

* Se desestimula el desplazamiento de las áreas cultivadas que por buscar clandestinidad terminan por favorecer la tala de selvas y bosques, propiciando escenarios que se aprovechan por los actores armados.

* Se acaba con una de las fuentes de corrupción de autoridades de policía locales.

* La agricultura lícita se abarata ya que hay algunos combustibles como el ACPM, y ciertos abonos, pesticidas y fungicidas necesarios para cultivos legales, que son restringidos so pretexto de que se destinarían al narcocultivo, lo que también sirve de aliciente a la corrupción.