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La radicación de proyectos de ley que buscan rebajar el salario de los legisladores no es cosa de este Congreso. En varias ocasiones se ha dado la pelea y nunca ha prosperado por falta de voluntad política o por una serie de impedimentos y discusiones legales que terminan hundiendo las propuestas en las cámaras o en la Corte Constitucional.
Actualmente en el Congreso hacen trámite cuatro proyectos de ley que buscan hacer una reducción salarial. Sin embargo, los más visibles han sido el de Jonathan Pulido (Alianza Verde), más conocido como Jota Pe Hernández, y el que fue presentado en julio de este año por la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) y por los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar (Pacto Histórico).
Este último se trata de un acto legislativo que pretende reformar otras dinámicas del Congreso como limitar la reelección indefinida, reducir el periodo de receso legislativo y disminuir el salario con un límite de 25 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). Recordemos que actualmente la mensualidad de los legisladores es de poco más de $35 millones, según el reajuste consignado en el Decreto 1546 de 2022, firmado por el expresidente Iván Duque.
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Frente a esto la discusión se enfoca en la posibilidad real de que esos proyectos sean sancionados, así como cuál es la razón de fondo para reducir el salario: ¿Se trata de una pantalla para algunos congresistas o es necesario y posible? De acuerdo con el senador Humberto de la Calle (Centro Esperanza), “esta no es una gran reforma política que vaya a cambiar las costumbres de los congresistas, pero sí incide en la búsqueda de la recuperación de la confianza del Congreso”.
En esto coincide Iván Jiménez, profesor especialista en derecho laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, quien señala que “aunque todos quisiéramos que los congresistas ganen igual que cualquier ciudadano de a pie, una disminución del salario no liberaría grandes recursos. Es una propuesta de compromiso con la ciudadanía y de lo que se prometió en campaña; más que nada es un gesto de transparencia”.
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¿Por qué no se han podido reducir los salarios?
Para la representante Juvinao, quien también fue criticada por decir que la disminución debería hacerse efectiva en 2026 y no de forma inmediata, “el primer reto es revisar todas las iniciativas en curso y mirar si podemos unir esfuerzos y voluntad política entre los distintos partidos para viabilizar una de esas propuestas, en el entendido de que 14 veces antes se ha frustrado”.
El argumento más fuerte en contra de la modificación de la asignación salarial han sido los “derechos adquiridos”. Según lo ha señalado la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), “el problema es que cualquier congresista puede demandar y la rebaja se va a caer, porque cuando un legislador es elegido queda con las prerrogativas y las medidas laborales establecidas”.
Respecto a eso, la ley 4 de 1992, que fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, dice que para la determinación de ese salario “el Gobierno Nacional tendrá en cuenta (…) el respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales”.
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Sin embargo, para el profesor Jiménez, la discusión realmente no estaría alrededor de los derechos adquiridos, pues los congresistas pueden hacer una modificación constitucional, lo que sería superior. Para el experto, la discusión en la Corte Constitucional realmente puede girar alrededor de la “regresividad”, una prohibición de tipo constitucional que no permite tener normas regresivas, es decir, que disminuyen derechos.
Adicionalmente, “el salario solo se vuelve un derecho adquirido cuando se cumple con los requisitos para obtenerlo, es decir, cuando se trabaja. Que te paguen casi $40 millones es una expectativa, puede ser legítima, pero si dejas de trabajar pierdes ese derecho”, señala el experto. Igualmente, el senador De la Calle también dijo que “este no es un caso de derechos adquiridos, sino de una estructura de derecho administrativo que genera expectativas”
De manera que, aunque sí tendría que darse una gran discusión alrededor de ese tema, existen las vías jurídicas que permiten superar ese debate. “Tú no adquiriste el derecho a que te pagaran el salario de los siguientes veinte años, adquiriste que cada mes que trabajes te paguen, de ahí en adelante, eventualmente, la ley lo puede modificar”, dice Jiménez, quien además señala que, para otros casos ha habido leyes regresivas como la que hizo una disminución sobre el recargo nocturno o la que eliminó el derecho pensional al reconocimiento y pago de la mesada 14 a través de una reforma constitucional.
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Por ende, hay coincidencia en que la mejor vía es una modificación al artículo 187 de la Constitución Política, que no solo ponga un tope al pago mensual, sino que también reforme otras condiciones que impiden la viabilidad de la disminución, tal como lo establecido en la ley de régimen salarial que indica que “ningún funcionario tendrá una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso Nacional”.
Precisamente, otro de los impedimentos ha sido que, si se disminuye el salario de los congresistas, también tendría que reducir el de otros funcionarios públicos, sin embargo, con la reforma a la Constitución se podría separar la fijación y dar solución a ese debate. Mientras eso pasa, como lo señala Juvinao, pueden discutirse otras propuestas para hacer una reducción inmediata y que no sea hasta 2026.
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Otras propuestas para rebajar el salario del Congreso
“Estamos convencidos de que la manera de viabilizar la reducción es a través de una mesa de diálogo; ya tuvimos una primera reunión en donde estuvimos representantes del Pacto Histórico, del Centro Democrático, de la Alianza Verde y de la Liga Anticorrupción. Vamos a ir por la segunda reunión porque no nos podemos quedar con propuestas individuales. Esperamos que en dos o tres semanas tengamos un consenso para presentarlo a la ciudadanía”, cuenta Juvinao.
Precisamente, en una de estas mesas de diálogo salieron dos nuevas propuestas: la primera es “tomar la alternativa del Centro Democrático, que busca la reducción del salario a través de un ‘impuesto solidario’, como ellos lo llaman, del 20 %. La idea es meter ese impuesto a través de la reforma tributaria, para que se apruebe rápido. Nuestra expectativa es que si metemos el impuesto por ahí pueda pasar y sea de aplicación inmediata”, señala la representante de Alianza Verde.
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Y la segunda iniciativa sería la que fue hecha durante una mesa técnica, realizada el pasado mes de agosto en la Comisión Primera de Cámara por el profesor y jurista Rodrigo Uprimmy, quien sugiere la implementación de un “régimen transitorio renunciable”, lo que permitiría que “los congresistas que se quieran acoger a ello de forma inmediata, renuncien a su salario de manera voluntaria”, dice.
De acuerdo con Jiménez, “la lectura políticamente más viable es la de Uprimmy porque se sale de todas las discusiones sobre regresividad, derechos adquiridos, entre otros. Pero, también sería interesante revisar la forma en la de le pagan a los concejales, pues se paga por jornada asistida lo que figura un mayor compromiso del legislador. De nada sirve bajar el salario si siguen durmiendo y en inasistencia”.
Por Laura Duarte Sandoval
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