Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convirtió en un “tribunal de impunidad”, al otorgarle a “Jesús Santrich” la garantía de no extradición, y que Colombia está sumido hoy en una profunda degradación moral y una crisis de justicia que obliga a tomar medidas radicales, es el argumento que expresan algunos sectores del uribismo para justificar la propuesta de una asamblea constituyente. Un tema recurrente en los últimos años en el país, cada que fracasa en el Congreso algún proyecto de reformar la Rama Judicial. Solo que esta vez de lo que se trata es de cambiar el sistema de justicia transicional creado al amparo de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ya desmovilizada guerrilla de las Farc.
La idea no es nueva. De hecho, tras el atropellado trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP en el Capitolio, se escucharon voces que hablaban también de constituyente. La senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, ambos del Centro Democrático, plantearon incluso un referendo, dijeron que iban a empezar a recoger firmas y hasta propusieron las preguntas que se le harían a los colombianos: “¿Usted cree que si un beneficiario del Acuerdo de Paz delinque debe pasar a la justicia ordinaria, sí o no? ¿Usted cree que un beneficiario que trafique coca debe ser extraditado a los Estados Unidos, sí o no? ¿Usted cree que los violadores de niños deben estar en la justicia ordinaria, sí o no?”.
Lea más: Centro Democrático considera que JEP debe ser derogada.
A su vez, el senador Ernesto Macías, presidente del Congreso y también militante del Centro Democrático, escribió en su cuenta de Twitter que, ante la imposibilidad de tramitar reformas estructurales y relevantes para el país, el presidente Iván Duque “no debe descartar la convocatoria a una constituyente”. Se refería, por supuesto, a las reformas política, a la justicia y a los acuerdos de paz de La Habana. Eso sí, le tocó después aclarar que nada había sido consultado con la Casa de Nariño y que todo era de su propia cosecha. Y voces de los sectores más radicales del uribismo, como la del senador Fernando Araújo, son más extremas: “Para los que creen que lo de la JEP ya tocó fondo, por la no extradición y pedido de libertad de “Santrich”, les digo que no ha tocado fondo. Primero exoneran a las Farc pero después vienen por el establecimiento y las Fuerzas Militares”, trinó.
En la otra orilla, mientras tanto, se escuchan llamados a la cordura, como el del senador Roy Barreras, del Partido de la U y uno de los acérrimos defensores de la paz, quien cree que se trata de una estrategia con intereses políticos de fondo, que, sin duda, apuntarían a desmontar las bases del Acuerdo de Paz. El congresista prefiere hacer un llamado a la sensatez, la tranquilidad y la institucionalidad, y a evitar caer en la falacia de que las instituciones están en crisis por cuenta de la decisión de la JEP sobre “Santrich”. “Son decisiones judiciales que deben ser acatadas y respetadas. De ellas no puede hacerse ni crisis ni material para hacer política. Los defensores de la paz de Colombia no somos defensores de “Santrich” ni de ningún guerrillero, somos defensores de la seguridad jurídica necesaria para que esa paz no se eche a perder”, enfatizó.
Ahora, el mensaje de crisis no es solo del uribismo. En un comunicado público, el Partido Conservador aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz, con la decisión adoptada en el caso de “Santrich”, “demostró que es inviable en las condiciones actuales. La JEP se suicidó. Por ello se requiere convocar a los países garantes para reformar de forma inmediata los excesos que viene cometiendo”. Y, en este sentido, expresó que el jefe de Estado debe proponer mecanismos como el referendo, que reformen el funcionamiento de la justicia transicional, “de tal forma que se ajuste al querer de los colombianos”.
También: Duque convoca a partidos para que acompañen reformas a la extradición.
Siempre se ha dicho que las constituyentes son un salto vacío, pues si bien se sabe cómo comienzan, es impredecible cómo terminan. Y en un país tan polarizado, no cabe duda que tratar de impulsar ese mecanismo con el único objetivo de reformar el sistema de justicia transicional, por cierto, avalado por la comunidad internacional y por organizaciones como las mismas Naciones Unidas, sería un pésimo mensaje. Ya en el Congreso se tramita un acto legislativo, propuesto por el gobierno Duque, que apunta a excluir los delitos sexuales contra menores de edad de la justicia transicional. Y están anunciados otros dos: la pérdida de beneficios para quienes reincidan en actos delictivos y que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1° de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la justicia ordinaria. Asuntos, dicen quienes participaron en los acuerdos de La Habana, que ya están incluidos en los textos firmados. Ahora falta ver si Duque se le monta a la idea de la constituyente.
Conoce más